Los representantes municipales que forman parte de la comisión de fiscalización, en imagen de archivo.ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante asume que, entre febrero de 2018 y el mismo mes de este año, se han producido incumplimientos en la prestación del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales, en contra del criterio mantenido por el equipo de Gobierno. Los cuatro grupos que ejercen funciones de oposición (PSOE, Unides Podem, Compromís y Vox) han aprobado este viernes, en la última sesión de la comisión de fiscalización del contrato, su propuesta de conclusiones conjunta en la que se considera que la empresa concesionaria (una UTE compuesta por Clece y Fissa) no desarrolló su tarea conforme a sus obligaciones, en base a la documentación acumulada en las actas de inspección y las quejas manifestadas por la comunidad educativa y por la propia plantilla de trabajadores.
Pero, además, en el dictamen aprobado por mayoría absoluta (las cuatro fuerzas suman 15 concejales en una corporación de 29 ediles frente a los 14 ediles del equipo de Gobierno) se solicita que se formule una valoración económica o que se cuantifique el importe de esos incumplimientos en horas de servicio con la intención de que se pueda detraer esa cantidad en los pagos mensuales pendientes de liquidar. O en su defecto, que la UTE compense con las horas de servicio no prestadas en el inicio de este nuevo curso escolar, como anticipó este diario.
Con todo, el bipartito compuesto por PP y Cs ya ha anticipado que no dará ese paso en la medida en que no existe ningún soporte técnico en el que se pueda justificar esa posible penalización a la UTE, que sigue asumiendo la prestación como servicio de emergencia pese a que su contrato venció el pasado febrro. De hecho, los dos socios al frente de la gestión municipal han hecho constar su discrepancia respecto a las conclusiones aprobadas y han solicitado la inclusión de un voto particular en el dictamen en el que se incorpore su propia propuesta de conclusiones.
En principio, ese dictamen se trasladará al pleno ordinario del mes de septiembre, sin que pueda llegar a tener mayor eficacia ni efecto práctico real. De hecho, en el cierre de los trabajos de la comisión tampoco ha quedado despejada la posibilidad de que ese dictamen tenga que debatirse y volver a votarse durante la sesión, ya que, pese a que se aprobó en el plan de trabajo de funcionamiento de las sesiones, ese punto no figuraba en la moción aprobada en pleno que dio origen a su constitución.
Como también informó Alicante Plaza, en su propuesta de conclusiones PP y Cs sí admiten que, en momentos puntuales pudo haberse producido deficiencias en la prestación, pero ambos sostienen -como ya apuntaron en julio- que gran parte de esas carencias derivan del contenido del pliego de condiciones (redactado bajo el mandato del extinto tripartito, primero, y del PSOE, después). Además, recalcan que esas faltas se subsanaron en el momento en el que se requirió a la empresa para que rectificase.
Así, durante su intervención ante la comisión, el edil de Cs, Antonio Manresa, ha subrayado que en las dificultades para fiscalizar el cumplimiento de la contrata "influyeron las malas relaciones personales que existían entre el personal a cargo de su control". Igualmente, ha incidido en que, a su juicio, "resulta llamativo que solo la inspectora encargada del control de la limpieza de centros escolares encontrase deficiencias y que no sucediese lo mismo con el servicio que se ha prestado en el resto de dependencias municipales".
Por su parte, el concejal de Infraestructuras, José Ramón González (PP), ha recalcado que "todos los técnicos que han ejercido como responsables del contrato han venido firmando las certificaciones mensuales de pago sin llegar a plantear penalizaciones" de manera formal y que él, "como responsable político de la concejalía, no podía ordenar ni presionar a los técnicos para que decidiesen otra cosa distinta". Además, ha insistido en que tampoco podía ordenar que se instruyese un expediente de penalización contra la UTE sin respaldo técnico "puesto que eso supondría exponernos a reclamaciones en los juzgados".
Así, tanto Manresa como González han reprochado que los cuatro grupos opositores hayan unido sus votos para que se aprobase su propuesta de conclusiones en lo que han calificado como el arranque "de una oposición Frankenstein" en la que "Vox se ha sumado a los neocomunistas y a los independentistas" después de señalar que "la comisión ha tenido el resultado que todos sabíamos que iba a tener desde el principio".
El dictamen, en el que se reclama una valoración económica de los incumplimientos para detraer pagos a la concesionaria, se trasladará al pleno sin producir ningún otro efecto adicional
Los representantes de los cuatro grupos opositores, por su parte, también han desgranado los motivos por los que han venido sosteniendo la existencia de incumplimientos. El portavoz de Vox, Mario Ortolá, se ha centrado en señalar la carencia más evidente "fuera de toda posible interpretación" al referirse a la ausencia del sistema biométrico de control presencial de los trabajadores de la concesionaria.
Su homólogo de Compromís, Natxo Bellido, ha insistido en que "todos los funcionarios y técnicos que advirtieron sobre la existencia de incumplimientos" fueron relevados de sus puestos, incluido el primer responsable del contrato, Jesús Rubio, justo cuando se disponía a elevar una propuesta de sanción a la Junta de Gobierno. En esta línea, ha considerado que el trabajo de la comisión debería servir para que se adoptasen los mecanismos necesarios para que no se produjesen las mismas dificultades de fiscalización sobre la ejecución de otras contratas.
La edil de Unides Podem, Vanessa Romero, ha lamentado que el bipartito se haya centrado en atribuir los problemas en la prestación del servicio al pliego de condiciones "cuando ahora, en la nueva licitación, prácticamente lo han replicado con algunos recortes". Además, ha insistido en la necesidad de que se cuantificasen los incumplimientos.
Por último, la edil del PSOE, Llanos Cano, se ha mostrado sorprendida de que el bipartito tratase de limitar la cuestión a un "problema de relaciones personales entre trabajadores cuando existen evidencias de los incumplimientos trasladadas por parte de los trabajadores, de los colegios y de los funcionarios". Además, ha apuntado que el propio equipo de Gobierno admitía en su propuesta de conclusiones que los problemas se iniciaron en el verano de 2018, por lo que ha dicho no comprender cómo se atribuyen las deficiencias al pliego y menos cuando ahora "ustedes prácticamente lo han repetido". En esta línea, ha cuestionado -sin obtener respuesta- si en el nuevo contrato se iba a reforzar la inspección de los colegios teniendo en cuenta que, en este curso, además, se debían adoptar medidas especiales por el protocolo de prevención frente al covid.
