La 'trasera' de la norma de convivencia de Alicante: la suma de PP y Vox y la pugna por evitarla

ALICANTE. Objetivo conseguido para el bipartito de Alicante... y para Vox. El pleno del Ayuntamiento de Alicante aprobó este martes de forma definitiva la conocida como ordenanza de convivencia cívica -renombrada por las fuerzas del eje progresista como la ordenanza de la vergüenza- como instrumento para que la Policía Local pueda actuar frente comportamientos incívicos en la vía pública que generan molestias, situaciones de inseguridad o daños sobre el patrimonio, entre otros puntos. 

Como era sabido, la propuesta contó con el voto en contra de PSOE, Unides Podem EU y Compromís al no compartir las condiciones delimitadas en esa regulación, aunque puedan confluir en la necesidad de la existencia de un marco normativo similar, pero provisto de otros parámetros. Entre ellos, el de la asistencia a colectivos desfavorecidos, en lugar de apostar por la imposición de multas, como -según argumentaron- sucede en la nueva normativa que entrará en vigor en menos de un mes (a los 15 días de su publicación en boletines oficiales). De hecho, el PSOE ya había planteado un texto alternativo como enmienda a la totalidad del documento del elaborado por el bipartito, como su concejal, Llanos Cano, reiteró durante el debate de la propuesta, este martes. 

La cuestión es que tanto el equipo de gobierno (Partido Popular y Ciudadanos) como Vox no se cansaron en señalar que el texto propuesto -tras la incorporación de las alegaciones de Cs en la última fase de su tramitación- es prácticamente equivalente al de la ordenanza que se plantea en la ciudad de València, con un gobierno conformado por Compromís y PSPV-PSOE. Y, en parte, razón no les faltaba, ya que la comparación de los dos textos evidencia ciertas similitudes. Así, en las dos normativas se plantea la imposición de multas de hasta 3.000 euros por ejercer la mendicidad coactiva. Y, aunque no se incluye una referencia explícita a la prostitución, la normativa promovida en València también prohíbe "la realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexuales, o ejecutar actos de  exhibición obscena aun cuando no constituya infracción penal", entre otros puntos.

De igual modo, en ambos se refleja la necesidad de ofrecimiento de medidas de atención social con una redacción muy similar. En la de Alicante (puede consultar aquí su contenido íntegro), su artículo 23 bis plantea que: "El Ayuntamiento en el ámbito de sus competencias y en el marco de los planes y programas vigentes, coordinará las actuaciones de atención social dirigidas a las personas que se encuentran ejerciendo la mendicidad en el municipio de Alicante". En la de València (puede consultar aquí su contenido íntegro), su artículo 32 establece que: "El Ayuntamiento adoptará todas las medidas sociales a su alcance con  la finalidad de apoyar y auxiliar a las personas que se encuentran en  situación de exclusión, y, por ello, se ven abocados a ejercer la  mendicidad. De igual forma, el Ayuntamiento adoptará firmemente todas las medidas a su alcance para erradicar el fenómeno de las modalidades encubiertas de mendicidad agresiva, intrusiva u organizada en cualquiera  de sus formas en la ciudad".

Ahora bien, tanto PP y Cs como Vox pasaron por alto una diferencia notable entre ambos textos: que la normativa de València todavía se encuentra en fase de borrador y que, por tanto, sigue sujeta a posibles modificaciones, sin que se haya cubierto todavía todo su recorrido administrativo. 

Por su parte, al margen de aludir a la falta de consenso, a la estigmatización de las personas en situación de vulnerabilidad y a la presunta falta de medidas de apoyo social para asistir a los colectivos desfavorecidos, PSOE, Unides Podem EU y Compromís recriminaron al bipartito que el impulso de la ordenanza venía a ser el pago a Vox a cambio de que sus dos concejales facilitasen la aprobación del presupuesto de 2022. Y, en parte, tampoco estaban equivocados. Como mínimo, se prevé que Vox se abstenga en la votación prevista en el pleno de este miércoles, después de que PP y Cs hayan asumido 19 de sus 21 enmiendas a la propuesta de planificación económica, tras el rechazo de todas las formuladas por las tres fuerzas del eje progresista. Con el previsible resultado de esa votación, Vox facilitará que las cuentas del bipartito prosperen por tercera vez en este mandato (aunque en 2021, PP y Cs también contaron con la abstención del PSOE).

Ahora bien, lo cierto es que la controversia escenificada en los dos plenos extraordinarios convocados para este martes y este miércoles va más allá de la ordenanza o del presupuesto. A ninguna de las seis fuerzas representadas en el Ayuntamiento se le escapa que en el trasfondo del debate figura el futuro de las alianzas políticas que ya comienzan a atisbarse ante las próximas elecciones municipales de 2023. Aunque queda más de un año para esa cita con las urnas, todas las señales apuntan a que esos comicios podrían deparar unos resultados similares a los cosechados en las elecciones autonómicas de Castilla y León, este domingo, en las que el PP necesitará del respaldo de Vox para formar gobierno, tras el retroceso registrado por Cs. 

Salvadas todas las distancias, los paralelismos son inevitables si se tiene en cuenta que las últimas convocatorias electorales de Cataluña y Madrid han deparado un resultado similar: caída de Cs (cuando no desaparición) y ascenso o consolidación de Vox. De ahí que el PP, que lidera el bipartito con 9 concejales frente a los 5 de Cs, pueda pretender abonar el terreno con el partido presidido por Santiago Abascal para alcanzar hipotéticos pactos ante el futuro incierto de Cs (quién sabe si, para entonces, puede que absorbido por el PP a través de candidaturas conjuntas), al margen de cuál acabe siendo la valoración que el electorado realice sobre la gestión desempeñada por Cs en aquellas instituciones en las que maneja competencias: las más importantes entre ellas, el propio Ayuntamiento de Alicante y la Diputación Provincial. De hecho, el mismo presidente del PPCV y edil alicantino, Carlos Mazón, ya viene contemplando abiertamente la opción de sumar con Vox en el caso de que resulte necesario en su carrera hacia el Palau de la Generalitat, sin importar que sus socios de Cs hayan planteado hasta ahora como línea roja la posibilidad de compartir gobierno con los de Abascal.

Así, ante un escenario en el que cada vez son menos habituales las mayorías absolutas, y en el que prima la tendencia de voto nacional por encima de localismos, la pugna, de nuevo, se plantea entre bloques. De ahí que el eje progresista trate de impedir la formación de una alianza definitiva entre PP y Vox movilizando a la ciudadanía en base a la defensa de los postulados sociales. El objetivo no es otro que frenar el avance de Vox (basado en mensajes sencillos que calan con facilidad entre descontentos y desconectados) y, al tiempo, tratar de desgastar al PP por su aproximación a sus planteamientos ideológicos extremos. Solo así se evitaría que la suma de ambos partidos afiance el gobierno de centro-derecha (o, si se prefiere, en ese caso, de derecha a secas) en la segunda ciudad de la Comunitat. Todos los partidos son conscientes de esa situación, como se pudo evidenciar con la respuesta procurada este mismo martes por sus representantes autonómicos sobre la votación de la ordenanza de convivencia.