La tasa turística en Cataluña y Baleares: 197 millones en ingresos y más viajeros hasta la covid

VALÈNCIA. La propuesta volvió a emerger como lo que parecía una de las grandes exigencias de los próximos presupuestos autonómicos y parece que terminará, un año más, debatiéndose en Les Corts. La conocida como tasa turística, un impuesto a aplicar en el precio de las pernoctaciones hoteleras, tiene en Unides Podem y Compromís a sus principales valedores, pero el PSPV contempla la idea de retrasarla y tanto la oposición como los empresarios se muestran frontalmente en contra. Este mismo jueves la síndica de Unides Podem, Pilar Lima, aludía otra vez a esta iniciativa que, en 2019, dejó más de 65 millones de ingresos en Cataluña y 131,6 millones en Baleares, las dos únicas regiones en España que la han aplicado.

Son dos cifras que se extraen de la última liquidación de los presupuestos autonómicos publicada por el Ministerio de Hacienda, y que hasta entonces habían aumentado de forma constante debido, principalmente, a dos factores: la modificación al alza del impuesto y la llegada de cada vez más turistas. El tributo, por tanto, no habría provocado un retroceso en la llegada de viajeros a estos territorios, y estudios como el publicado en 2017 por los economistas catalanes tampoco pudieron demostrar que la tasa ralentizara su crecimiento. No obstante, la pandemia añade un nuevo elemento al debate, puesto que todos los actores salvo Compromís y Podem defienden, en mayor o menor medida, que los esfuerzos se centren ahora exclusivamente en promover la recuperación del sector turístico.

Las empresas vinculadas al turismo en Cataluña también se pronunciaron en términos parecidos ante la última subida de la tasa este octubre y el temor de que, ahora sí, ello desincentive la llegada de visitantes. No obstante, en los años anteriores a la pandemia el aumento de los viajeros que se alojaron en establecimientos hoteleros catalanes llegó incluso a situarse por encima de la media estatal en 2016 y 2019, del mismo modo que en Baleares lo hizo también en dos ocasiones. Hasta la llegada del virus, la última vez que cayó el volumen de viajeros llegados a locales hoteleros de Cataluña fue, de hecho, en 2012, cuando la llamada tasa turística solo llevaba meses de recorrido, pues entró en vigor en noviembre de ese año.

Desde 2013, cuando el montante generado por el impuesto apareció por primera vez en la liquidación de los presupuestos que ofrece Hacienda, las arcas catalanas han obtenido un total de 346 millones de euros que sirven, entre otras cuestiones y según la Generalitat, para financiar políticas de fomento del turismo y garantizar su sostenibilidad. Ese primer año se ingresaron 35,5 millones de euros, mientras que en 2019 ya fueron 65,6 millones, cerca del doble. Desde este mes de octubre, la tasa catalana puede alcanzar, en función del tipo de establecimiento y su localización, los 4,25 euros de máximo.

Por su parte, en Baleares la tasa turística ha recaudado unos 342 millones de euros, aunque en mucho menos tiempo. La cantidad ingresada ha pasado así de los 34 millones de 2016 a los 131,6 millones de 2019. Allí, el denominado Impuesto del Turismo Sostenible se destina, según el Gobierno balear, a “realizar inversiones importantes con el fin de compensar el impacto territorial y medioambiental del turismo en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera”. Entre los proyectos realizados con este tributo se encuentran la adquisición de fincas rústicas, la promoción de la agricultura ecológica o la realización de campañas de información y vigilancia en espacios protegidos. En esta región, el máximo a abonar con la tasa son 4 euros en hoteles de lujo.

Gasto en alojamiento

Este impuesto, que está específicamente concebido para gravar al turista en el precio de las pernoctaciones, tampoco muestra grandes alteraciones en el gasto que, en este caso, los turistas internacionales realizan año a año en alojamiento. Según la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) del Instituto Nacional de Estadística, en los años previos a la pandemia solo Baleares experimentó un retroceso del 3,8 % en este gasto en 2018, mientras que en el resto de ejercicios la evolución fue positiva hasta la llegada de la covid-19. De hecho, tras la implantación de la tasa en 2016, el gasto del turista extranjero creció allí un 16,7 % al año siguiente.

En Cataluña, por su parte, el incremento en el gasto por alojamiento fue constante hasta 2019, y creció anualmente entre un 11,3 % y un 9,3 %. De hecho, en ese año se recaudaron 982 millones de euros más que en 2016. Tras la llegada del coronavirus, eso sí, la cifra se desplomó más de un 80 % y se quedó en tan solo 702 millones de euros, una cantidad irrisoria en comparación a los 3.789 millones del ejercicio anterior.

Posturas 

El debate de la tasa turística ha quedado momentáneamente desplazado al quedarse el impuesto fuera de la Ley de Acompañamiento, por lo que todo apunta a que la discusión se retomará próximamente en Les Corts. Aun así, y desde la reactivación de esta medida a finales de septiembre, ha vuelto a quedar demostrado que existen multitud de posturas al respecto, incluso dentro del mismo Consell. 

En el seno del Botànic, el PSPV defiende una tasa turística de ámbito municipal y voluntaria, como ya argumentó tiempo atrás, pero pide que no se aplique el año que viene como quieren Compromís y Unides Podem dado que el sector turístico se encuentra en plena recuperación. Además, prefiere que el impuesto se articule a través de una proposición de ley para dar a los ayuntamientos la posibilidad de tener una normativa propia y que la recaudación vaya al propio sector turístico. 

Sus socios en el Gobierno valenciano, en cambio, creen que retrasar la norma a 2023 dificultaría su implantación porque supondría entrar de nuevo en año electoral. Compromís aboga además por una tasa autonómica y no municipal, a la vez que coincide con Unides Podem en la posibilidad de que los ingresos se destinen a políticas de emancipación de los jóvenes, y no necesariamente a reforzar el turismo.

Por su parte, los expertos de la Comisión para la Reforma Tributaria, nombrada por el Gobierno autonómico en julio de 2020, recomendaron en su reciente Estudio sobre la Autonomía Financiera no establecer este impuesto “en las circunstancias actuales”, sino “minimizar los costes del sector en orden a incrementar su atractivo económico”. Una posición muy en línea con la socialista y que explicita todavía más el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, quien criticó “lo inoportuno del momento en el año de la pandemia, donde el sector turístico ha caído, ha sufrido y ha perdido más que nadie”.

Desde las asociaciones empresariales, Hosbec considera que la medida restaría competitividad a destinos como València frente a otras ciudades con las que compite en el mercado de los negocios, y que se reactivarían el alquiler ilegal y la economía sumergida en el sector. También el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, sostuvo hace unos días que toda subida de impuestos “tiene que venir reflejada con una necesidad y un ajuste de impuestos justos”, y en una línea similar se mueve el Partido Popular, cuyo líder, Carlos Mazón, denuncia que esta tasa sería “la puntilla definitiva” para un sector “muy tocado”.