Enric Nomdedéu, en el centro, en la sede del Consell en Alicante. Foto: APALICANTE. El Servef está interesado en abrir el centro de oficios de Coepa, cerrado desde 2012, si el Ayuntamiento amplía el plazo de la cesión del suelo y mantiene el uso de formación para el que fue cedido a la extinta patronal, una vez que el edificio sea adjudicado a la Generalitat en la liquidación de la confederación. Y con toda probabilidad, el uso de esas instalaciones (que el propio secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, calificó de "magníficas" tras una visita cursada hace un año) sea lo único que el Servef 'recupere', vía IVF, de su reclamación millonaria contra la antigua patronal alicantina.
Como ha venido contando este diario, fue esa reclamación del Servef, por importe de 1,9 millones de euros, lo que forzó la liquidación de la patronal. El embargo de las cuentas de Coepa, al pasar la reclamación a la vía ejecutiva, impidió a la confederación empresarial seguir cumpliendo el convenio de acreedores pactado en diciembre de 2016, de forma que su presidente, Francisco Gómez, tuvo que pedir la liquidación voluntaria. En paralelo, el Servef llevó por vía penal la misma reclamación, al considerar que la patronal alicantina podría haber desviado parte de los fondos recibidos, y la acusó de fraude. El asunto se ha archivado por dos ocasiones, y la juez descarta que hubiera fraude o duplicidad de ayudas. Coepa recibió fondos del IVF para construir el centro al mismo tiempo que ayudas del Servef, pero eran de otra naturaleza: un crédito mercantil.
Vistas en perspectiva, estas dos decisiones del Servef se han revelado como una estrategia nefasta. Ni ha logrado demostrar sus sospechas de delito, porque según la juez no lo hubo, ni podrá recuperar la mayoría de esos 1,9 millones de euros: la liquidación que forzó, al pasar a la vía ejecutiva la reclamación, impidió a Coepa seguir generando liquidez para pagar al Servef o al resto de acreedores. Los abogados del Consell estudian cómo mantener viva dicha reclamación, pero según las fuentes consultadas por este diario empiezan a dar por perdido el dinero: no hay a quién reclamárselo.
La sentencia en el juicio laboral de los exempleados de Cierval considera que la antigua patronal autonómica (formada a partir de las tres provinciales), la CEV, la CEC y Coepa formaban un grupo de empresas, tal como concluía un informe del Fogasa desvelado por Alicante Plaza. Pero solo a efectos laborales. Es decir, el Fogasa puede reclamar a la CEV, que se ha quedado ahora como patronal autonómica, las deudas de Coepa, que las hay. Pero el Servef no, porque para el caso de subvenciones o deudas corrientes no se aplica la doctrina del grupo de empresas. Uepal, la nueva patronal alicantina fundada por antiguos asociados de Coepa, no entra en el supuesto de sucesión de empresa (cosa distinta sería que hubiera salido adelante el proyecto de Cepal, que no llegó a nacer, cuyos fundadores eran la propia Coepa y Cepyme Alicante).
Las mismas fuentes admiten también que acudir en su día a la vía penal fue un error. Si de recuperar una cantidad se trataba, lo más lógico habría sido hacerlo a través de un contencioso administrativo. De hecho, la vía puramente administrativa, con el expediente de recuperación que abrió el Servef y que terminó en el embargo de Coepa, habría desembocado en dicho contencioso si la patronal hubiera tenido 'riñón' en ese momento para sobrevivir al embargo. La sentencia penal, que absuelve a la organización y sus exdirigentes de fraude, señala sin embargo que el Servef estaba legitimado para reclamar por vía administrativa si consideraba que las subvenciones no se habían justificado adecuadamente. Pero no se hizo.
El error de origen, con una querella firmada por la entonces secretaria autonómica de Economía, María José Mira (trasladada a Hacienda en el verano de 2016, tras su enfrentamiento con el conseller Rafa Climent a cuenta de los horarios comerciales), forzó sin embargo al Servef a persistir en la vía penal pese a los dos primeros reveses. "¿Cómo no íbamos a recurrir un fallo adverso, si éramos nosotros los que decíamos que había fraude?", señalan estas fuentes. Sin mucho convencimiento, el departamento autonómico de Empleo sostuvo hasta el final la vía penal, que no ha llevado a ningún sitio.
