La promotora Masa acepta pagar 3,4 millones en plusvalías a Santa Pola y evita el embargo

SANTA POLA. La promotora Monte y Mar Santa Pola (Masa) ha aceptado finalmente pagar 3,4 millones de euros al Ayuntamiento de Santa Pola en concepto de plusvalías por el aumento de edificabilidad que le concedió en la zona denominada CJ-5,  en las inmediaciones de Gran Alacant. De esta manera, la empresa satisface el convenio que acordó con el consistorio en 2004 y evita el embargo de varias de sus fincas, después de que haber intentado anular ese mismo acuerdo en los juzgados en varias ocasiones. 

En diciembre de 2017, el juzgado ya desestimó sus pretensiones de intentar no asumir el pago de las plusvalías. La firma de Justo Quesada  reclamaba que se anulara tanto el convenio suscrito entre las dos partes, al considerar que era contrario a derecho, como el acuerdo del pleno del Santa Pola, de fecha 13 de julio de 2004, por el cual el ayuntamiento se comprometía a aumentar la densidad del sector urbanístico y por lo tanto a aumentar el números de viviendas proyectadas. La promotora sostiene que el cambio legislativo sobre urbanismo producido con posterioridad, con la entrada en vigor de la LUV, hacía imposible tanto cumplir el objetivo del convenio como la causa.

Pero el juez le recordó a la promotora que había tardado hasta 2015 en solicitar la resolución del convenio y que no había acreditado que se hubiera modificado el PGOU, por lo tanto, el demandante no había acreditado la pérdida del objeto del convenio. El juez también justificó la causa del convenio: por una parte, el ayuntamiento aumentaba la oferta de viviendas en el municipio y se conseguía una plusvalía de seis millones, y por otra, la promotora lograba un aumento de edificabilidad y, por tanto, de los beneficios con la venta de las viviendas. En el caso del convenio, se hablaba de 4.800 euros por vivienda.

Ante la negativa del sociedad de Jesús Quesada asumir la oferta que le había hecho el consistorio, de pagar 2,5 millones de euros -finalmente la deuda quedó fijada en 3,4 millones, pues la empresa ya había aportado 2.550.000 de euros- se inició el proceso de cobra el resto de la deuda, por vía ejecutiva: el Ayuntamiento de Santa Pola solicitó el embargo de varias fincas por ese valor para pode cobrar.

Y ante esta medida, la promotora reaccionó y aceptó el pago, una vez visto que no lograba su fin ni por la vía administrativa ni por la judicial. En la administrativa, el PP, ahora en la oposición, pero en el gobierno desde 2003 hasta 2015- solicitó en 2015 la nulidad del acuerdo entre el ayuntamiento y Masa alegando que las crisis económica había impedido a la empresa construir todas las viviendas proyectadas y, por lo tanto, conseguir todas las plusvalías.

Pero desde 2008, la interventora del consistorio reclamaba al equipo de gobierno de turno -hasta 2015, del PP- que iniciara el proceso del cobro. Y eso es lo que hizo el actual cuatripartito que ahora gestiona el consistorio: iniciar el proceso de cobro. Ahora, la empresa no sólo no lo ha aceptado, sino que además ha solicitado el pago fraccionado, a razón de 154.000 euros durante 48 meses pero con pagos bimestrales. En total, 3,7 millones de euros es la cantidad que se devolverá incluyendo los intereses. De no haber iniciado el proceso, la deuda habría prescrito en 2019.