Las restricciones al tráfico dividen al centro derecha en Alicante: Vox rechaza el plan de PP y Cs

ALICANTE. La planificación trazada por el equipo de gobierno (PP y Cs) para crear al menos una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Alicante amenaza con dividir a las tres fuerzas que comparten el espacio político del centro derecha.  Por lo pronto, el grupo municipal de Vox ha anunciado este miércoles su rechazo a la iniciativa promovida por el bipartito en un contexto en el que sus dos concejales tratan, como mínimo, de escenificar cierto distanciamiento respecto a los dos partidos aliados en la gestión municipal a semanas de que se pueda plantear una posible negociación del presupuesto municipal de 2022. Vox ya ha advertido de que no está dispuesto a pactar su aprobación salvo que PP y Cs pidan disculpas por secundar una iniciativa de Compromís, aprobada en el pleno de julio, en la que, a juicio de los representantes de Vox, se relacionaba las intervenciones del partido "en las instituciones y en medios de comunicación con asesinatos de personas inmigrantes, mujeres y homosexuales".

Al tiempo, Vox también ha reprochado al equipo de gobierno su rectificación respecto a la renuncia anunciada por la edil de Educación, Julia Llopis, a participar en la convocatoria de ayudas para la organización de actividades extraescolares puesto en marcha por la Conselleria de Educación (para este curso, 5,9 millones frente a los 9 que se que habilitaron en el curso pasado). Vox llegó a acusar al equipo de gobierno de "hincar la rodilla" ante el departamento autonómico que coordina Vicent Marzà (Compromís).

Ahora, portavoces de Vox añaden un nuevo elemento de divorcio respecto a las decisiones de PP y Cs al oponerse a la propuesta aprobada en Junta de Gobierno para que el Ayuntamiento se adhiera a las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con el fin de impulsar esas medidas de reducción del tráfico en el horizonte del año 2023. Según Vox, la puesta en marcha de esas medidas supondría implantar una réplica al sistema de "Madrid Central" que el partido de Santiago Abascal ya rechazó en la capital. A juicio del portavoz municipal de Vox, Mario Ortolá, la implantación de los dos anillos previstos sobre los ejes del Centro Tradicional y la Gran Vía (con límites a la circulación de vehículos en función de cuál sea su sistema de motorización: contaminante o no) generará "graves desigualdades entre los alicantinos en nombre de la 'religión climática progre' que obligará a los ciudadanos a comprarse coches eléctricos si quieren seguir transitando por su ciudad con la libertad de la que hoy disfrutan".

Para Ortolá, "con el 'Alicante Central' de Barcala, solo los ricos que puedan permitirse gastarse más de 40.000 euros en este tipo de vehículos podrán visitar el centro de la ciudad; y eso, pensábamos, iba en contra de la ideología supuestamente liberal del Partido Popular. Desde Vox vamos a emprender una oposición frontal a este claro ejemplo de rendición a los dogmas impuestos al amparo de la maldita Agenda 2030 que vulnera derechos y libertades individuales hasta ahora perfectamente protegidos", ha abundado.

Es más, ha añadido que, en su opinión, "es evidente que Barcala y su gobierno se han 'podemizado' y que el inasumible precio lo terminarán pagando, como siempre, los alicantinos. Si quiere enarbolar la bandera del ecologismo para castigar a los ciudadanos tendrá que aprobar esto con la izquierda, que fue quien ideó y planificó toda esta pantomima", ha añadido, en alusión a la Ley de Transición Ecológica y los preceptos que obligan a acordar la implantación de ZBE en ciudades de más de 50.000 habitantes.

Así, Ortolá ha sostenido que "Vox no va a decirle a las familias trabajadoras alicantinas que cuentan con un coche de hace 15 o 20 años que no podrán bajar al centro a pasar el día, a hacer sus compras o a llevar a los niños al colegio o que todo ello lo tendrán que hacer en bicicleta o patinete. Tendrá que ser Barcala el que le explique a los ciudadanos por qué desde el Ayuntamiento se les prohíbe seguir viviendo en libertad. Esto no es más que un paso más hacia la absoluta prohibición del vehículo privado en Alicante y en el resto de España", ha añadido.

Lo cierto es que Vox considera que la propuesta del bipartito constituye todo un filón en el que captar a ciudadanos desencantados con las decisiones del equipo de gobierno. Y garantizan que seguirán rechazando la implantación de esa Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con todo el argumentario que viene utilizando la propia formación en el escenario nacional para rebatir que exista una situación de emergencia ambiental. Así, Ortolá ha considerado que "el 'lobbie del clima' nos asegura que las clases medias españolas y europeas son las responsables de todas las catástrofes naturales que suceden en el mundo y, por ello, debemos soportar restricciones absurdas y subidas de impuestos 'verdes' que lastran el crecimiento económico y la supervivencia de muchas familias. Nuestras empresas están dejando de ser competitivas por las enormes restricciones que se sufren en Europa mientras China incumple sistemáticamente todos los pactos internacionales alcanzados. No en vano la política energética del progresismo solo nos ha traído la factura de la luz más cara de la Historia y, ahora, a muchos alicantinos que tienen que elegir entre pagar el recibo de la luz o llenar la nevera, tienen que aguantar que las élites políticas y mediáticas les obliguen a utilizar la bici en lugar del coche. Es insultante", ha recalcado Ortolá.

De igual modo, ha alertado de que "con Madrid Central ya vimos cuanto daño al pequeño comercio y a la hostelería genera este tipo de restricciones masivas. En mayo de 2019, la Plataforma de Afectados Por Madrid Central confirmaba que el 53% de las empresas madrileñas afectadas por estas restricciones destruyó empleo únicamente en el primer trimestre de ese mismo año y que la actividad del comercio de proximidad cayó más de un 11%. Desconocemos cual es la opinión de Lidia López como concejal de Comercio pero el bipartito debe decir la verdad y explicar cuáles son las previsiones económicas tras la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en lo que respecta al comercio y la hostelería alicantinas. Esta medida es lo último que necesitaban cuando van a tardar años en recuperarse de las salvajes restricciones de los gobiernos central y autonómico por la pandemia de la covid-19", ha concluido.

Por su parte, fuentes del equipo de gobierno han explicado este miércoles que la puesta en marcha de la ZBE es una exigencia delimitada en la Ley de Transición Ecológica y que se trata de darle cumplimiento mediante el desarrollo de parte de las iniciativas con las que ya se venía trabajando desde el ayuntamiento, como la propia peatonalización del eje Constitución y Bailén y la restricción de carriles de circulación en la Rambla para primar el transporte público y el tránsito peatonal. En esta línea, han incidido en que se opta a la convocatoria de ayudas para poder ejecutar ese paquete de medidas, valoradas en 37 millones. 

¿Qué sucederá en el caso de que no se concedan los 29,5 millones de subvención máxima que se podría conseguir? En principio, se optaría por poner esas actuaciones en marcha con los recursos de los que se dispusiese, teniendo en cuenta que ya se ha presupuestado parte de la inversión requerida para llevar a cabo los proyectos de peatonalización del Centro.