Los representantes de los grupos políticos con representación municipal, en la comisión sobre Santa Faz. ALICANTE. El Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alicante, compuesto por 8 concejales en una corporación de 29 ediles, da un segundo paso respecto a la constitución de comisiones municipales aprobadas por la mayoría del pleno entre los meses de noviembre y diciembre. Después de poner en marcha la comisión específica que debe estudiar las posibilidades legales de revertir la propiedad del Caserío de Santa Faz en favor del Ayuntamiento, la semana pasada, llega el turno de la comisión de investigación sobre los contratos concertados en el Patronato Municipal de Vivienda para acometer la reforma de un local de su propiedad como sede provisional de la Concejalía de Juventud, tras el cierre de las instalaciones del Centro 14 ordenado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del propio Ayuntamiento.
Se trata de trabajos por un importe superior a los 50.000 euros que se encomendaron en noviembre de 2017 a través de tres encargos distintos, lo que propició un informe de advertencia del interventor municipal en el que apreciaba la posibilidad de que se hubiese cometido un supuesto fraccionamiento de contratos. Ese informe llevó a los responsables del Patronato a modificar los encargos, de modo que el importe final de las obras no superase los 50.000 euros.
El momento en el que se produjo esa contratación coincidió con la ruptura del ya extinto tripartito de Alicante, compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís tras las municipales de mayo de 2015. Hasta noviembre de 2017, la titular de la concejalía de Vivienda era la edil de Guanyar, Julia Angulo, quien cedió el testigo a la socialista Sofía Morales, cuando se produjo el abandono del Gobierno por parte la ya citada plataforma electoral, liderada por Esquerra Unida (EU).
La comisión investigación sobre la materia, planteada por el equipo de Gobierno del PP, celebrará su reunión constitutiva este jueves con un orden del día en el que solo se incluye una propuesta de régimen de funcionamiento, al margen de los ruegos y preguntas que puedan formularse. En cualquier caso, el portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, ya ha expresado este mismo lunes su confianza en que, durante los trabajos de esa comisión, "se aclare qué ha pasado para que el informe de Intervención, que apunta a un presunto fraccionamiento de contratos, no motivara un nuevo expediente de contratación".
En esta línea, ha señalado que "nosotros, mientras estuvimos en el equipo de gobierno, simplemente nos limitamos a que se dispusiera del dinero necesario para las obras. Y esperamos también que la comisión pueda servir para abrir un necesario debate sobre la gestión de la política de vivienda en la ciudad".
Con la constitución de esta comisión, solo resta por convocar y constituir la comisión de investigación sobre los contratos y encargos encomendados por el equipo de Gobierno del PP a las empresas vinculadas con su exasesor municipal, Jorge Crespo, cesado, precisamente, después de que se advirtiese que podía haber incurrido en un supuesto de incompatibilidad, al participar en una licitación municipal (el servicio de mantenimiento de zonas verdes de las escuelas infantiles municipales) a través de una de las sociedades que él administraba.
Como informó Alicante Plaza, los populares ya instaron en diciembre a todos los grupos de la oposición a designar a sus representantes en las tres comisiones: la relacionada con Santa Faz, la relativa a los contratos del Patronato de Vivienda y la de los encargos a las sociedades de Crespo. Tras la convocatoria de la reunión sobre la comisión de Vivienda, este lunes, únicamente queda pendiente de constitución la que tiene que ver con el excargo de confianza del PP. Su creación se planteó a propuesta del grupo municipal de Compromís, después de que este diario publicase el encargo directo (sin concurso) de hasta seis trabajos por importes inferiores a 18.000 euros a una socia de Crespo. La moción sobre su constitución fue secundada por PSOE y Guanyar. En ese mismo debate plenario se debatía dos propuestas de reprobación frente a dos ediles de Compromís, Natxo Bellido y María José Espuch, a cuenta de los acuerdos municipales suscritos con la fundación Escola Valenciana durante la etapa en la que ejercieron responsabilidades de gobierno como ediles de Presidencia e Igualdad.
