ELCHE. La Plataforma solicita a los diferentes gobiernos de las Comunidades Autónomas que definitivamente habiliten la entrada de los familiares en las residencias sin las limitaciones “salvajes, inhumanas e ilegales” que señalan viene soportando este colectivo social y las usuarias de estos centros, una vez sustanciada la vacunación masiva en los 5.500 geriátricos repartidos por el Estado español, y una vez concluidos también los estados de alarma. Asimismo, piden a la Fiscalía General del Estado y a las Fiscalías Superiores autonómicas que investiguen si se están vulnerando derechos fundamentales y constitucionales en las restricciones marcadas por las administraciones y empresas geriátricas en el acceso de las familias a las residencias.
Esta plataforma, en la que está la ilicitana Adbar, que estuvo denunciando en plena pandemia todos los problemas en la Residencia de Altabix, asevera que las residencias de mayores y dependientes en España viven "una situación incongruente, contraria a la lógica. Hoy, en la mayor parte de las Comunidades Autónomas, solo se permiten 3 horas de visitas semanales como media, con territorios como Catalunya o Andalucía con una sola visita semanal, un régimen similar al que se desarrolla en las prisiones".
Esta última comparación no solo es un símil, aseguran que muchos usuarios y sus familias utilizan la expresión “encarcelados” para referirse a la situación alarmante de suspensión de las libertades que soportan los residentes. En julio de 2020, "con buenos datos en cuanto al contagio en la población, pero sin vacunación y sin seguridad en el futuro más próximo", declaran, los ‘planes de reactivación’ de los centros residenciales que habían suscrito entonces las administraciones permitían una mayor apertura de las residencias, posibilitando incluso visitas diarias dependiendo de la evolución epidemiológica. "Una situación que choca radicalmente con las actuales limitaciones y un retroceso comparativo inexplicable", arguyen.
Por ello piden la intervención garantista e investigadora de las Fiscalías, como así lo determina su función tuitiva en cuanto a la vigilancia del respeto a los derechos de las personas mayores, sobradamente pisoteados por empresas operadoras y administraciones. "Más allá de la pandemia, las personas que viven en residencias no están siendo tratadas como ciudadanos de pleno derecho. Las medidas limitadoras de sus libertades que están adoptando administraciones y empresas operadoras suponen un duro golpe a la dignidad, autoestima e igualdad de derechos de estas personas sumamente vulnerables", concluyen.
