L'ALFÀS DEL PI. El Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi ha aprobado este viernes en el pleno la modificación de la Ordenanza Fiscal de la tasa de recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos. Una subida media del 17%, según los cálculos trasladados por el propio Consistorio. De este modo, la localidad se divide ahora en cuatro zonas para establecer diferentes precios, tal y como han hecho o están haciendo el resto de municipios para cumplir con la ley.
Ya en el 2023 la administración local aprobó una nueva modificación por la cual el precio subía a los 155 euros. Pero como ha ocurrido en otros municipios como Benidorm, al año siguiente han asumido una nueva modificación que a su vez tiene aparejado el incremento de la tarifa. De este modo, el Ayuntamiento de la 'Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular', cuyo plazo último para su cumplimiento es en abril de 2025. De este modo, además de obligar a que no sea deficitaria y que asuma el coste total el usuario, también se busca la manera de repercutir a cada ciudadano el gasto que genera su residuo.
Para ello, el Ayuntamiento ha optado por dividir el municipio en cuatro, que pagarán diferentes tasas, cuyo rango estará entre los 166 euros y los 199 euros. Un precio que se repercutirá en el recibo del próximo año. En concreto, fuentes municipales indican que el más bajo estará en el Albir, con 166,15 euros. A continuación está el casco urbano con 181,8 euros. Le sigue la zona acotada como 'urbanizaciones', que llega a los 186,54 euros. Y finalmente, el bautizado como 'diseminado', que se establece en los 199,86 euros.
Para cumplir con el principio de 'quien contamina paga', los ayuntamientos cuya gestión está derivada en SUMA han optado por dividir la ciudad en varias zonas haciendo un estudio previo con diferentes parámetros, donde se tienen en cuenta el valor catastral de la vivienda o la ubicación de los empadronados.
“Al incluir la tasa la prestación del los servicios de recogida, transferencia, tratamiento y eliminación se han tenido en cuenta variables como la densidad de población o distancia a la hora de zonificar”, explica el portavoz Toni Such quien recalca “estamos obligados por ley a modificar la tasa de basuras ya que la normativa parte de una directiva europea que nos exige a todos los ayuntamientos cumplir con sus objetivos de reciclaje y gestión de residuos”.
Es un tema que se deberá tener en cuenta, “ya que el coste de la tasa está directamente relacionado con el comportamiento cívico de cada vecino y vecina”, añade Toni Such. “Por ejemplo un contenedor de poda de más o menos una tonelada tiene un coste de 20 euros. Ese mismo contenedor lo tiras a la basura y nos cuesta 52 euros”. “Una silla en un contenedor son 52 euros, en un punto limpio 20 euros”.
Supone un incremento medio aproximado de un 17 %, con lo que pagaremos de máximo con la subida aplicada 1’80 euros al día, algo similar al coste de un café”, ha querido cuantificar Toni Such. La modificación de la tasa se ha aprobado con los votos en contra de los Grupos Municipales del Partido Popular y de Vox. A este respecto y tras la sesión Such ha declarado: “No voy a hacer más comentarios en relación al voto en contra del Grupo Municipal del Partido Popular. Simplemente decir que votó en Bruselas a favor de la nueva ley, y del Grupo Municipal de VOX, que en la comisión informativa previa a este pleno, donde se debatió previamente esta actualización, este grupo votó favorablemente”.
Por su parte, el portavoz del PP, César Martínez, calificó de 'brutal' la subida de la tasa y dijo: "Da la impresión de que en L’Alfàs cuanto más pagamos por los servicios de recogida de basura y limpieza, más suciedad y mala imagen proyecta el municipio", en relación a la subida de hace un año. Para el popular, se trata de "un arreón fiscal únicamente aprobado por la izquierda en el congreso y que, en el caso de nuestro municipio, la ordenanza que lo pone en vigor ni siquiera contempla bonificaciones al reciclado a vecinos y empresarios". Y ha vaticinado que no será la única subida y culpa al gobierno central y al anterior ejecutivo autonómico de los incrementos en la carga fiscal que soportan los ciudadanos.