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La Plataforma por la reversión del Vinalopó: "La prórroga de la concesión podría ser prevaricación"

12/04/2024 - 

ELCHE. La Plataforma por la Reversión del Hospital del Vinalopó ha asegurado este viernes en rueda de prensa que jurídicamente "no está claro que la Generalitat Valenciana pueda prorrogar el contrato a la empresa concesionaria del Departamento de Salud del Vinalopó Elche/Elx-Crevillent" y ha vuelto a exigir la reversión a la gestión pública de la sanidad de los habitantes de las comarcas del Bajo y Medio Vinalopó. 

Paqui Ortiz, integrante de la Plataforma por la Reversión, se ha referido a la desigualdad que sufre la ciudadanía de Elx, Crevillent, Aspe, Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes al ser el único departamento por revertir a la gestión pública: “Todos los departamentos que tenían la gestión privatizada han vuelto a la gestión pública como Alzira, Torrevieja, Denia y, en breve, Manises. Que nuestro departamento sea la excepción supone un gran agravio comparativo”. 

“Los pacientes de este departamento sufrimos problemas continuados de largas esperas para ser atendidos, fuga de profesionales y gran rotación del personal por el menor número de personal para más pacientes. Además, también pedimos la reversión para que mejoren las condiciones laborales de los profesionales, que necesitan más manos, queremos cuidar de las personas que nos cuidan”, ha asegurado Ortiz.

Para Ortiz “la Plataforma no entiende cómo el Gobierno valenciano no comunica la reversión del Departamento de Salud de Elx-Crevillent y quiere continuar con la concesión a Ribera Salud cuando no hay viabilidad jurídica asegurada”.

La plataforma ha estado acompañada en la concentración a las puertas del Hospital del Vinalopó, a la cual han acudido más de 200 personas, por la Plataforma de Defensa de la Sanitat Pública del País Valencià, así como la Plataforma por la Sanidad 100x100 Pública y de Calidad de Torrevieja y la Plataforma Ciudadana para la Defensa de la Sanidad Pública de Manises, todos ellos, departamentos de salud que, o bien han sido ya revertidos a la gestión pública o están al punto de hacerlo como es el caso de Manises. También han estado presentes otros movimientos como Marea Blanca País Valencià Comarques del Sud, ACDESA, representantes de sindicatos, de asociaciones vecinales y de partidos políticos.

Han acudido a mostrar su apoyo a los pacientes del único departamento en manos de una empresa privada en toda la Comunitat Valenciana y a realizar una jornada por la tarde para explicar la importancia de contar con una sanidad cien por cien pública y de calidad. La jornada será a las 18 horas en el entorno del centro cívico Francesc Cantó en Carrús. 

Posible prevaricación

En este sentido, Aurelio Duque, de la Plataforma per la Sanitat Pública del País Valencià ha explicado que “prorrogar la concesión a Ribera Salud no es viable jurídicamente, sería incurrir en posibles irregularidades porque sería necesario cambiar las condiciones del contrato, que tiene una vigencia de 15 años. En el contrato no hay previsión para más tiempo y se contemplan aspectos como las inversiones y la amortización de las infraestructuras. Es obligatorio cambiar las condiciones del contrato y una vez se cambian las condiciones del contrato, desde el punto de vista legal podría considerarse prevaricación porque tendría que salir a concurso de nuevo. Sería un problema jurídico serio que podría llevarse a los Tribunales”. 

Duque ha afirmado que “las autoridades están intentando prorrogar a sabiendas que hay carencias y deficiencias estructurales en la plantilla en cuanto a ratios, a inversión, a listas de esperas, etc. Esta es una concesión en contra de los intereses de la ciudadanía, en contra de los intereses de la sanidad pública y, sobre todo, de los profesionales sanitarios que trabajan en este departamento, el único que queda privatizado y por eso pedimos que se revierta”. 

También Daniel Geffner, médico, miembro de ACDESA y también integrante de la plataforma autonómica por la sanidad pública, se ha referido al modelo Alzira de concesiones sanitarias, “un modelo que afectó a casi un millón de valencianos y valencianas, al 19% de la población y, que hoy por hoy, quedará solo el Departamento de Salud Vinalopó con estas características. 

Para Geffner, “este modelo ha supuesto en la práctica su fracaso, un fracaso que se debe a los contratos que han sido un traje a medida de las empresas amigas, las concesionarias, que han sacado ganancias de un modelo de concesión muy claro: menos plantillas, menos condiciones laborales, pocas camas y la renovación de infraestructuras y nuevas tecnologías deficitaria. Un modelo que la sindicatura de cuentas ha revelado que tiene carencias importantes y es un modelo no controlable, no lo ha controlado ningún gobierno ni el de ahora ni el del Botànic, fue un defecto de los contratos porque quien dirige la sanidad aquí es Ribera Salud y no la conselleria”. 

“Un caso llamativo fue cuando en plena pandemia Ribera Salud sacó a profesionales del Departamento de Salud Elx-Crevillent para llevarlos a Madrid a hacer negocio con pruebas de laboratorio. Cuando la empresa privada entra en la sanidad pública sus intereses no son defender el derecho a la salud sino garantizar sus beneficios que les interesa seguir teniendo. Defendemos una sanidad pública donde el derecho a la salud de los ciudadanos figure como un derecho fundamental, un sistema de salud con calidad, equidad y garantías, no uno que se privatice porque cuando entra el interés comercial por la puerta, la calidad sale por la ventana”, ha asegurado Daniel Geffner.

Así mismo, han comparecido Manuel Gómez junto a Eva de la Fuente, de la Plataforma por una sanidad pública 100x100 de Torrevieja, un departamento de salud revertido en 2021 y que estaba "sinergiado" con el Departamento de Salud de Elx-Crevillent. 

Según ha dicho Gómez, “hemos venido a aportar nuestra experiencia de Torrevieja, un proceso de gestión de 15 años privatizado del cual no se pasa página de la noche a la mañana. Hemos duplicado la población y contamos con los mismos recursos, no ha habido inversiones en infraestructuras ni en atención primaria ni especializada ni en el hospital. Hay 1’3 camas por cada 10.000 habitantes, se trata de la tercera parte de la media nacional. Tenemos un hospital colapsado, con largas colas de espera y sin consultas por especialidades.”

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