El empresario Enrique Ortiz, sobre el césped del Rico Pérez. Foto: JUAN CARLOS SOLER ALICANTE. El tripartito de Alicante parece haber dado con la tecla que permitirá que el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVF), teórico adjudicatario del estadio José Rico Pérez con permiso del recurso de Aligestión, adquiera definitivamente la plena propiedad del inmueble. No hay fórmula mágica: todo pasa por la cancelación de la famosa condición resolutoria del contrato de venta a Aligestión, que sigue pendiente de firmarse desde 2012, pese a que el anterior equipo de Gobierno, del PP, acordó hacerlo. Hasta facultó a la entonces edil de Patrimonio, Oti García Pertusa, a estampar su rúbrica.
Sin embargo, ese paso sí está ahora vinculado a un añadido novedoso: la creación de una comisión de investigación para poder precisar si las obras comprometidas por el comprador (Aligestión) con una inversión mínima de 4,2 millones se llegaron a ejecutar; por qué no se custodia la documentación acreditativa de esos trabajos en el Ayuntamiento; y si en todo ese proceso hubo alguien que pudo incurrir en delito al consentir la devolución del aval depositado como garantía de esos trabajos (un acuerdo que también se adoptó en Junta de Gobierno).
En el supuesto de que se apreciase responsabilidades, "se daría traslado a la justicia", según apuntó este martes el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, al dar a conocer los primeros detalles de esa propuesta. "Lo que está claro es que la condición resolutoria se tiene que cancelar", insistió. "El Ayuntamiento no tiene otra alternativa porque ya ha pasado el plazo límite de cinco años para tratar de revertir el acuerdo que aprobó el PP y, además, ni quiere el estadio, ni puede devolver la cantidad que se pagó por él", enfatizó (Aligestión compró el inmueble por siete millones).
La propuesta de crear una comisión de investigación surge, en realidad, de las filas de Guanyar. Fuentes del tripartito confirmaron que el vicealcalde y edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, expuso esa posibilidad a los representantes de PSOE y Compromís a principios de esta semana. Y Compromís, que -junto al rechazo de partida de Guanyar- llegó a frenar el acuerdo de cancelación de la condición resolutoria en la Junta de Gobierno de la semana pasada al albergar dudas sobre su conveniencia, la defendió, después, ante el alcalde.
¿Cuál sería ahora el escenario en estos momentos? Los tres socios respaldarían la constitución de esa comisión. Y Compromís se inclinaría finalmente por respaldar el cierre de la venta del estadio cuando la propuesta vuelva a elevarse a una próxima Junta de Gobierno. "No hay alternativa y tanto el administrador concursal como el IVF vienen reclamando que cancelemos", añadieron sus portavoces.
Con la constitución de la comisión de investigación, Compromís se inclinaría por respaldar el cierre de la venta a Aligestión
En ese caso, como viene publicando Alicante Plaza, el acuerdo se adoptaría al tercer intento, puesto que la decisión se ha llegado a caer en dos ocasiones de la lista de asuntos a tratar por el principal órgano ejecutivo del Ayuntamiento.
Eso sí, seguiría sin haber unanimidad sobre la renuncia definitiva a la posibilidad de reivindicar la titularidad municipal del estadio. En Guanyar perviven los partidarios de mantener la condición resolutoria en defensa de los intereses de la ciudad "porque está en duda el pago de 4,2 millones en obras que se debió haber recibido". "No sirve de nada que se investigue lo sucedido después de haber cedido el estadio porque entonces ya no habría nada que reclamar", insisten representantes de la agrupación electoral. "El IVF puede asumir el Rico Pérez con esa carga, sin que Alicante pierda nada, al menos hasta que se pueda certificar qué ha pasado y quién es el posible responsable", recalcan. "Sobre todo porque hasta el juez del caso Brugal estima en su auto de procesamiento que esas obras no se hicieron", abundan.
