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comisión sobre el presunto fraccionamiento en el patronato de alicante

La investigación de los contratos bajo sospecha de Vivienda: técnicos y ediles declararán en un mes

17/01/2019 - 

ALICANTE. Arranca la investigación sobre los contratos presuntamente irregulares encargados desde el Patronato Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Alicante en noviembre de 2017 en los que, según un informe del interventor municipal, se pudo incurrir en un supuesto fraccionamiento a través de tres adjudicaciones distintas. Y en ese arranque oficial, con la constitución de dicha comisión este mismo jueves, ya se ha establecido una primera relación de comparecencias de funcionarios y políticos, fijadas para dentro de un mes.

En esta primera sesión, los representantes de los cinco grupos políticos con representación municipal (PP, PSOE, Guanyar, Ciudadanos y Compromís) que componen la comisión han acordado requerir formalmente la emisión de un informe a la Asesoría Jurídica municipal en el que se valore el proceso de encargo de esas obras, por un importe global de 56.558 euros. Esos trabajos consistían en la reforma y acondicionamiento de un local propiedad del propio Patronato en la calle Cisneros como sede provisional de la Concejalía de Juventud, tras el cierre ordenado por el Servicio Municipal de Prevención de Riesgos Laborales sobre el inmueble del Centro 14. 

Ese dictamen jurídico -que, en principio, el equipo de Gobierno del PP ya habría solicitado el pasado diciembre- debe estar terminado y disponible para su estudio en el plazo de un mes, cuando se prevé celebrar la segunda sesión de la comisión. Además, también se resuelto que se facilitará a todos sus miembros una copia del expediente completo sobre los hechos analizados en el plazo de una semana.

Además, se ha aprobado la petición de comparecientes para que expliquen el procedimiento seguido y sus conclusiones al respecto desde sus distintas funciones. Esas comparecencias se producirán entre el 18 y el 19 de febrero. En primer lugar, se ha convenido que el día 18 se produciría la declaración de cuatro funcionarios: el interventor municipal que fiscalizó el expediente; el gerente del Patronato que impulsó el procedimiento de contratación; la arquitecta del mismo organismo autónomo que elevó su informe al respecto; y el secretario municipal, que también lo es del propio Patronato.

Un día después, el 19 de febrero, será el turno de los concejales que intervinieron en ese expediente. Así, comparecerán la edil de Guanyar, Marisol Moreno (responsable de Juventud en ese momento); su compañera de filas, Julia Angulo (entonces, edil de Vivienda); la socialista Sofía Morales (su sucesora en esa concejalía a partir del 15 de noviembre), y el popular Israel Cortés (el titular actual del área, desde que asumió las competencias el pasado mes de abril). Moreno fue quien requirió una solución al Patronato tras el cierre del Centro 14; Angulo autorizó la disposición presupuestaria para que se ejecutasen las obras; durante la etapa de Morales, la gerencia del Patronato contrató las obras y Cortés firmó la propuesta de pago formulada desde el organismo autónomo para poder pagarlas, sin que ese abono se haya producido todavía. 


Todos los grupos políticos han coincidido en la necesidad de que los hechos analizados se esclarezcan antes de que termine el actual mandato. "Lo que queremos es que todo esto se aclare cuanto antes, sin que lo que haya podido suceder acabe dilatándose y diluyéndose", según ha concretado la portavoz del PSOE, Eva Montesinos. Su homólogo de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, además, también ha señalado que, el esclarecimiento de los hechos, queda al margen de que se autorice el pago de los trabajos efectivamente realizados, mediante la aprobación de un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito "completamente aséptico, sin que se entre en valoraciones".

El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, por su parte, ha mostrado su extrañeza por el hecho de que el presidente de la comisión, el edil José Ramón González, no haya sabido concretar si se había solicitado ya el informe jurídico requerido sobre los contratos de Vivienda. Además, ha vuelto a recordar que el equipo de Gobierno del PP, todavía no ha convocado la comisión de investigación sobre los contratos encargados de manera directa a las empresas vinculadas a sus exasesor municipal, cesado por un supuesto de incompatibilidad en otra contratación pública.

La líder de Cs, Yaneth Giraldo, ha señalado que "estos cuatro años de mandato pasarán a la historia local por la falta detransparencia y control en las contrataciones, asunto que ha provocado hasta la caída de un alcalde”, en alusión al llamado caso Comercio, que precipitó el procesamiento del socialista Gabriel Echávarri. A propósito de la sesión de inicio de la Comisión de Investigación sobre el Patronato de la Vivienda, la edil ha recordado "cómo el tripartito casi se rió en nuestra cara cuando exigimos en un pleno que se elaborara una instrucción reguladora para homogeneizar los criterios de contratación, incluidos entes autónomos y patronatos, algo que seguimos viendo más necesario que nunca". Con respecto al Patronato de la Vivienda, la portavoz de la formación naranja ha matizado que "hay que aclarar todos los extremos que han salido a relucir y que apuntan a un presunto fraccionamiento de la contratación, esquivando la ley".

González, por último, ha concretado que ya se había solicitado ese informe jurídico y ha destacado la predisposición de todos los grupos políticos para que se esclarezca el procedimiento de contratación. El edil ha recordado que la comisión de investigación se constituyó a instancias de una moción del propio PP. En un comunicado posterior, fuentes municipales han señalado que la intervención del actual equipo de Gobierno se ha limitado a "constatar que existe una obligación de pago, reconocida por todos los grupos políticos, por unas obras realizadas y plantear que ese pago se efectúe vía reconocimiento extrajudicial de crédito". Cuando se anunció la moción para crear la comisión, la portavoz municipal del equipo de gobierno María Carmen de España señaló que "ni hemos tenido que ver en cómo se formalizó la contratación, ni hemos impulsado ese expediente y tampoco hemos sido nosotros los que hemos ignorado las advertencias del interventor".

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