Pleno en el Centro de Congresos / RAFA MOLINA ELCHE. En el pleno del lunes fue una cuestión que se tocó colateralmente, pero dará que hablar en los próximos días y previsiblemente en los próximos plenos. Tras la anomalías, "irregularidades" para la oposición por las incidencias en los contratos menores, subvenciones y convenios; otrora 'reparos', el Partido Popular ha aprovechado la situación de la edil de Transparencia Puri Vives, que reconoció en el pleno con sus declaraciones no haber puesto en la declaración de bienes todo el pasivo que correspondía, para más INRI, a pesar de ser concejal de Transparencia —según explicó, no sabía que debía figurar—, para poner el grito en el cielo por las declaraciones de otros ediles.
Una situación, la de declaraciones idénticas en las que reparó el diario Información, cosa que aprovechó para denunciar el PP este martes, ya que ediles como Héctor Díez, Mariola Galiana, Mariano Valera o María José Martínez, publicaron lo mismo en el pasivo en 2020 y en 2021, "sin modificarse un solo céntimo". La misma situación por otra parte de la edil de Vox Aurora Rodil, a quien el PP omitió en su comunicado, para no tocar aliados tácticos en la oposición y solo al equipo de gobierno, y a la que añadieron que la edil de Cultura Marga Antón: "Declara que percibe al año 15.600 euros cuando el sueldo de un concejal del equipo de gobierno ronda los 43.000 euros anuales”.
Un contexto espoleado por el embargo de la nómina de la edil Puri Vives, a quien se notificó en el BOE públicamente dado que una de la media docena de notificaciones entregadas no llegó a su domicilio —cosa por otra parte a la que no respondió en el pleno—, y que el PP calificó como nada "ejemplar" a pesar de ser personal, al no haber incluido en la declaración de bienes todo su pasivo, que podría llegar a los 300.000 euros —según el PP— por un aval a empresas de su marido y un préstamo bancario que según fuentes municipales sí figuraba. Así, la concejal pidió perdón tras ser forzada a comparecer públicamente, y aseveró que no sabía que debía figurar dicha cantidad, cosa que corrigió el lunes a primera hora ante el secretario.
Siguiendo esa línea, son varios los concejales que han reflejado la misma cantidad en el pasivo o el activo o que no han declarado toda la actividad que generan. "Un hecho gravísimo" según el PP, y además un hecho objetivo. Fuentes municipales justifican estas inconcreciones por la laxitud de este documento. Normalmente, estas declaraciones de bienes son clave sobre todo al principio y final de legislatura, con el objetivo de comparar si cuando un edil entra y sale de la administración, se ha enriquecido con algún bien o patrimonio no declarado. Algo que por otra parte no se ha conocido a día de hoy. En la actualidad, anualmente el Secretario municipal entrega a la corporación un formulario modelo en el que hay una cierta laxitud, en cuanto a que a no ser que un o una edil haya adquirido una vivienda, coche, herencia o un bien relevante, se permite mantener la declaración como está, bajo la responsabilidad propia.
No obstante, esta especie de libre albedrío, que no es excluyente de poder rellenar la declaración de bienes completa si uno quiere, no deja de ser la causante de este tipo de situaciones. Al menos en parte, porque deja a voluntad de cada concejal, el confirmar que no ha habido cambios sustanciales con respecto al desempeño como cargo público. Lo que genera obvios problemas de saber si uno está diciendo la verdad o no. En este sentido, con ese formulario con el que la Secretaría prepara el documento para el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), se genera este 'eterno' debate sobre si poner con luces y taquígrafos una variación pequeña del sueldo o no dependiendo de si alguien asciende a portavoz adjunto, si entra a formar parte de alguna comisión o consorcio, o si no ha asistido a algún pleno, por ejemplo, o si se ha actualizado el sueldo. Entre las recientes, en 2020 se aprobó congelar los salarios de los ediles de la subida funcionarial del 0,9%.
Precisamente esta laxitud hace que por ejemplo no todo el mundo refleje la retención del IRPF que se le hace cada año, porque puede ser variable, lo que puede aparentar que uno cobre menos si elige una mayor retención aunque tenga una dedicación exclusiva y varias responsabilidades; o que algunos pongan el sueldo en neto y no en bruto, que es lo recomendable para saber la cantidad 'base'. Por ejemplo Pablo Ruz (PP) cobra como senador 86.004,80 euros según el portal de Transparentia, pero en su declaración de 2021, en 'Actividades' figuran 71.429 euros y en 2020 50.400 euros; Carlos González (PSOE) como alcalde 64.964,90 euros mientras que en su declaración figuran 45.796,10 euros; Juan de Dios Navarro (PP), diputado provincial con dedicación exclusiva, cobra brutos de la Diputación 69.817,16 euros, mientras que en su declaración figuran 38.704,96 euros; y luego ediles con dedicación exclusiva como Patricia Macià (PSOE) y Vicente Alberola (PSOE), o Felip Sànchez (Compromís), Esther Díez (Compromís)... tienen en sus declaraciones cifras inferiores a los alrededor de 47.000 euros que cobran anualmente del Ayuntamiento. O casos como el de la edil de Ciudadanos Eva Crisol, que cobra desde finales de 2020 la dedicación exclusiva, es decir 47.752,6 euros, pero en en su declaración de este año figuran 35.853,75 euros.
Por tanto, la situación varía año a año dependiendo de cada situación personal: herencias, nuevas dietas, retenciones, subidas de sueldos, dedicaciones que cambian, o más sencillo, unos declaran emolumentos en bruto y otros en neto. Un conjunto de variables que obviamente no todo el mundo conoce dado que es una cuestión personal. Lo que queda claro es que no todas las declaraciones son homogéneas dado que cada uno decide qué incluir y con qué precisión. Algunas fuentes señalan que por ejemplo en estas declaraciones genéricas algún concejal incluye el valor de compra del coche y no la estimación venal que se exige con el valor actualizado con kilometraje, cilindrada... O no se retrata el saldo medio de las cuentas bancarias, otra cuestión que declarar en el Activo. De hecho, es obvio que no actualizan datos, dado que en el extraño caso de que se tenga el mismo pasivo de un año a otro, en el apartado de otros bienes, es decir, donde se incluye el dinero en la cuenta corriente, varios ediles presentan exactamente el mismo en 2020 y 2021, lo cual roza casi lo imposible. Así, un cúmulo de circunstancias que dificultan las tareas de fiscalización o que simplemente se desconocen. Pero para poder analizar cada caso hace falta una información que no todo el mundo puede disponer.
En definitiva, las declaraciones de bienes que se publican en el BOP suelen suponer un totum revolutum porque cada cual pone lo que le place, comprometiéndose de facto con el Secretario a que no ha habido ningún cambio sustancial a cuando entró. De lo contrario, esto sí debe figurar, que puede es el caso del pasivo de Vives por ser un monto considerable. Un hecho del que se debe analizar si reviste mayor gravedad o no, para el PP, sin duda sí. Luego hay otros casos como el de la edil Marga Antón que en actividades ha declarado 15.600 euros, tanto en 2021 como en 2020, cuando su dedicación exclusiva es de algo más de 43.000 euros. La concejal justifica que lo ha hecho todo de acuerdo a la declaración de la renta en Hacienda y que no está preocupada si se revisa, además de que no tiene hipotecas ni por tanto pasivos que varíen. Sin embargo, esos 15.600 euros de ingresos corresponden a su sueldo percibido antes de entrar como concejal en 2019, pero por ejemplo no se ha actualizado la cifra en 2021, cuestión que en todo caso afirma no manejar al no contar con un gestor específico. Un ejemplo, entre otros, de cómo funcionan estos mecanismos anuales.
Sea como fuere, según ha podido saber este medio, dado que es entre septiembre y octubre cuando se publican estas declaraciones y se piden, aprovecharán seguramente previsiblemente para actualizar estos documentos. Que algunos movimientos, más o menos pequeños no se han declarado en este documento es un hecho, el cual el PP califica de "gravísimo" y de falsedad en documento público; en ese sentido, si la ley obliga a ese nivel de minuciosidad, es materia susceptible de juzgados. Por contra, también es cierto que hay conformidad con una declaración de 'buena fe' a modo de las declaraciones responsables y se da la opción de que queden iguales si no hay cambio sustancial. A no ser que uno abandone la corporación y se deba comprobar si ha existido un enriquecimiento oculto, que no deja de ser el motivo por el que se impulsan estas medidas. En resumidas cuentas, un contexto total que se debe conocer para analizar situaciones complejas y difíciles de medir. Y por supuesto, más o menos escandalosas; según se mire.
