Los tres investigados en las diligencias del 'caso Comercio', De Gea, Díez y Echávarri, al acudir a declarar al juzgado. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Las diligencias del llamado caso Comercio que se instruyen contra el alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE), y dos de sus cargos de confianza, el jefe de gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, y el asesor de Comercio, Pedro de Gea, llegan a su fase final pese al último intento promovido por las defensas para que se acordasen nuevas declaraciones de testigos. La titular del Juzgado de Instrucción número 9 cerró, este lunes, la tercera ronda de comparecencias con el testimonio de los representantes de cuatro empresas proveedoras que recibieron parte de los encargos bajo sospecha y, según las fuentes consultadas, comunicó a las partes que su intención no era acordar nuevos testimonios. Al menos, no los solicitados por el abogado de Díez y De Gea, después de haber presentado copia de las facturas relacionadas con la organización de la Gala de Entrega de Premios de Comercio correspondientes a los años 2013 y 2014.
En concreto, la defensa de los dos investigados presentó un escrito en el que se sostiene que esas dos ediciones del certamen, entonces bajo el mandato del Partido Popular (PP), se organizaron mediante diversos encargos directos tramitados como contratos menores, todos por un importe inferior a los 18.000 euros, pero que excedieron de ese límite en su cómputo global: en el caso de la gala de 2013, el coste total fue de 25.580 euros. Además, siempre según según el escrito de las defensas, esos encargos fueron prácticamente por los mismos conceptos reflejados en las facturas que están bajo sospecha en las diligencias sobre los contratos de la Concejalía de Comercio de 2016: mantenimiento de la página web, organización de la gala, publicidad y edición de trípticos. El escrito se acompañó de copia de las facturas en las que, según la defensa, también figura la firma de los asesores que las autorizaron sin que entonces se advirtiese ninguna irregularidad por los mismos responsables técnicos de la concejalía que fueron llamados a declarar en la primera ronda de citaciones en relación a los contratos de este año: el exjefe de servicio, Diego Agulló, y la segunda máxima funcionaria del departamento.
Sobre la base de esa coincidencia en los procedimientos, la defensa de los dos investigados solicitaba en ese escrito que se les volviese a llamar a declarar, ya que, según la representación legal de Díez y De Gea, se aprecian contradicciones entre las explicaciones que facilitaron al declarar en el juzgado y su forma de proceder en las galas anteriores.
La instructora sí admitió la documentación aportada por las defensas sobre las galas de premios de 2103 y 2014 pese a que no las había solicitado
Según las fuentes consultadas, la jueza sí incorporó la documentación presentada pese a que no se había solicitado y pese a que tampoco había sido aportada a la causa por el procedimiento oficial: es decir, previa solicitud al Ayuntamiento. Sin embargo, descartó verbalmente que fuese a volver a citar a los dos técnicos ya interrogados. Las mismas fuentes precisaron que no lo consideró pertinente. La instructora se limitó a dar un plazo de dos días a los proveedores que comparecieron este lunes (que coincidieron en que negociaron sus trabajos directamente con De Gea) para que aportasen toda la documentación que tuviesen en su poder sobre los encargos de la concejalía.
El juzgado ya dispone de copia del expediente de la Gala de Premios de Comercio correspondiente al año 2015 que la instructora sí solicitó de forma expresa para poder comparar las diferencias de procedimiento (en 2015, la gala se concertó a través de un convenio previa concesión de una subvención y fueron las asociaciones de comerciantes locales quienes contrataron su organización, tras seleccionar al grupo Idex entre otras empresas consultadas). Por ello, según las mismas fuentes, se espera que pueda pronunciarse sobre el futuro de la investigación a finales de esta semana con un auto de archivo o de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado: el paso previo a la apertura de juicio.
Hasta este lunes no había trascendido de manera oficial ningún avance por lo que respecta a la segunda investigación que afecta al primer edil: la relacionada con el despido de la cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala. Al menos, ninguno de los investigados por la Fiscalía - Echávarri y el edil de Recursos Humanos, Carlos Giménez- había recibido citaciones ni notificaciones, cuatro días después de que el teniente fiscal, José Llor, registrase su denuncia contra ellos por un delito de prevaricación en el decanato del Palacio de Justicia de Benalúa.
Los líderes locales de PSOE y Compromís, Echávarri y Bellido, en la firma del pacto.Así que, si no se precipitan los acontecimientos en relación a esa segunda investigación, la resolución de la jueza del caso Comercio tendrá consecuencias políticas directas en el Ayuntamiento de Alicante (salvo que la ejecutiva de Compromís adopte, este martes, una decisión sobre su futuro en el equipo de Gobierno sin esperar a conocerla). Si el juzgado archiva la investigación, el PSOE podría seguir ganando tiempo en un gobierno compartido con los valencianistas. Si el juzgado decide que el procedimiento continúe, Compromís activará lo previsto en el acuerdo de refundación del tripartito, firmado hace menos de diez días: o los socialistas promueven la renuncia de Echávarri para que se produzca la elección de un nuevo alcalde, o dejarán el Gobierno. Por lo pronto, ese acuerdo está ahora en suspenso, desde que se conoció la decisión de Fiscalía de elevar su denuncia por el despido de la familiar de Barcala.
