ALICANTE. 14.410.077,74 euros. Ese es el importe exacto (el principal más intereses, gastos y costas) de la deuda que mantiene la Fundación del Elche con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y la imposibilidad de afrontar su pago es la que llevó a la primera a presentar el pasado otoño la solicitud de concurso de acreedores voluntario abreviado-liquidación, una suerte de eutanasia activa que conllevará la desaparición de este ente que veía la luz en 2005 y que llegó a ser dueño del Elche en 9 de sus 17 años de existencia.
El banco del Consell tiene ahora que decidir si se adjudica directamente los bienes y derechos de la Fundación puestos a la venta en el marco del plan de liquidación aprobado hace casi tres meses por el Juez de lo Mercantil o espera a la subasta notarial que se avecina, también de acuerdo con el citado plan, pero a nadie le escapa que de los mencionados 14.410.077,74 euros no va a recuperar ni el 1%: los principales (y prácticamente únicos) activos de la Fundación que 'alimentan' su proceso de liquidación son 60.000 metros cuadrados de suelo rústico en el camino de Castilla valorados en 90.407,86 euros y 503.199 acciones del club franjiverde, que hoy representan el 0,45% del capital social y están tasadas en 22.164,91 euros. Atendiendo al valor de ambos activos y al importe de la deuda, por medio de una suma y una resta llegamos a una cifra que representa el 0,8% del importe del crédito reconocido al IVF, pero que tampoco sería la cantidad que finalmente llegaría a sus arcas, sino que esta será todavía inferior.
Hay que echar la vista atrás, a uno de los últimos gobiernos autonómicos del Partido Popular, para encontrar el origen de esa deuda millonaria: 'grosso modo', al igual que a las Fundaciones del Valencia, Hércules y Levante, el IVF avaló a la del Elche ante dos entidades financieras (Caja de Ahorros del Mediterráneo y del Banco de Valencia) para que pudiera acceder a una financiación (dos préstamos) por unos 14 millones de euros que le permitiera invertir en el club, suscribir una ampliación de capital por medio de la que este se dotaba de músculo para saldar sus deudas con la Administración (con la Agencia Tributaria y Seguridad Social, fundamentalmente). Aunque se realizaron pagos parciales (por ejemplo, gracias al esfuerzo que en el ejercicio 2014/15 hicieron los aficionados franjiverdes adquiriendo junto con su abono acciones del club), la realidad es que la Fundación no atendió las obligaciones contraídas con las citadas entidades financieras, teniendo el IVF que dar la cara por ella (por ejemplo, no esperó a que el segundo de los avales fuera ejecutado, sino que directamente pagó a la entidad financiera para evitar que gastos e intereses hicieran más grande el roto), pasando la Fundación a deberle directamente el dinero.
Precisamente los activos de la Fundación del Elche que ahora están en venta son los que sirvieron en su día para garantizar que el IVF recuperaría el dinero en caso de incumplimiento de la Fundación con los prestamistas, con los bancos. De ahí que el citado paquete de acciones del Elche sea objeto de un contrato de prenda y que los terrenos del camino de Castilla estén hipotecados en favor del banco del Consell (por eso, este es acreedor con privilegio especial en el concurso de la Fundación). El plan consistía en que, llegado el caso, el IVF recuperaría el dinero de los avales gracias a la venta del Elche: la Fundación le pagaría con el dinero que obtuviese tras vender a un tercero sus acciones del club, que en ese momento representaban el 56% del capital social.
El problema es que lo anterior se tornó en imposible el día en el que se aprobó judicialmente el convenio de acreedores del Elche, toda vez que en el mismo se contemplaba una ampliación de capital por compensación de créditos que conllevaba un vuelco en el control accionarial de la entidad: en el momento en que la misma se llevase a término, el paquete de la Fundación pasaría de representar el 56% del capital social a solo el 7%.
Además de tratar de persuadir a la Fundación de que apoyara lo anterior en una Junta General de Accionistas (esta finalmente se abstuvo), que se inmolara en aras de la viabilidad del club, el IVF también buscó la tutela de los jueces (el Tribunal Supremo se pronunciaba hace apenas un mes rechazando su último recurso). Al tiempo, el brazo económico de la Generalitat (que en 2016 había solicitado la declaración de concurso necesario de la Fundación, con el apoyo del administrador concursal del club, pero se encontró con que el mismo magistrado que ahora tutela el procedimiento negaba la existencia de la insolvencia alegada) declinaba las diferentes ofertas que la Fundación, club y la propia Tenama Inversiones, a modo de Santísima Trinidad, le realizaban para evitar que pudiera sentirse perjudicado, planteamientos que pasaban por compromisos de pago garantizados por medio de la pignoración del nuevo paquete de acciones mayoritario.
El resto de la historia es de todos conocida: Tenama Inversiones, la mercantil de José Sepulcre a la que el Elche adeudaba la inmensa mayoría de los algo más de 15,6 millones de euros que a principios de 2019 finalmente se canjearon por acciones, vendió a cambio de un fijo de 20 millones de euros (y un variable que ha disparado en un 50% el precio) sus títulos a Score Club 2019 y un grupo inversor con el argentino Christian Bragarnik al frente pasó a controlar el club franjiverde.
El banco del Consell tiene hace tiempo provisionada la deuda de la Fundación del Elche. Se trata de una suma 'irrisoria' para este ente más cercano a lo que es una entidad de crédito privada que a una empresa pública, un roto consecuencia de los riesgos que necesariamente ha de asumir para cumplir con sus fines, pero tampoco se puede obviar que de haber aceptado alguna de las alternativas que se le pusieron sobre la mesa, solo tal vez, el IVF podría haber recuperado más dinero del que puede 'conseguir' ahora.
