El Race Village de la Volvo Ocean Race, en la última edición con salida desde Alicante, en octubre de 2017. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Los recorridos de ida y vuelta que han tenido las distintas iniciativas parlamentarias sobre las exenciones fiscales para la Volvo Ocean Race (VOR) que se han registrado en un último mes y medio de alto voltaje político han dejado finalmente al evento deportivo con salida desde Alicante sin el atractivo de esas bonificaciones. Se trata de una exclusión que lastra su desarrollo al poner en peligro la participación privada en sus gastos de organización. Y el Consell del Botànic, que apostó por su continuidad en 2016 con la firma de un contrato por otras dos ediciones pendientes, lo sabe. De ahí que la Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV), que asume la responsabilidad sobre la cita por delegación de la Conselleria de Hacienda, esté trabajando ya en la recopilación de informes con los que convencer a la nueva ministra del ramo, María Jesús Montero, de la necesidad de enmendar el error.
Eso sí, no se trataría simplemente -como ha vuelto a reivindicar el PP- de que se reconozca a la competición como evento de excepcional interés público: la etiqueta que abre la puerta a que los patrocinadores puedan optar a esas ventajas fiscales. Se pretende que la propuesta vaya más allá y que se logre una mejora sustancial del sistema, de modo que simplifique el acceso de las empresas a esas deducciones en todos los eventos a los que se asigne esa distinción.
Así, entre otros puntos, la sociedad pública que dirige Antonio Rodes persiguiría que se rompa el vínculo necesario entre el patrocinador y el gasto en promoción publicitaria que rige hasta ahora en la Ley 49/2002 sobre los incentivos fiscales al mecenazgo. El argumento es que ese requisito ciñe la posibilidad de la colaboración económica solo a las grandes compañías con facturaciones multimillonarias que invierten año tras año sumas elevadas en publicidad. Ese límite deja fuera a las empresas de tamaño medio que no destinan tantos recursos a ese fin, pero que sí podrían estar interesadas en colaborar con eventos que se organicen en sus entornos más próximos, en los que desarrollan su actividad económica.
La tesis es, además, que el mecanismo para reconocer el gasto que cada patrocinador efectúa en cada evento es demasiado complejo como para fomentar las aportaciones. Ese sistema obliga a toda empresa a cumplir unos determinados requisitos técnicos en sus inserciones publicitarias: tiempo de aparición en pantalla, en el caso de los spots televisivos; duración del mensaje, en el caso de las cuñas radiofónicas; o dimensiones de los rótulos o banners en los supuestos de anuncios en publicaciones escritas (bien en soporte papel o bien en soporte digital).
El director general de la SPTCV, Antonio Rodes, y el conseller de Hacienda, Vicent Soler.Y, por si fuera poco, los estudios preliminares en los que ya trabaja la SPTCV para armar su propuesta abundan en que una de las últimas disposiciones acordadas por el ministro Cristóbal Montoro, a través de la resolución de la Dirección General de Tributos de 25 de enero de este año, deja herido de muerte al actual sistema de patrocinios, ya que se complica hasta el extremo los medios de cuantificación del gasto publicitario y se reduce a la mínima expresión los porcentajes de deducción en algunos de los nuevos formatos, como por ejemplo los call center (centrales de recepción de llamadas telefónicas).
En esta línea, la SPTCV trataría de plantear una alternativa más comprensible, transparente y fácil que podría pasar incluso por aplicar una bonificación directa, por un porcentaje sobre la suma total invertida en cada evento. Es decir, algo similar a lo que ya sucede a una escala más doméstica, por ejemplo, con las aportaciones a ONGs.
