La permuta entre Elche y Clarisas por el convento: el uso cultural se circunscribía a un compromiso político

ELCHE. La situación con el Convento de la Merced tras el proyecto presentado por un grupo de promotores para hacer del mismo un hotel sigue generando nuevos capítulos. Este martes, el Partido Popular hacía público el convenio por el que el Ayuntamiento acordó la permuta con las monjas Clarisas en 2004 y que acabó en la cesión del inmueble en Eres de Santa Llúcia al Consistorio en 2007, a cambio de que este construyera un nuevo convento junto a la margen izquierda del río (lo que costó 2,7 millones de euros). Según el acuerdo que se firmó entre ambas partes, el uso cultural era un compromiso político del que el equipo de gobierno de entonces Diego Macià manifestaba su interés por este uso. 

Al principio del documento, en pleno del 26 de abril de 2004 se aprobó la adquisición del mismo debido a que al ser un convento de clausura impedía la visita "y demás uso general por la ciudadanía", añadiendo que la finalidad era tanto conservarlo "en óptimas condiciones", como de "implantar en el mismo usos de orden cultural que, al tiempo de poner en valor el edificio, comporten su apertura al disfrute público". Asimismo, ya entrando en el convenio, en la reunión entre ambas partes y a modo de preámbulo, se vuelve a señalar que "Desde el Ayuntamiento se ha manifestado su interés en disponer del citado edificio como recinto cultural del municipio", y en un siguiente punto, que la permuta se realiza "en orden a satisfacer ambos intereses" (el otro era que la Comunidad de Monjas Clarisas quería cambiar de ubicación porque por el ruido de la zona no se reunían las condiciones como convento de clausura). 

Ya en la parte de lo convenido entre ambas partes, sobre el uso tan solo se apunta que "las partes convienen expresamente que el uso que el Ayuntamiento va a hacer del mismo, así como las actividades a desarrollar en él en el futuro y en cualquier circunstancia, no supondrán en modo alguno motivo de escándalo o infracción de los principios rectores desde el punto de vista de la Iglesia Católica". Sobre reclamaciones al cumplimiento del convenio se someterán a los juzgados y tribunales de Elche. 

Así pues, en los acuerdos finales y concretos sobre el convenio, no había una cláusula que se refiriera al uso cultural, aunque sí una manifestación por parte municipal en los preámbulos que la voluntad era para uso cultural. Un compromiso político que se anunció en su momento con la permuta. En cualquier caso, a efectos de la actual situación puede ser algo secundario habida cuenta de que en política, donde dije digo, digo Diego, como se ha visto estos tiempos con casos como el del Mercado Central y el provisional. No obstante, sí es cierto que en esos preámbulos del convenio a modo de declaración de intenciones, queda reflejado el uso cultural. Y con esos fines se aprobó de hecho en sesión plenaria en 2004. Aunque desde luego, ni fue la primera ni sería la última vez que no se cumple o que se incumple un acuerdo de pleno. Esta legislatura son numerosos los ejemplos. 

También se dotó a las Clarisas de 150.000 euros para bienes muebles en el nuevo Monasterio

Como dato curioso, además de los 2.719.000 euros que costó a las arcas municipales la construcción del nuevo convento, el convenio muestra que el Ayuntamiento, como prestaciones adicionales, entre otras, pagó 150.000 euros a las monjas para dotar de bienes muebles el nuevo Monasterio. También se acordaba el traslado de restos "en la forma legalmente establecida, del cementerio de monjas existente en el actual Monasterio". Todos los bienes muebles del antiguo convento de La Merced también fueron retirados por las hermanas, "permaneciendo en su plena propiedad", para trasladarlos al nuevo junto al río. De este traslado se encargó también el Consistorio. 

El PP vuelve a cargar contra el proyecto

Por su parte, además de mostrar el convenio de la permuta, la formación de Pablo Ruz comparecía en el claustro del convento para exhibir su postura, "no es una colaboración público-privada, es una privatización", señalaba el portavoz, criticando que "sea un gobierno de izquierdas quien pretenda privatizar un edificio milenario". Cargaba duramente contra PSOE y Compromís por la gestión y sus declaraciones realizadas contra la privatización durante los últimos años, mencionado las camisetas de la formación verde. "¿Dónde está Compromís y sus camisetas denunciando la venta de nuestro patrimonio?", inquiría Ruz, afirmando que fue durante el mandato de su partido cuando se hizo la única inversión en el espacio para recuperar parte del mismo como uso cultural, así como la apertura de otros espacios como la Calahorra o la Torre de Vaíllo. 

Añaden desde el PP que su intención es llegar hasta donde haga falta desde el ámbito político e institucional, aludiendo a que varios colectivos ya han mostrado su contrariedad al proyecto, y que ellos lo harán desde su posición política. "Iremos a la Conselleria, al Ministerio o al Instituto de Patrimonio Cultural de España si es preciso", indicaba el edil. En cualquier caso, reconocía Ruz que no pueden buscar otra vía (como la judicial), por lo que la búsqueda de estas instituciones consistiría en convencer de su postura. Y estos proyectos de uso hotelero en patrimonio eclesiástico o militar tampoco son novedosos, además que alguna de esas administraciones, como la autonómica, tendrá que pronunciarse porque el inmueble se encuentra en la zona del casco histórico, Bien de Interés Cultural (BIC). 

¿Por qué se tuvo que devolver la segunda subvención?

Por último, aunque ahora se vuelve a poner de relieve el convenio por la permuta, también se perdieron dos ayudas, una con el Ejecutivo de Alejandro Soler y otra con el de Mercedes Alonso —para el Museo de la Festa y el Centro de Envejecimiento, respectivamente, aunque este segundo era también idea de Soler—, aunque Ruz justifica que se devolvió la ayuda "porque concluía en 2012, y nosotros llegamos en 2011. En un año fue absolutamente imposible" y añade que intentaron salvar la subvención con el ministro también del PP José Manuel Soria. "Fue imposible materialmente acometer la rehabilitación, sacar pliegos, adjudicar... Licitar el proyecto en definitiva. Fue un proyecto de Soler, ¿dónde está aquél Soler, o hay dos Soleres? Nosotros hicimos lo que pudimos, no teníamos ni un céntimo más que para pagar deuda contraída por ellos".