La última protesta contra la ordenanza de convivencia celebrada en la Plaza del Ayuntamiento.ALICANTE. Ciudadanos (Cs) lo vuelve a intentar con la ordenanza de convivencia cívica de Alicante. El grupo municipal del partido que preside Inés Arrimadas registró este jueves su propio paquete de alegaciones a la norma que quedó aprobada con sus votos en el pleno ordinario de noviembre con la intención de moderar ahora tanto su articulado como su régimen sancionador. Para ello, plantea la introducción de medidas sociales que eviten la mera penalización económica sin ofrecer alternativas para aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, como los mendigos o las prostitutas.
En concreto, el paquete de alegaciones vendría a reproducir el contenido de las enmiendas presentadas antes del debate de la propuesta en pleno: seis propuestas concretas que no se admitieron al haberse presentado un año después del plazo requerido para hacerlo (seis días desde su aprobación en Junta de Gobierno, en noviembre de 2020). En ese primer paquete de propuestas de modificación ya se incluía la necesidad de incorporar ayudas para favorecer la inclusión social y se trataba de rebajar las penalizaciones establecidas para mendigos y prostitutas, al tiempo que se diferenciaba en las sanciones a aplicar entre las ofertantes y los demandantes de servicios sexuales.
La filosofía de ese planteamiento se mantendría en las alegaciones firmadas este jueves por la portavoz de Cs y vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez. Y, además, se añadirían ajustes de carácter técnico con la intención de facilitar su aprobación, previa recomendación de la Secretaría Municipal, según fuentes consultadas.
¿En qué consisten esas alegaciones? En primer término, Cs plantea la incorporación de tres nuevos artículos relacionados con la prevención y con la aplicación de medidas de apoyo a mendigos y personas sin hogar. Respecto a la prevención, pretende promover como medida prioritaria el desarrollo de iniciativas municipales "encaminadas a prevenir riesgos para la convivencia ciudadana y el civismo en el espacio público".
En lo que se refiere a la mendicidad, sugiere que se añada a la ordenanza el compromiso municipal de adopción "de todas las medidas sociales a su alcance" para erradicar su ejercicio. En este sentido, se apunta que "los agentes de la autoridad, o en su caso el personal de los servicios sociales, informarán a las personas que ejerzan la mendicidad en lugares de tránsito público, de los servicios de atención social a los que pueden acudir para recibir el apoyo que sea necesario para el abandono de estas prácticas". Y, además, se recalca que "en casos de mendicidad ejercida por menores, las autoridades municipales prestarán a estos, de forma inmediata, la atención que sea precisa".
Por lo que atañe a las personas sin hogar, se aportan modificaciones similares. Así, primero, se propone que se incluya de forma expresa la obligación municipal de coordinar actuaciones de atención social para prestarles asistencia. En segundo lugar, se requiere que "los agentes de la autoridad, o en su caso el personal de los servicios sociales" informen a las personas sin hogar "de los servicios de atención social a los que pueden acudir para recibir el apoyo que sea necesario".
En tercer término, se concreta que "en aquellos casos graves o urgentes y con el único objeto de que la persona pueda recibir lo antes posible la atención social o sanitaria, los agentes de la autoridad solicitarán la intervención inmediata de los servicios sociales o sanitarios adecuados, acompañándola si fuera necesario". Y en cuarto lugar, se plantea que "el Ayuntamiento adoptará todas las medidas sociales a su alcance para dotar a todos los ciudadanos de Alicante de una vivienda digna".
Asimismo, Cs promueve cambios por lo que respecta a los artículos que establecen la prohibición de las acampadas ilegales para darles un tratamiento diferenciado al de la mendicidad. Ese planteamiento se justifica tras llegar a la consideración de que "la acampada ilegal se realiza muy frecuentemente por personas que de ninguna forma son mendigo o lo aparentan". En todo caso, coincide en la necesidad de su prohibición con las consiguientes penalizaciones en caso de infracción.
De igual modo, Cs también promueve la introducción de medidas específicas para favorecer la integración social de las mujeres que ejercen la prostitución. ¿En qué sentido? Primero, se solicita que se retire la expresión "lucha contra la prostitución" que figuraría como objetivo de la ordenanza en el apartado de "fundamentos de la regulación" con el fin de que quede sustituido con un texto alternativo. En concreto, plantea que se refleje que el fin de la norma es "preservar los espacios públicos como lugares de convivencia, civismo e igualdad, evitando actividades de explotación sexual que difundan una imagen del ser humano como mero objeto sexual y perturben la convivencia local".
Además, Cs plantea modificar el artículo 25 referido a las "prácticas con connotaciones sexuales prohibidas" de modo que quede redactado como "normas de conducta". Así, promueve cambios en su contenido para establecer la prohibición de "solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales, así como su práctica en el espacio público".
En particular, la propuesta de Cs trata de poner el foco en el demandante de prostitución al solicitar que en ese mismo artículo se refleje la prohibición de "la solicitud de servicios sexuales en el espacio público situado a menos de 200 metros de centros docentes, zonas de juego infantiles y juveniles y accesos a centros comerciales y empresariales".
Además, Cs demanda que se incluya la prohibición de "la realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual o la ejecución de actos de exhibición obscena" y añade que también debe quedar prohibido "el acoso callejero, entendido como las prácticas ejercidas por una o varias personas, cargadas de connotaciones sexuales producidas en espacios públicos o privados que generen malestar a las personas que lo padecen".
Las propuestas de modificación ponen el foco en el demandante de servicios sexuales y Plantean que se apueste por conmutar las sanciones derivadas de infracciones leves impuestas a mendigos y prostitutas por la asistencia a centros de atención social para favorecer su inclusión
En su quinta alegación, Cs abunda también en la necesidad de que el Ayuntamiento coordine "actuaciones de atención social dirigidas a las personas que se encuentren en situación de prostitución", aunque -como en el caso de la mendicidad- no llega a especificar cuáles. Además, se plantea que el Ayuntamiento colabore con otras administraciones en los delitos de trata y proxenetismo. Y, por último, promueve que los agentes de la autoridad "a fin de erradicar el ejercicio de la prostitución en el espacio público informarán de los centros de atención social a los que acudir para recibir el apoyo necesario".
Por último, como sexta alegación, Cs vuelve a solicitar cambios en el régimen sancionador previsto hasta ahora, como ya intentase a través de sus enmiendas. En este sentido, Cs plantea, primero, que los agentes de la autoridad avisen a las personas que ofrezcan o soliciten servicios sexuales en el espacio público "que dichas prácticas están prohibidas por la presente ordenanza y comunicaran la existencia de medidas de carácter social dirigidas a personas en situación de prostitución".
Y, en segundo término, intenta promover una rebaja en la cuantía de las sanciones para las ofertantes de servicios sexuales, de modo que puedan considerarse como infracciones leves, penalizadas con multas de entre 100 y 750 euros. Es más, Cs también requiere que se apueste por la posibilidad -ya contemplada en el artículo 40 de la propia ordenanza- de conmutar el pago de dichas sanciones por la asistencia a centros de atención municipal con la intención de favorecer el abandono de la prostitución y la inclusión social.
Eso sí, de nuevo en este punto, Cs trata de diferenciar entre la ofertante y el solicitante de los servicios sexuales al plantear que la infracción sea considerada grave para el demandante de dichos servicios, con la imposición de multas de 750 a 1.500 euros. Por último, plantea que la acumulación de dos infracciones graves por parte de una misma persona, pase a considerarse infracción grave.
¿Qué recorrido tienen ahora esas alegaciones? Al cierre del plazo para su presentación, deberán pasar el filtro de los técnicos municipales, junto al resto de objeciones que puedan formular otros particulares o entidades sociales. En principio, parte de las propuestas incorporadas en las enmiendas ya suscitaron un informe de rechazo por parte de la jefatura del servicio de Seguridad Ciudadana. Así, todavía no existiría ninguna garantía de que las alegaciones puedan llegar a admitirse, según precisaron fuentes municipales consultadas. Dependerá de si tienen encaje desde el punto de vista formal y jurídico, según subrayaron.
Por lo pronto, fuentes de Cs incidieron en que el contenido de sus alegaciones contaría con el respaldo de sus socios de gobierno, el Partido Popular, y que habrían sido consensuadas con sus integrantes. Es más, según representantes de Cs, también podrían contar con el beneplácito de parte de los grupos del eje progresista que ejercen funciones de oposición. De este modo, en el caso de que acaben asumiéndose desde el punto de vista técnico, las alegaciones podrían incorporarse en el texto refundido de la ordenanza para volver a someterse a aprobación definitiva en pleno.
Será en ese momento en el que se pueda constatar qué aceptación política puede acabar teniendo la versión final de la normativa. Por el momento, el PP, con el alcalde Luis Barcala a la cabeza, la ha venido defendiendo en su redacción original, tras considerar que ya se contemplan medidas sociales a través del Plan de Inclusión. Con todo, los populares no se han descartado la posibilidad de introducir ajustes que puedan tener encaje para mejorarla. Sin embargo, el tercer partido que apoyó su aprobación en el pleno, Vox, ya ha advertido sobre su oposición en el caso de que se promuevan cambios que puedan desnaturalizar el objetivo de la norma.
