El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, a su llegada al Palacio de Justicia de Benalúa. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Más pruebas documentales en proceso para continuar la investigación sobre el caso Comercio. Tras la primera ronda de testificales del pasado viernes 6 de octubre, la titular del Juzgado de Instrucción número 9 que instruye las diligencias sobre el presunto fraccionamiento de contratos pretende poner el foco, entre otros puntos, en la organización de la Gala de Premios del Comercio celebrada en 2015: es decir, justo la edición anterior a la que está bajo sospecha, entre los 25 contratos menores encargados por esa concejalía.
Fuentes próximas a la investigación precisaron que el objetivo es, precisamente, comparar el expediente municipal que se pudo seguir para concertar la celebración de aquella gala con el procedimiento y los pagos que se realizaron en la edición de 2016 para evaluar si los encargos del evento de este último año pudieron trocearse con el fin de eludir la convocatoria de un concurso público. Y, por tanto, si se incurrió en un delito de prevaricación administrativa, como sostienen las denuncias presentadas por PP y Ciudadanos (Cs) para la mayor parte de los 25 contratos menores, encargados de manera directa entre noviembre y diciembre de 2016 por un importe inferior a los 18.000 euros, pero por una suma global de más de 189.000.
Según las mismas fuentes, durante los interrogatorios al alcalde, el socialista Gabriel Echávarri; a sus asesores también investigados, Lalo Díez y Pedro de Gea; y a otros cinco testigos, la jueza manifestó especial interés en precisar cómo se había encargado el desarrollo de esa gala: un acto en la que la Concejalía de Comercio reconoce año tras año (desde hace 23) la labor y la trayectoria de los minoristas de Alicante con la entrega de distinciones en diversas categorías. La instructora preguntó sobre cómo se había organizado esa entrega de premios con anterioridad. Según las mismas fuentes, la respuesta que obtuvo por parte del asesor delegado de Comercio, Pedro de Gea (que se mostró sólido, seguro y muy preciso en sus explicaciones), es que esa gala precedente se había organizado a través de un convenio, mediante la concesión de una subvención. Es decir, una fórmula distinta a la seguida un año después, cuando -como se desprende de las facturas objeto de la investigación- se optó por organizarla a través de varios encargos directos. De ahí que la jueza deslizase al término de las declaraciones su intención de solicitar copia de la documentación que obrase en el Ayuntamiento sobre la edición de 2015 para poder revisarla en profundidad y compararla con la de 2016.
Como publicó este diario cuando trascendió la polémica, en el bloque de 25 contratos menores de la Concejalía de Comercio que generaron dudas sobre un supuesto fraccionamiento por parte del jefe técnico del departamento, primero, y del interventor municipal, después, existen al menos cuatro facturas con conceptos o epígrafe relacionados con la Gala de Entrega de Premios de 2016. Las cuatro fueron expedidas entre el 30 y el 31 de diciembre de ese año a nombre de una misma empresa, Publiasa. Se trata una factura de 11.756 euros por inserciones publicitarias en prensa escrita y radio sobre "premios comercio 2016"; otra de 4.234 euros por el "desarrollo, alojamiento y mantenimiento de la web premios comercio 2016"; otra de 14.632 euros por gala premios comercio Cigarreras, imagen gráfica, presentación, actuaciones, etc... diciembre de 2016"; y otra de 1.729 euros por el reparto de 5.000 trípticos zonas comerciales Premios Comercio 2016". Las cuatro suman un importe total de 32.351 euros. Es decir, más de los 18.000 que la ley permite para los contratos menores (encargos directos, sin concurso).
DURANTE LOS INTERROGATORIOS, TANTO LA JUEZA COMO EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN PUSIERON EL FOCO SOBRE EL SISTEMA DE FIRMA DIGITAL Y CUESTIONARON AL ALCALDE SI ASUMÍA LOS EFECTOS DE LOS CONTRATOS PESE A QUE NO LOS HUBIESE FIRMADO PERSONALMENTE
Según las mismas fuentes, la jueza también avanzó su intención de solicitar diversa documentación a los proveedores contratados y que podría llamar a declarar a más técnicos municipales para poder preguntarles sobre los procedimientos de contratación. Igualmente, la instructora dirigió varias de sus preguntas sobre el funcionamiento del sistema de firma digital y sobre quién hizo uso de la clave del alcalde, después de que el propio primer edil manifestase que él no había tenido conocimiento de las facturas hasta el mes de febrero, cuando el reconocimiento de pago de los 25 contratos iba a elevarse a la Junta de Gobierno.
Como ya declaró ante la comisión de investigación municipal constituida para tratar de esclarecer los mismos hechos, Echávarri manifestó que él no había firmado los documentos y añadió que no lo había hecho porque no tenía el sistema instalado en su equipo informático, como tampoco lo habían tenido sus predecesores en el cargo, recalcó. Según las mismas fuentes, ante la jueza alegó, además, que así se lo habían asegurado los técnicos del área de informática cuando tomó posesión del cargo, lo que motivó que la instructora -que dirigió un interrogatorio muy resolutivo, con pleno conocimiento de las circunstancias del caso- le recordase su condición de abogado y que no hubiese dudado sobre la corrección de esa costumbre a la que aludía.
También puso el foco en el procedimiento de firma electrónica el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, quien preguntó con insistencia al primer edil si asumía las decisiones emanadas de esas firmas, aunque él no las hubiese firmado personalmente. Ante la comisión de investigación, Echávarri dijo que asumía los acuerdos adoptados por sus asesores -el jefe de Gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, y el asesor delegado de Comercio, Pedro de Gea- porque contaban con toda su confianza.
Durante su declaración, los tres investigados defendieron que, a su juicio, no hubo fraccionamiento de contratos puesto que cada encargo podía funcionar de manera autónoma, sin necesidad de quedar vinculado al resto: lo que técnicamente se conoce como unidad funcional. En todo caso, insistieron en que podía tratarse de una infracción administrativa. En realidad, es el mismo argumento que mantuvieron ante la comisión de investigación. Entonces, alegaron que las campañas publicitarias eran independientes entre sí pese a que compartían un mismo claim, un mismo eslogan o lema (Alicante está de moda) y pese a que, por cuestiones de disponibilidad presupuestaria, se tramitaron en un mismo periodo temporal. En la misma línea, señalaron que la nueva señalización instalada en varios mercados municipales fue encargándose al tiempo que los comerciantes manifestaban su necesidad tras mantener diversas reuniones con sus representantes. En todos los casos, apuntaron que para concertar todos los encargos se buscó a profesionales de reconocido prestigio.
En sede judicial, los tres investigados ejercieron su derecho a no responder a las preguntas del abogado del PP, que ejerce la acusación. Con todo, esas preguntas se hicieron constar en acta. Por su parte, los abogados de las defensas se mostraron especialmente incisivos en sus preguntas al ya exjefe técnico de Comercio, Diego Agulló (relegado después de que Echávarri cediese las competencias de Comercio a la edil Gloria Vara). Agulló no había alertado con carácter previo sobre la supuesta incorrección en el procedimiento: lo hizo cuando las facturas iban a elevarse a la Junta de Gobierno. Ante la comisión de investigación, dijo que no podía haber alertado antes puesto que ni él ni ningún otro técnico municipal había tenido conocimiento de los encargos hasta después de realizados. Ante la jueza, las defensas le cuestionaron sobre cómo era posible en ese caso que las facturas se introdujesen en el sistema informático de firma digital si no había habido supervisión previa. La jueza recordó entonces que el técnico comparecía como testigo y no como investigado (la figura que sustituye a la antigua imputación tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que confiere al denunciado la oportunidad de declarar asistido por abogado para salvaguardar sus derechos). Agulló sí figura como imputado en otras diligencias similares, seguidas también contra el exconcejal de Comercio del PP, Antonio Sobrino, por el supuesto fraccionamiento de contratos de una feria outlet.
