Los tres modelos de contenedores marrones que se valoraron para adquirir las 150 primeras unidades bajo el mandato del extinto tripartito, en 2017. ALICANTE. El proceso puesto en marcha por el Ayuntamiento de Alicante para implantar la recogida selectiva del residuo orgánico (los restos de comida) quema otra etapa más con un primer avance en la contratación de los contenedores específicos para su depósito. La licitación convocada a mediados de septiembre para adquirir las 2.000 primeras unidades ha atraído a tres empresas especializadas del sector interesadas en suministrarlos. Se trata de Ros Roca, Contenur y Jcoplastic Ibérica, según pudo concretarse este miércoles en la reunión semanal de la Mesa de Contratación.
El concurso partía con un presupuesto base de 2,1 millones (impuestos incluidos) en el que se admitían propuestas a la baja. Con todo, todavía se desconoce el importe de las tres ofertas planteadas, puesto que en primer término se debe informar y puntuar las prestaciones y las características de esos recipientes en la evaluación de los criterios que dependen de juicios de valor. Entre ellos, la ampliación del plazo de garantía de los contenedores, el uso de materiales reciclados en su fabricación o su elasticidad.
Además, uno de los requisitos apuntados por el equipo de gobierno (PP y Cs) y los responsables del departamento de Limpieza para la obtención de esos contenedores era que estuviesen provistos de un sistema informático para regular su mecanismo de apertura -mediante el uso de una tarjeta electrónica o de una aplicación para teléfonos móviles-, con el que se pretende favorecer el depósito responsable de los deshechos orgánicos a partir de la implantación de incentivos o bonificaciones. Con todo, colectivos conservacionistas y representantes del grupo municipal de Unides Podem EU han advertido de que en el pliego de condiciones figura la incorporación de ese sistema de identificación personal como condición postergada, y no como exigencia obligatoria, al apuntarse que los contenedores deberían estar preparados para su implantación posterior.
Sea como fuere, lo cierto es que la confirmación de que existe concurrencia empresarial en el concurso vendría a garantizar que pueda producirse su adjudicación antes de que concluya 2021. De este modo, el bipartito podría encontrar el camino despejado para que la clasificación y separación de los restos de comida pueda ponerse en marcha en el primer tramo de 2022. Eso sí, posiblemente solo con alguna primera experiencia limitada a alguna zona residencial concreta, ya que todo dependerá del stock de unidades disponible del que puede hacer uso la empresa que resulte adjudicataria del contrato. En principio, en las bases del concurso se determina que la contratista tendrá un plazo de un año para ejecutar el contrato, en previsión de que resulte necesaria su fabricación.
Además, para su implantación, todavía debe adoptarse un segundo acuerdo paralelo: la modificación del contrato que resulta necesaria para incorporar ese servicio adicional de recogida específica no prevista hasta el momento, con el consiguiente incremento de costes en un importe que no se ha concretado. Se trata de un acuerdo que el departamento de Limpieza debería promover, también, en el plazo de los dos próximos meses, después de haber despejado gran parte de los preparativos necesarios para licitar el nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos en el que se había centrado la mayor parte del trabajo de planificación. Una de las últimas fases de esa preparación es la aprobación de la estructura de costes del servicio, en la que se acaba de aprobar un incremento de los gastos relacionados con la mano de obra, como ha avanzado este diario.
