El alcalde, el popular Luis Barcala, junto a la edil no adscrita, Nerea Belmonte, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El caso del asesor del PP ligado a Belmonte no parece terminar con el decreto de archivo de las diligencias dictado por la Fiscalía. Como mínimo, la resolución conocida este miércoles (ya publicada por Alicante Plaza) ha conseguido acrecentar las dudas de los cuatro partidos que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento de Alicante: PSOE, Guanyar, Ciudadanos y Compromís. Es decir, los mismos que presentaron las denuncias cuando trascendieron los vínculos entre dicho asesor, Miguel Ángel Redondo, y la edil no adscrita, Nerea Belmonte. Y los mismos que ahora meditan trasladar esas denuncias a los juzgados (a expensas del análisis de sus servicios jurídicos y de la consulta con sus respectivas ejecutivas) para que sea un juez quien reabra las pesquisas y pueda esclarecer si en las sospechas y las extrañezas reseñadas por la Fiscalía pueden llegar a encontrarse indicios de los delitos de malversación y cohecho (que según la Fiscalía, parecen apuntarse en las denuncias) no hallados hasta el momento. ¿De qué modo? Con la práctica de otras pruebas no desarrolladas hasta ahora.
En las diligencias seguidas en Fiscalía desde el pasado mes de mayo, se ha tomado declaración a seis personas en calidad de testigos: el propio Redondo; el jefe de Gabinete de Alcaldía, Vicente López; el concejal de Infraestructuras, Israel Cortés; un representante de la Policía Local; dos representantes de Cruz Roja; y un representante vecinal.
A grandes rasgos, en su declaración, Redondo señaló que él conocía a Belmonte de la etapa en la que ella ejercía como edil de Acción Social; que a él le llamó el jefe de Gabinete de Alcaldía para contratarle, y que fue Belmonte quien lo acompañó a él "a título individual" a varias visitas que él tenía programadas en las sedes de Cruz Roja o dependencias de la Policía Local.
López declaró que contactó con Redondo "por indicación del alcalde que le facilitó el teléfono" y que no le constaba que tuviese cualificación para ejercer de asesor. Cortés dijo que él no había solicitado la contratación de Redondo y que éste no le comunicó que hubiese girado visitas acompañado de Belmonte. El representante vecinal dijo que la no adscrita le había ofrecido ayuda y que Redondo "le decía que ella le podía ayudar bastante".
Los representantes de Cruz Roja señalaron que Redondo había concertado una cita para visitar su sede el 14 de mayo y que les había dicho que Belmonte "iba a tener a partir de ese momento capacidad para tomar decisiones en el Ayuntamiento". Además, señalaron que Redondo se presentó como representante de Belmonte y que ella les dijo que "le hicieran propuestas dentro del ámbito de sus funciones porque ella iba a tener capacidad para tomar decisiones y llevarlas a cabo". Por último, que Redondo les trasladó "varias veces que estaban allí para restituir el buen nombre de Nerea". Finalmente, el representante de la Policía Local, apuntó que en la visita a las dependencias municipales quien hablaba era Redondo y que Nerea "dijo que iba a instar a su formación política para mejorar lo que se pudiese".
En esa ronda de declaraciones, no se llegó a citar a Belmonte, ni al alcalde, Luis Barcala, pese a que ambos aparecieron en varios de los testimonios ofrecidos por los seis comparecientes. En sus relatos, se apreciarían versiones distintas o contradictorias con las que se habían facilitado hasta ahora. Así, el propio primer edil explicó, en su primera comparecencia pública en la que confirmó el cese de Redondo, que había sido este quien se había ofrecido al equipo de Gobierno para desempeñar funciones de asesor y que se le contrató por sus contactos y su conocimiento de la ciudad. Las explicaciones y el cese llegaron justo el día en el que se había publicado en boletines oficiales el decreto de su contratación (junto al resto de asesores), del que nadie había informado hasta entonces pese a la pregunta expresa formulada por Alicante Plaza a representantes del equipo de Gobierno.
Lo cierto es que el decreto de Fiscalía no dejó indiferente a nadie. Todos los grupos políticos formularon sus propias valoraciones al respecto, incluido el propio equipo de Gobierno. Así, la portavoz del PP, Mari Carmen de España, puso de manifiesto la satisfacción de los populares por el archivo de la denuncia y pidió a los partidos de la oposición que "se dediquen a trabajar por la ciudad en lugar de tratar de enturbiar la acción de gobierno con denuncias ante Fiscalía que no se sostienen y que solo tratan de sacar ventaja política y de lanzar cortinas de humo para tapar la nefasta gestión que ellos mismos realizaron durante los tres años que estuvieron al frente del Ayuntamiento". "Siempre hemos expresado nuestro más absoluto respecto a la acción de la Justicia, hemos sido totalmente transparentes en todo momento en este asunto y hemos colaborado en todo lo que se nos ha pedido desde la Fiscalía", dijo a través de un comunicado.
Además, añadió que "la denuncia de la oposición estaba fundamentada solo en rumores y en manifestaciones personales infundadas como así se ha demostrado con el archivo". En esta línea, pidió a los denunciantes que "en lugar de buscar fantasmas donde no los hay, se dediquen a trabajar y a aportar propuestas que sirvan para solucionar los problemas que nos plantean cada día los alicantinos, en lugar de dedicarse a judicializar la vida política con denuncias falsas o de corto recorrido con el fin de erosionar al equipo de gobierno".
Por último, emplazó a los dos ediles de Compromís que fueron reprobados por el pleno por "sus oscuros contratos con Escola Valenciana y la vinculación personal y política con el representante de esta entidad en Alicante, a asumir la responsabilidad por sus irregularidades y dimitir". "Ya no se pueden ocultar detrás de nada y quedan al descubierto sus artimañas para beneficiar a una entidad satélite y al compañero sentimental de la edil Espuch", subrayó.
Por su parte, la portavoz municipal del PSOE, Eva Montesinos, expresó su respeto por la decisión de la Fiscalía, aunque subrayó el "asombro" reflejado por el propio acusador público en el decreto de archivo. "Aquí la única realidad es que el señor Barcala a día de hoy es alcalde por que la señora Belmonte traicionó a sus votantes y el motivo, pues ellos lo sabrán", concluyó.
Su homólogo de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, destacó "el papel que ha tenido el alcalde, Luis Barcala, a la hora de contratarse a Redondo: es Barcala en persona el que indica a su jefe de gabinete que contacte con Redondo, facilitando incluso su teléfono, y parece que Barcala es el que impone a Redondo como asesor en la concejalía de Infraestructuras, ya que su titular, Israel Cortés, declaró en Fiscalía que él no pidió que Redondo fuera su asesor. Por todo ello, no entendemos que no se haya citado a declarar al alcalde al tener un papel clave en la contratación de Redondo", señaló. Y continuó: "Compartimos con el fiscal su asombro por las extrañas circunstancias que rodean el caso de Miguel Ángel Redondo, que consideramos que siguen sin aclararse, y creemos que la investigación judicial debería continuar, si no en Fiscalía, en el Juzgado de Instrucción, por lo que vamos a valorar reiterar nuestra denuncia ante el Juzgado".
Todos los grupos de la oposición señalan el papel que pudo jugar el propio alcalde al decidir la contratación de Redondo
La portavoz de Cs, Yaneth Giraldo, apuntó que "tras leer el decreto, las dudasque teníamos sobre la contratación de Miguel Ángel Redondo se reafirman y se acrecientan; es evidente que Barcala lo contrató con fines espúreos, ajenos a las tareas que se supone que debía realizar". "Por eso le pedimos al PP que nos proporcione el listado de tareas que se le asignaron en el Área de Infraestructuras y las fotografías que dice que realizó Redondo sobre desperfectos en las calles y jardines", añadió. "Todo huele a chamusquina, desde la contratación de esta persona 'sin ningún tipo de cualificación' y con dedicación completa, al hecho de que nunca acompañara a Israel Cortés, el edil de Infraestructuras, o la circunstancia de que Nerea Belmonte conociera su agenda de visitas", continuó.
En esta línea, remarcó que "el alcalde no dio explicaciones suficientes en su día, cuando compareció en pleno, y el auto no ha hecho más que desvelar un laberinto de flagrantes contradicciones que sitúan de nuevo a Barcala en el epicentro de esta turbia operación, ya que la idea de contratar a Redondo fue única y exclusivamente suya".
Por último, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, abundó en que el escrito del fiscal reafirma "las extrañezas que todos conocíamos". "Vemos que la investidura del señor Barcala está bajo sospecha, incluso lo reconoce el escrito de Fiscalía, a pesar de no ir más allá para poder proseguir la investigación, y vemos que el PP cada vez que llega el poder, lo hace de forma irregular: antes era con la financiación ilegal reconocida por los propios empresarios y ahora por la sospecha de una investidura en la que tenemos sin tener razones convincentes para pensar que no ha pasado nada", apostilló.
