ALICANTE. La deuda de 1,3 millones de euros con el Ivace por el alquiler de los últimos años de su sede no es la única que debe afrontar la escuela de negocios alicantina Fundesem Business School (FBS). Según han confirmado fuentes empresariales, la Cámara de Comercio de Alicante ha puesto en marcha la reclamación de cerca de 90.000 euros por un convenio para formación firmado hace tres años con la escuela, por el cual no ha percibido aún ningún pago.
Concretamente, las fuentes consultadas cifran en 87.000 euros la deuda de Fundesem con la Cámara, que acaba de plasmarla en un burofax remitido a la escuela de negocios para dejar constancia de la reclamación. Muchos de los nuevos patronos de la fundación de Fundesem, que acaban de tomar posesión de su puesto tras la renovación parcial acometida hace dos semanas, desconocían que existiese dicha deuda, al parecer porque desde la dirección ejecutiva de la escuela no se había incluido en los últimos ejercicios en la información contable que se les facilita.
El convenio se firmó hace tres años, cuando la Cámara de Comercio de Alicante iba a poner en marcha una nueva actividad formativa que, al parecer, podía entrar en competencia directa con la oferta de Fundesem. Finalmente, las dos partes decidieron establecer una alianza que cedía a la escuela de negocios la organización de dichos cursos, a cambio de una cantidad económica anual. El convenio incluía también la colaboración de FBS en la organización de los premios que la entidad cameral entrega cada verano en la Noche de la Economía Alicantina. De hecho, en 2017 la Cámara incluyó por primera vez el Premio Emprendedor, patrocinado por Fundesem.
Desde la firma del convenio, según las fuentes consultadas, la escuela de negocios no ha hecho frente a ninguno de los pagos devengados por el acuerdo, por lo que la deuda actual con la Cámara de Comercio ascendería a los citados 87.000 euros que se acaban de reclamar vía burofax, de momento sin respuesta. La reclamación llega en medio de un polémico proceso de renovación del patronato, en el que el vicepresidente ejecutivo de la escuela, Miguel Rosique, se ha convertido en patrono a través de su consultora Pragma, amén de situar a varios patronos afines, antes de que llegue el mes de agosto: la fecha límite para que abandone su cargo ejecutivo, en virtud del acuerdo con el Ivace homologado en el jugado de Primera Instancia 6 de Alicante para renegociar la deuda pendiente.
Ese acuerdo incluía la obligación de incorporar a un representante de la Generalitat para extremar el control sobre el funcionamiento de la fundación, dado que aún mantiene una deuda de 1,33 millones que debe ir amortizando en los próximos seis años. Finalmente, la Conselleria de Economía decidió que este asiento fuese ocupado por un representante de la Institución Ferial Alicantina (IFA), que ya había sido patrona de la escuela en anteriores etapas. El comité de la feria celebrado justo antes de las elecciones autonómicas del pasado domingo decidió que su representante sea Francisco Candela, uno de los vocales del comité de dirección de IFA designado por la Conselleria en 2016.
Esta reunión del comité de dirección de la feria fue especialmente polémico porque el vicepresidente segundo de la Cámara, Carlos Baño, acusó a Jesús Vicente, de Gesem, tesorero de IFA (y padre de la nueva vicepresidenta de Fundesem, Laura Vicente), de intentar colocar como representante de la Generalitat en Fundesem a la directora general de la institución, Esther Gilabert, un perfil considerado más amable para Rosique. Las críticas a Vicente, secundadas por otros miembros del comité que, como Baño, entendían que había actuado a sus espaldas (incluido el presidente de IFA, José Luis Gisbert), llevaron al empresario a presentar su dimisión. Baño pidió que fuese por escrito, pero Gisbert recordó que no era necesario porque "consta en acta", según fuentes conocedoras del contenido de la reunión.
Como adelantó en exclusiva este diario el pasado 8 de marzo, el nuevo alquiler de Fundesem con el Ivace se firma para seis años, en lugar de diez, por un importe de 95.125 euros más IVA, revisables según el IPC de diciembre. Fundesem se compromete a realizar el pago de 60.000 euros anuales a cuenta de la deuda que arrastra, y a la finalización del contrato, esto es, en 2024, está obligada a abonar el resto de la deuda pendiente, aunque puede refinanciarla si se renueva el alquiler. El Ivace podrá rescindir automáticamente el contrato si la escuela deja de pagar una anualidad del alquiler o de la amortización de deuda, recuperando la posesión del inmueble en un mes. Este acuerdo es el que, además, obliga a Rosique a dejar su puesto en agosto, algo que el vicepresidente ejecutivo de Fundesem intenta ahora evitar con un patronato afín.