ALICANTE. Quique Hernández hacía oficial este lunes lo que hasta hace unos días era un secreto a voces: el Hércules está abocado a la liquidación ante su imposibilidad para pagar de manera inmediata y efectiva los siete millones de euros que le reclama Bruselas.
No solo la política de recuperación de la Comisión Europea deja meridianamente claro que la insolvencia no puede ser un obstáculo para el cumplimiento de una decisión de recuperación y que en esas situaciones corresponde a los órganos competentes de cada Estado miembro instar la liquidación de la empresa en cuestión, también la legislación española recoge un responsabilidad imputable al consejo de administración en casos de insolvencia como el anterior, si no solicita la disolución voluntaria. Se trata de una responsabilidad civil consistente en la obligación de los consejeros de responder con su propio patrimonio de las deudas de la sociedad.
Ahora bien, aunque pueda parecer que con solicitar dicha disolución se esquivan las responsabilidades, tanto el actual consejo como los anteriores quedarán expuestos al escrutinio del administrador concursal (liquidador) de los movimientos de los últimos años, pudiéndose reabrir la pieza de calificación del último concurso: en los primeros meses de 2013, don Rafael Fuentes Devesa, magistrado titular del Juzgado de lo mercantil número 1 de Alicante, resolvía calificar como fortuito el concurso de acreedores solicitado año y medio antes por el club blanquiazul para tratar de dar salida a una deuda de 59 millones de euros, una decisión que ahora podría revisarse.