El 'caso Comercio' va para largo: la jueza pedirá más pruebas tras la autoexculpación de Echávarri

ALICANTE. La ronda de testificales celebrada este viernes en el juzgado número 9 de Alicante en relación al presunto fraccionamiento de contratos del llamado caso Comercio se zanjó con una conclusión firme: la instrucción continúa y no será corta. La jueza que asume la investigación, María Luisa Carrascosa, comunicó a las partes su intención de solicitar nuevas declaraciones y más documentación relacionada con los 25 encargos bajo sospecha para dilucidar si se cometió el delito de prevaricación administrativa por el que se investiga al alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, y a dos de sus asesores, Lalo Díez y Pedro de Gea, a instancias de las denuncias presentadas por PP y Ciudadanos (Cs). 

En concreto, según apuntaron fuentes próximas a la investigación, se estaría barajando la posible citación de otros trabajadores municipales vinculados a las áreas de Alcaldía y Comercio para poder cuestionarles sobre algunas de las explicaciones facilitadas por los investigados. Básicamente, sobre el proceso que se sigue en el Ayuntamiento a la hora de realizar encargos publicitarios y otro tipo de contratos, y sobre el funcionamiento interno de la concejalía de la que Echávarri era titular hasta el pasado mes de mayo.

Según las mismas fuentes, la jueza también habría señalado que podría llamar a declarar a algunos de los proveedores de servicios contratados, a los que se adjudicaron trabajos de manera directa (sin concurso) por un importe global de más de 189.000 euros, mediante encargos por separado. Todos ellos -salvo uno- se tramitaron por un precio inferior a los 18.000 euros (17.999): el límite que la Ley de Contratación del Sector Público permite para los llamados contratos menores.

Esas nuevas citaciones, no acordadas y, por tanto, sin fecha, permitirían profundizar en los hechos, a la vista de las respuestas facilitadas por los ocho primeros comparecientes citados este viernes. La consecuencia: si desde el plano político alguien esperaba una rápida resolución de las diligencias -o un hipotético archivo de la investigación que pudiese solventar la crisis de gobernabilidad en el Ayuntamiento-, se equivocaba. Lo cierto es que incluso desde el entorno del PSPV y de la propia Alcaldía se viene barajando que las diligencias pueden alargarse hasta la primavera. Así que la duda pendiente de despejar es si los socios de gobierno del PSOE, Guanyar y Compromís, están dispuestos a dar ese margen temporal al PSPV para encontrar un salida o si, por el contrario, deciden ejecutar las resoluciones ya conocidas: ruptura del pacto y abandono del equipo de Gobierno si Echávarri no deja la Alcaldía. 

En el caso de Compromís, se trataría de cumplir un mandato de su ejecutiva local. Por lo pronto, su secretario general local, Natxo Bellido (que declaró en juzgado como testigo), insistió al abandonar el Palacio de Justicia de Benalúa que la posición de su partido continuaba siendo la misma: exigencia de dimisión del alcalde o renuncia de los tres ediles nacionalistas a sus competencias. 

Hasta hora, no se habría producido ningún avance en el proceso anunciado por las direcciones regionales de PSPV y Compromís para tratar de refundar el pacto, conciliar las relaciones entre los dos partidos y garantizar la continuidad del equipo de Gobierno. Sólo ha habido declaraciones públicas y contactos preliminares, pero no existe todavía ninguna propuesta firme sobre la mesa sobre cómo se podría reorganizar ese nuevo tripartito o bipartito, en el caso que ya se diese por perdida la continuidad de Guanyar. Tampoco existe una fecha cerrada para un supuesto intercambio de opiniones. Desde el PSPV, su vicesecretario general, Manuel Mata, insistió -a preguntas de este diario- en que, "hoy por hoy", la situación de Echávarri no es motivo suficiente para forzar su renuncia al cargo y que se debe buscar "protocolos de habitabilidad" para resolver las diferencias que puedan plantearse, a la manera de los que ya funcionan en el Consell del Botànic. "El gobierno progresista de Alicante no puede ser un paréntesis después de 20 años de Gobierno del PP", insistió.

En el caso de Guanyar, todavía habría que someter la opción del abandono del gobierno al criterio de una asamblea para la que todavía no hay fecha. Su portavoz municipal, Miguel Ángel Pavón, sólo señaló al respecto que Guanyar es imprescindible para la gobernabilidad de Alicante y que será Guanyar quien maneje sus tiempos a la hora de tomar decisiones firmes.  

Las declaraciones     

¿Cómo se desarrollaron las comparecencias? En realidad, según las fuentes consultadas, los testimonios no revelaron hechos ni apreciaciones nuevas pese a que la jueza dirigió un interrogatorio muy resolutivo y pese a que el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, se mostró incisivo en sus preguntas. Los dos primeros testigos, el jefe de los servicios jurídicos municipales, Manuel Cordón, y el letrado asesor Pablo Núñez de Cela, apuntaron que, bajo su punto de vista, en esos 25 encargos no se incurrió en fraccionamiento de contratos. Su testimonio contrastó con el del interventor municipal, Francisco Guardiola, que reiteró las apreciaciones ya formuladas ante los miembros de la comisión de investigación municipal constituida en relación a los mismos hechos. Según las mismas fuentes, el alto funcionario ratificó que, a su criterio, sí podía apreciarse que los encargos se trocearon.

El exjefe técnico de la Concejalía de Comercio, Diego Agulló, coincidió en la misma apreciación y se inclinó por considerar que hubo fraccionamiento. Es más, como hizo ante la comisión de investigación, señaló que él no tuvo conocimiento de la mayor parte de ellos hasta después de tramitados y que, de haberlos conocido con anterioridad, no los habría consentido. Agulló fue apartado de Comercio cuando Echávarri cedió las competencias sobre ese departamento a la también edil socialista Gloria Vara. Fue el funcionario que, cuando iba a aprobarse el reconocimiento de pago de los contratos, emitió el primer informe en el que expresaba sus dudas sobre la existencia del fraccionamiento que ahora se investiga. En la actualidad, figura como investigado -junto al exconcejal de Comercio con el PP, Antonio Sobrino- por un caso similar: un presunto fraccionamiento de contratos derivado de la organización de una feria Outlet celebrada en 2009.

El concejal de Contratación y portavoz de Compromís, Natxo Bellido, que también compareció como testigo, explicó el funcionamiento habitual del portal de transparencia municipal, en el que no se llegaron a publicar los 25 contratos de la polémica hasta después de que trascendiesen las supuestas irregularidades. Confirmó que el pago ordinario del importe de esos contratos fue anulado en Junta de Gobierno (y reconocido después como gasto no presupuestado). Además, detalló que en su concejalía todos los contratos dependían de los técnicos y que siempre se tramitaba un expediente por mínimo que fuese. Por último, a una pregunta expresa formulada por el representante legal del PP -que ejerce la acusación particular-, señaló que, en el caso de que no se contase con el tiempo necesario para tramitar un contrato por el cauce correcto, sencillamente no lo tramitaría.

Después llegó el turno de los tres investigados (la figura que sustituye a la antigua imputación y que ofrece a los declarantes la posibilidad de comparecer asistidos por abogado): Echávarri, Díez y De Gea. Como también hicieron ante la comisión de investigación, los tres descartaron que, a su juicio, hubiese existido fraccionamiento de contratos. Y los tres se negaron a responder a las preguntas del abogado del PP.

El primer edil señaló que no tuvo conocimiento directo de los encargos bajo sospecha hasta que se plantearon las dudas de los técnicos, una vez que el reconocimiento de pago se elevó a la Junta de Gobierno. En esta línea, apuntó que los contratos fueron concertados por personal de su absoluta confianza, Díez y De Gea, y que en todo caso asumía la responsabilidad sobre cómo hubiesen actuado. Según las fuentes consultadas, la jueza llegó a recordarle en algún momento de la declaración que no podía alegar desconocimiento sobre determinados procedimientos, dada su condición de abogado.

Díez, por su parte, confirmó que él firmó digitalmente algunas de las facturas de la controversia y que pensaba que estaba facultado para hacerlo. Por último, De Gea señaló que él era el marcaba las directrices en la concejalía y que se había encargado de elegir a los proveedores de manera directa en función de su prestigio.