ELCHE. Para sorpresa de la concejalía de Movilidad Sostenible, la primera ronda para la ciudad de los fondos europeos de reconstrucción, los Next Generation EU, ha dejado fuera de este ámbito la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), cuestión prioritaria dado que por ley tiene que implementarse en 2023. Así pues, el departamento plantea diversas opciones de financiación, que supondrá unos 900.000 euros. En el plano del contenido, se implantarán al menos cuatro zonas de control de acceso en la ciudad, aunque por determinar.
Dentro de todas las iniciativas presentadas por el Ejecutivo municipal al Gobierno para que canalize la entrada del maná europeo, hay una de ellas que es prioritaria, esta ZBE, que por lo pronto la concejalía intentará colar en otra convocatoria de la conselleria de Transición Ecológica que se ha aprobado precisamente este miércoles. También para estos fondos europeos. Si no se acepta, el Ayuntamiento no tendrá más remedio que sufragar esta iniciativa con dinero municipal. En cualquier caso, la concejalía ya ha hecho los deberes y se ha enviado a Contratación un contrato que integra tanto la redacción de la misma como la ejecución posterior. Una misma licitación que tendrá un coste tope de 900.000 euros.
Ahora bien, ¿qué supondrá la ZBE? Aunque ya se adelantó que supondrá la reducción de la presencia de vehículos privados en favor del transporte público y alternativo o diferentes sistemas de señalización, el proyecto ha cambiado ya que el Consistorio tenía planeada la adquisición de cuatro vehículos eléctricos para 2023, pero con los Next Generation serán en total ocho. Por lo que esto presumiblemente cambiará el planteamiento inicial. Originalmente se habían dibujado como perímetros más sensibles los del entorno de los huertos históricos del Palmeral, tanto en la zona de la universidad como en el centro; y en menor medida en el Raval, parte de El Pla y el Altabix viejo. Serían rutas a las que llegarían los iniciales cuatro autobuses eléctricos. Una afección equiparable a 526 hectáreas; el grueso del núcleo urbano.
Ahora bien, esta ZBE planteará como mínimo cuatro controles de acceso, que pueden ser más por la influencia de los fondos europeos. Eso sí, está por perfilar si esos controles son restricciones al paso de vehículos, control de aforos o qué tipo de medidas. Es lo que tiene que plantear el futuro contratista. Además de ello, asesoramiento para redacción de ordenanzas y normativa de control, desarrollo e instalación de cámaras de vigilancia, detectores medioambientales, software que irá de la mano de estas medidas... Y definir el nivel de control para cada zona, que es donde se ha introducido en el pliego un mínimo de cuatro. Se han sentado las bases para un despliegue técnico que radiografíe toda la ciudad con estos sistemas. Este contrato será el que defina finalmente la posible restricción de coches a través del Pont Nou y el Pont de Santa Teresa al centro que se había anunciado y que está sin ejecutar.
Por otra parte, de las actuaciones concretas que quería la concejalía financiar con los fondos europeos estaban el estudio de las emisiones reales del tráfico con RDs portátiles con 60.000 euros, una Oficina Técnica de la Movilidad y estudios de gobernanza por 188.700 euros y un sistema de control de las emisiones reales del tráfico por 500.000 euros.