La nueva tutela arqueológica de Elche supondrá catas en Las Clarisas: el hotel podría retrasarse por su trámite BIC

ELCHE. Como estaba previsto en el guión, la sesión plenaria de este lunes ha aprobado de forma provisional la vigilancia arqueológica del Recinto Histórico Artístico y el barrio del Raval-Salvador. Un trámite al que la Junta de Gobierno dio informe ambiental favorable en diciembre y que tras esta aprobación en pleno, tendrá que salir una vez más a exposición pública como último paso para que lo apruebe definitivamente la Conselleria de Cultura. Aunque ya lo hace de facto. Al tiempo, el pleno también ha aprobado, a petición del Partido Popular, iniciar el expediente para completar como Bien de Interés Cultural (BIC) el antiguo Convento de la Merced. Dos aspectos que tienen impacto en el proyecto de hotel. 

Obligación de excavaciones arqueológicas

A este respecto, finalmente al ampliar la tutela arqueológica del Recinto Histórico Artístico, esta vigilancia se ratifica de forma efectiva en el perímetro de la Vila Murada, e importante, la casa Palacio de Jorge Juan y el Convento de la Merced. Como contó este medio desvelando la posible operación del hotel, la renovación del Plan del BIC de 1968 del conjunto histórico planteaba dejar fuera de ese ámbito de protección sendos inmuebles. Un procedimiento que aún está en trámite, aunque el actual de ampliar la tutela arqueológica, ya en sus últimos pasos, ratifica a estos dos inmuebles dentro de esa obligatoriedad de realizar catas en cualquier obra o remoción de tierras. Por la parte de la zona del Raval-Salvador, esta tutela se extiende a la Corredora, calle Almórida, Filet Fora, Porta Tafulles, Lluna, Sant Joan, Alfonso XII y Juan Ramón Jiménez; gran parte del Núcleo Histórico Tradicional (NHT). 

"Esto mejora la protección de patrimonio arqueológico antes de cualquier acción urbanística y dará seguridad jurídica al establecer dónde sí y dónde no excavar", explicaba la edil de Urbanismo, Ana Arabid. Se ha tomado esta decisión con el perímetro consensuada con Cultura, que ya venía ejerciendo esta función de facto o de forma oficiosa desde que se bloqueara en pleno la pasada legislatura. Aunque la edil señala que también se exigían en base a zonas cercanas a ámbitos candentes. Sea como fuere, con esta inclusión, los promotores del hotel o de cara a cualquier actuación urbanística en el mismo, supondría la ejecución de una prospección arqueológica. La última fue en 2018, donde se encontró una cripta de familias nobles del municipio; cuanto más cerca estaban del Altar Mayor, uno de los grandes descubrimientos de la actuación, mayor poderío. En ese sentido, algunas de las familias que pagaban por estar allí eran los Condes de Torrellano, de quienes se encontró la bóveda de su capilla. O los Cárdenas, señores de la ciudad (de quienes se encontró un escudo tallado en piedra).

La incoación de la protección BIC puede retrasar el proyecto

La otra cuestión que podría afectar al hotel, de salir adelante la propuesta, es la del trámite como BIC, algo que se ha aprobado con unanimidad a colación de una moción presentada por el PP. Su portavoz Pablo Ruz ya ha manifestado en varias ocasiones su postura contra el proyecto, y este lunes presentaba su partido una moción para iniciar el expediente para incoar como BIC el inmueble, ya que ahora tan solo lo es la torre, catalogada como tal por considerarse defensiva. Una "anomalía", según Ruz. El edificio está dentro de ese área Bien de Interés Cultural del casco histórico, es decir de una forma genérica; no tiene su propia ficha ni catalogación —es el mismo caso de Santa María— como elemento propio. Se intentó iniciar el expediente según el concejal en 1998, pero no acabó por cristalizar. Una cuestión más común de lo que parece en la ciudad, como ocurrió en 2015 con el Pantano y la Acequia Mayor.

Una iniciativa que, aunque apoyada, ha sido criticada por el PSOE por "oportunista", ya que según Arabid, los populares la han presentado ahora que han visto cuestión de oportunidad al calor de la iniciativa hotelera y no antes después de los años que lleva en proceso de deterioro. Precisamente relataba la edil que lo que intenta este trámite es dilatar en el tiempo el hipotético proyecto. Algo que podría suceder al incoarse este expediente de máxima protección. De todas formas, la conselleria de Cultura tenía que involucrase, porque el edificio ya tiene un nivel de protección alto: tiene protección integral en el catálogo de protecciones y es Bien de Relevancia Local (BRL). 

BRL y BIC, protección homóloga, pero trámites diferentes

Sobre el papel, tanto el BRL como el BIC son figuras homólogas a nivel de protección, porque requieren permisos e informes autonómicos para cualquier actuación o licencia, aunque hay diferencias en lo administrativo. Una vez se incoe el expediente, el Consell tiene tres meses para decidir si es pertinente esa catalogación, y si se aprueba, al ser un inmueble, el plazo es de 15 meses para cerrar el expediente. Asimismo, una vez empiece el procedimiento, se suspenden las licencias, salvo que la Conselleria estime que se pueda actuar de forma no perniciosa para el bien. Y los BIC deben tener también su plan especial de protección. Así que con esas el equipo de gobierno ha aprobado iniciar el expediente, lo cual no significa que como con otros acuerdos plenarios, vaya a llevarse a cabo. El PSOE no podía permitirse políticamente la imagen de votar en contra de proteger más el inmueble, cosa que hubiera dado munición al PP, y Compromís ha aprovechado para ratificar su posición en contra. En semanas atrás planteaba lo mismo, tal y como se plantea: con la iglesia gótica-renacentista como restaurante. Y apuntaba Esther Díez que esto ha abierto un debate sobre el patrimonio local, siempre en segundo plano, "después de que la Dama cope tantos titulares", decía la edil tras el revés del ministerio. Su formación ha sido de las más incisivas con la cesión.

Por último, y sobre otras cuestiones a tener en cuenta, aún está en trámite el anteriormente mencionado Plan del BIC del casco histórico, que deja en una de las dos opciones a la casa palacio de Jorge Juan y Convento de la Merced fuera, en aras de redactar precisamente un plan especial para cada uno de los inmuebles. Según la edil de Urbanismo, técnicos municipales creen que es el contratista encargado de redactar el catálogo quien decida si el convento merece protección BIC —aunque han sido los propios técnicos municipales quienes han añadido y modificado históricamente el catálogo de protecciones—. Ahora está la pelota sobre el tejado del Ejecutivo. Puede que atrasen (o no) la decisión o el acuerdo a cuando se contrate a ese futuro despacho. Arabid recordaba a Ruz, en todo caso, que este nivel de protección no se pronuncia sobre los usos y que varios Paradores tienen además esa catalogación. "Pero son de antes de 1985, cuando se aprueba la figura BIC", observaba Ruz, intentando buscar recovecos para revertir este tipo de proyectos, que son habituales en otras capitales. Aunque aquella propia ley menciona que también se debe preservar el bien 'espiritual'. En todo caso, finalizaba el pleno pidiendo en 'Ruegos' dar marcha atrás al trámite para el cambio de suelo para el hotel.