El gerente del Patronato Municipal de Vivienda, Gaspar Mayor, junto a la exconcejal de Vivienda por Guanyar, Julia Angulo, en una imagen de archivo.ALICANTE. Los cuatro grupos políticos que ejercen labores de oposición en el Ayuntamiento de Alicante abogan por dar continuidad a la comisión de investigación sobre los contratos irregulares del Patronato de Vivienda con los que se ejecutó la reforma de un local municipal de la calle Cisneros como sede provisional de la Concejalía de Juventud. PSOE, Guanyar, Ciudadanos y Compromís consideran que el contenido del informe elaborado por la Asesoría Jurídica Municipal no es una conclusión definitiva sobre el alcance de dichos encargos, si no un elemento más a tener en cuenta para esclarecer si se trocearon los encargos para eludir la convocatoria de un concurso público y si, en ese caso, corresponde depurar responsabilidades políticas o legales sobre lo sucedido.
Así, los representantes de los cuatro grupos políticos acudirán el próximo lunes a la segunda sesión de la comisión con el objetivo de escuchar las explicaciones de los comparecientes que se acordó convocar en la reunión constitutiva de dicho órgano de fiscalización, hace un mes. Se trata de los cuatro técnicos principales que tuvieron algún grado de participación en las contrataciones que se analizan: el interventor municipal que fiscalizó el expediente y advirtió de supuestas anomalías por la elaboración de tres encargos distintos; el gerente del Patronato que impulsó el procedimiento y firmó el decreto de adjudicación de las obras; la arquitecta del mismo organismo autónomo que elevó un informe requiriendo el ajuste del presupuesto de los trabajos tras el informe de advertencia del interventor; y el secretario municipal, que también lo es del propio Patronato.
Un día después, el martes 19, será el turno de los concejales que, de algún modo, intervinieron (o debieron haber intervenido) en ese expediente. Así, comparecerán la edil de Guanyar, Marisol Moreno (responsable de Juventud en ese momento); su compañera de filas, Julia Angulo (entonces, edil de Vivienda); la socialista Sofía Morales (su sucesora en esa concejalía a partir del 15 de noviembre), y el popular Israel Cortés (el titular actual del área, desde que asumió las competencias el pasado mes de abril).
Fuentes del equipo de Gobierno, del PP, apuntaron que, como mínimo, la sesión de la comisión del próximo lunes sigue en pie en los mismos términos en los que se acordó en enero. En esta línea, señalaron que será el conjunto de sus participantes quienes decidan en esa reunión qué rumbo debe adoptarse a partir de ahora, después de que el dictamen de la Asesoría Jurídica municipal diese por descartada la existencia de un posible fraccionamiento. Como ha contado Alicante Plaza, en ese informe sólo se apunta la existencia de un procedimiento anómalo que no debería repetirse, en la medida en que los trabajos se encomendaron desde el Patronato de Vivienda sin la autorización expresa previa del órgano gestor correspondiente: en este caso, la propia Concejalía de Vivienda.
Igualmente, en ese dictamen se detalla que la suma de los encargos formalizados no excedió ni en global ni por separado el límite legal de los 50.000 euros establecido para los contratos de obra de carácter menor (de adjudicación directa). En concreto, detalló que la reforma se ejecutó por 40.909 euros y que la instalación de una plataforma elevadora -que correspondería a un contrato de suministro de servicio- se concertó por otros 8.854 euros.
Además, la Asesoría Jurídica también apuntó en su análisis que se pidieron tres presupuestos distintos para el primer encargo y dos para el segundo. Por último, subrayó que dichos contratos podían tramitarse de manera independiente, sin que ninguno de ellos necesitase del otro, por lo que no constituían una unidad funcional.
Con todo, fuentes municipales consultadas por este diario apuntaron que, en realidad, dicho dictamen se habría elaborado sin revisar todos los contratos que integraron el expediente en su partida. En concreto, las mismas fuentes señalaron que en el informe no se habría considerado el abono de honorarios profesionales por lo que se habría obviado que el montante total del gasto, al menos en un principio, sí superaba el límite de los 50.000 euros (sin IVA) lo que debería haber obligado a convocar una licitación pública para los contratos de obras. Según las mismas fuentes, tras la advertencia del interventor, el abono de esos honorarios quedaron excluidos.
