ALICANTE. La supervivencia de la CEV como única confederación empresarial del 'antiguo régimen' y su conversión en la nueva patronal autonómica se ha convertido en un problema para Salvador Navarro en lo que a las demandas laborales contra las patronales desaparecidas se refiere. O, visto desde el lado de los trabajadores despedidos en los EREs o como consecuencia de la extinción de Cierval, Coepa o CEC, como una inesperada vía de solución.
La patronal autonómica ha perdido ya dos demandas de exempleados de Cierval, una en el Juzgado de lo Social 2 de València, y otra en el Juzgado de lo Social 1. La primera, en julio, obligaba a readmitir o indemnizar a cuatro exempleados de la antigua patronal autonómica, liquidada en 2017, con un importe total de 215.000 euros. La segunda, esta misma semana, condena a la nueva patronal a indemnizar con 33.000 euros o readmitir a su último secretario general, el alicantino Javier López Mora.
La clave en las dos sentencias (a las que puede sumarse una más a principios del próximo año, tras la demanda presentada por los otros siete exempleados de Cierval) es, tal como avanzó en exclusiva Alicante Plaza en marzo de este año, que un informe de la Inspección de Trabajo (encargado por el Fogasa) considera que las tres antiguas patronales provinciales y la estructura autonómica conformaban un grupo de empresas. Es decir, que en materia laboral, deben responder solidariamente, y tan solo queda para ello la CEV.
El éxito en las demandas de estos exempleados de Cierval ha animado a acudir a la misma vía a otros damnificados por la quiebra de la patronal alicantina. Según ha confirmado a este diario un portavoz de los antiguos empleados de Coepa, varios de ellos decidieron imitar a sus compañeros de Cierval y demandar a la CEV para intentar obtener una indemnización que la extinta patronal alicantina ya no puede pagar. En este sentido, varios exempleados han interpuesto ya las papeletas de conciliación, según este portavoz.
Cabe recordar que Coepa despidió a cerca de una veintena de trabajadores en su segundo ERE, ejecutado en 2016 en pleno concurso de acreedores, para quedarse con una plantilla de solo tres personas. Estos exempleados, junto con el Fogasa, pactaron con la patronal alicantina un calendario de pagos a ocho años que no pudo cumplirse: menos de un año después de aprobar el convenio de acreedores, la patronal alicantina fue a liquidación al embargar Hacienda sus cuentas por una reclamación de 2,2 millones de euros en subvenciones del Servef.
El juez que ha dado la razón a López Mora considera que pueda declararse la existencia de la sucesión empresarial, pues la 'actividad' que realizaba la Cierval la asume la CEV. Pero el magistrado de lo Social 2, además de coincidir en su apreciación de sucesión, consideró acreditado que entre las patronales codemandadas "concurre la condición, a efectos laborales, de una unidad empresarial". Esa puede ser la clave para los despedidos de Coepa.
Tras conocerse la sentencia de julio, el mismo día en que Rosana Perán anunciaba su dimisión como presidente de CEV Alicante, Salvador Navarro anunció desde Alicante que recurrirían la sentencia, al no estar conformes con su contenido (lo mismo ha sucedido con este segundo fallo). A preguntas de Alicante Plaza, Navarro explicó que, a juicio de sus abogados, el juez veía el grupo de empresas "entre cada patronal provincial y la autonómica, pero no entre las provinciales". Es decir, Coepa formaría grupo con Cierval, pero no con CEV, lo que libraría a la patronal valenciana de asumir los despidos en la alicantina.