Recreación del proyecto original de Plan Parcial Pino y Ruaya. Foto: AC ARQUITECTURA Y GESTION URBANISTICA S.L. ALICANTE. La Conselleria de Política Territorial y el Ayuntamiento de Alicante reabren la vía de la negociación sobre el desarrollo urbanístico de las fincas de Pino y Ruaya: la gran bolsa de suelo libre de 47 hectáreas comprendida entre Vistahermosa y Santa Faz en la que se podría dar cabida a cerca de 2.300 viviendas. Técnicos de la Dirección General de Urbanismo y de la concejalía de ese mismo ámbito han mantenido al menos una primera reunión de coordinación este mes de octubre con el propósito de encontrar una salida al conflicto que se desencadenó hace justo un año. En caso contrario, el Consell persistirá en las acciones legales iniciadas frente al Ayuntamiento el pasado marzo, cuando interpuso un contencioso por una supuesta invasión de competencias autonómicas.
Por lo pronto, según fuentes de la Generalitat, la conselleria aguarda a que la Concejalía de Urbanismo responda a las cuestiones planteadas en ese recurso y a las distintas alternativas que se barajaron en el transcurso de dicha reunión para solventar el desencuentro sobre el futuro de los terrenos. Hasta el momento no ha trascendido en qué términos podría plantearse esa solución, aunque todo parece indicar que podría producirse una corrección del acuerdo de pleno o una redefinición expresa de su alcance a través de la modificación puntual del Plan General por la que esos terrenos deben incorporarse al planeamiento urbano (sin la que no puede ejecutarse su urbanización).
El encontronazo entre las dos administraciones se originó a partir del acuerdo de pleno, aprobado por PP, Cs y PSPV-PSOE, por el que se asumía la sentencia del TSJ dictada en 1992 por la que se concedía al sector la calificación de suelo urbanizable no programado. Además, se establecían sus condiciones urbanísticas, "a los meros efectos de ejecución de sentencia y sin perjuicio de lo que resulte del desarrollo urbanístico adaptado a la legislación vigente".
Así, el acuerdo reconocía que las fincas de Pino y Ruaya tenían una superficie de aproximadamente 47 hectáreas de suelo urbanizable, un uso predominante residencial y una edificabilidad máxima de 50 viviendas por hectárea, en función de los parámetros existentes en los sectores colindantes, según se explicó entonces. Dicha densidad se concedía, además, a título orientativo, ya que todo quedaba supeditado a la tramitación de la modificación del PGOU posterior a la que se debía dar curso para incorporar el desarrollo del sector.
POLÍTICA TERRITORIAL ESPERA RESPUESTA MUNICIPAL A SU RECURSO Y A LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS PARA ENMENDAR EL ACUERDO CON EL QUE CONSIDERÓ INVADIDAS SUS COMPETENCIAS SOBRE PLANEAMIENTO
Esa asignación concreta es la que motivó el rechazo de la conselleria. La Dirección General de Ordenación del Territorio estimó que el acuerdo por el que se daba cumplimiento a la sentencia se excedía de sus propios términos al asignar al sector un uso y una edificabilidad concreta, cuando se trata de una competencia de planeamiento que queda bajo su responsabilidad. Así, después de dar un plazo de un mes para que la propuesta se corrigiese y de varios requerimientos posteriores, sin conseguir ningún resultado, acabó registrando el contencioso para que fuese el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) quien forzase la anulación del acuerdo municipal. Ese contencioso se registró el 15 de marzo: al parecer, el último día del plazo establecido para hacerlo.
En paralelo, como informó Alicante Plaza, los propietarios del sector, agrupados en la sociedad Lomas del Pino SL, instaron al Ayuntamiento a promover la incorporación del sector en el PGOU mediante la firma de un convenio urbanístico. El equipo de Gobierno, entonces compuesto por 8 ediles del PP, modificó el planteamiento de los propietarios y elaboró su propia propuesta, en febrero de este año.
En concreto, en la propuesta municipal se hablaba de "un convenio de cooperación público-privada para llevar a cabo una actuación de desarrollo urbanístico", dado que la superficie del sector que se pretendía reclasificar "supera los umbrales que se establecen en la LOTUP para la iniciativa privada [...] debiéndose realizar a iniciativa municipal".
Dicha propuesta de acuerdo, que no se llegó a aprobar siquiera en Junta de Gobierno, planteaba ajustar los parámetros al índice de edificabilidad bruta que planteaba la revisión del Plan General impulsada por el PP en el mandato precedente, al ser el último documento de revisión que se expuso al público (aunque después decayó, cuando el propio Ayuntamiento desistió de su tramitación, en 2015, después de que trascendiesen las diligencias del caso Brugal).
Así, esa propuesta de convenio de cooperación, planteaba que "la edificabilidad correspondiente deberá ser de 0,39 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de superficie". El resto de condiciones propuestas por los promotores se mantenían. Entre ellas, las alturas previstas (entre 3 y 6, en función de la elevación del terreno de cada zona), o la reserva de suelo dotacional y la creación de una zona verde de parque público. Solo se ponía una salvedad a los plazos de ejecución defendidos por los propietarios del suelo del sector, tras concluir que los dos meses para el inicio del trámite de modificación del PGOU a los que aspiraba Lomas del Pino eran imposibles de cumplir.
Ese convenio de cooperación no tuvo ninguna eficacia puesto que no se aprobó. Según señalaron entonces fuentes del PP, quedó paralizado después de que el Consell registrase el contencioso para que no quedase afectado por el resultado de ese recurso. El actual bipartito, compuesto por PP y Cs, tampoco ha retomado su posible aprobación, a la espera de poder superar el litigio con el Consell.
