El tripartito frena 'in extremis' el traspaso del Rico Pérez al IVF: Compromís tampoco lo ve claro

ALICANTE. El Instituto Valenciano de la Vivienda (IVF), oficioso ganador de la subasta del estadio José Rico Pérez, tendrá que esperar al menos otra semana más para poder convertirse en su pleno propietario. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el tripartito en situación de minoría compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís, sigue teniendo en sus manos la llave para completar el traspaso del inmueble: la cláusula resolutoria que todavía queda pendiente para completar la venta del coliseo a la sociedad Aligestión, en 2007, y, por tanto, el cierre de la subasta de un bien que -sobre el papel- no era 100% suyo. 

Lo cierto es que la Concejalía de Patrimonio se había propuesto cancelar ese último fleco en la Junta de Gobierno de este martes. Sin embargo, las dudas declaradas ahora en el seno del grupo municipal de Compromís en torno a esa decisión acabaron motivando la retirada de la propuesta de acuerdo, este lunes, y su aplazamiento hasta la junta de la semana que viene.

La decisión se adoptó al término de la reunión semanal de coordinación del equipo de Gobierno, reinstaurada tras la última comisión de seguimiento del pacto. Alicante Plaza pudo precisar que al menos Compromís había requerido informes adicionales para tener la certeza de que con la cancelación no se estaba produciendo ningún acuerdo lesivo para el interés público que pudiese conllevar una irregularidad con posibles consecuencias penales a título personal.

Como viene informando este diario, en realidad el transfondo del asunto es si Aligestión cumplió o no con las condiciones del contrato de compra del estadio. Entre ellas, la fundamental era la que obligaba a la sociedad liderada por el empresario Enrique Ortiz a invertir 4.275.000 euros en su reforma. Bajo la etapa de Gobierno del PP, se consideró que esos trabajos sí se habían acometido. Aligestión obtuvo licencia de obra en 2010. Un año después, la sociedad solicitó la devolución del aval depositado como garantía de esas obras. Y otro año más tarde, en octubre de 2012, los técnicos municipales certificaron la correcta ejecución de la reforma. Incluso se llegó a firmar el acta de conformidad.

Con esos informes, la Junta de Gobierno aprobó la devolución de la garantía a Aligestión e incluso prestó su consentimiento para la entonces edil de Patrimonio, la popular Oti García Pertusa, firmase la cancelación de la condición resolutoria vinculada a la ejecución de esos trabajos. Pero esa segunda parte del acuerdo no llegó a ejecutarse.

Con la llegada del tripartito al poder, la Concejalía de Urbanismo revisó todo el expediente ante la sospecha de que se pudiese haber cometido alguna irregularidad. De hecho, la venta, reforma y futuro urbanístico del Rico Pérez y su entorno figuraba en las investigaciones del caso Brugal sobre el presunto amaño del Plan General en favor de Ortiz (el propio auto por el que se cerró la instrucción y se dio paso a la apertura de juicio, el pasado enero, ponía en duda la ejecución de las obras del estadio). 

Todos los informes emitidos por la Concejalía de Urbanismo desde la llegada del tripartito al poder insisten en que no se ha podido certificar fehacientemente la realización de la reforma del estadio 

Fruto de esa revisión, Urbanismo ha emitido hasta la fecha hasta tres informes distintos que ponen en duda la ejecución de esa reforma: uno en noviembre de 2015 (en el que se alude a la falta de documentación para comprobar las obras ejecutadas), otro en noviembre de 2016 y otro en enero de 2017 (reiterado en febrero con idéntica conclusión no concluyente). En todos esos informes se insiste en que no se ha podido certificar fehacientemente la realización de esa reforma. 

En ese proceso, además, se mezcla la presentación de facturas por parte de Aligestión con las que se trata de acreditar que, en realidad, se había ejecutado trabajos por un importe mucho mayor al debido, por alrededor de 7 millones de euros. Todo, sin que el ayuntamiento tuviese constancia de esos trabajos adicionales, lo que, según sostiene Urbanismo, constituiría en sí mismo una nueva irregularidad. 

Sin posibilidad de anulación

A la vista de esas conclusiones, el grupo municipal de Guanyar (que dirige la Concejalía de Urbanismo) viene expresando desde hace meses que no comparte la decisión de saldar la venta del Rico Pérez a Aligestión sin más, aunque se admite que es una cuestión sobre la que sólo es competente la Concejalía de Patrimonio que dirige Sofía Morales (PSOE).     

Ahora, según pudo constatar Alicante Plaza, con todos esos mimbres, ha sido un último informe del Jefe de Servicio de Alcaldía el que trataba de respuesta a la petición cursada por el administrador concursal de Aligestión para que se retirase esa cláusula resolutoria sobre el estadio. Según ese dictamen, cabía levantar esa cláusula puesto que no se había podido contradecir de forma taxativa las conclusiones de los informes firmados por técnicos municipales durante la etapa de Gobierno del PP. Además, se argumenta que han pasado más de cuatro años desde que la Junta de Gobierno aprobase la devolución del aval y admitiese la cancelación de la condición resolutoria, de modo que habría transcurrido el plazo legal para tratar de forzar la anulación de esos acuerdos tras declararlos lesivos. Eso sí, en ese informe se sigue insistiendo en que sigue siendo una cuestión distinta que se pueda sancionar la ejecución de obras irregulares.

El problema es que ahora no es solo Guanyar el que expresa sus dudas sobre la operación en el seno del equipo de Gobierno. Compromís también reclama más garantías: un nuevo informe que trate de aportar la conclusión concluyente a la que no llegan los informes de Urbanismo. De lo contrario, su respaldo a la cancelación de la cláusula podría no estar garantizado. Y sin él, probablemente no prosperaría, ya que el PSOE -el partido que eleva la propuesta a través de Patrimonio- quedaría en minoría. 

En el PSOE, mientras, se insiste en que en realidad no se trata de tomar ningún acuerdo nuevo, puesto que ya está tomado desde el año 2012. Y aunque sí hay una decisión que adoptar -la de llevar a efecto la firma de la cancelación- se garantiza que la próxima Junta de Gobierno adoptará esa resolución sin problemas.