ALICANTE. El bipartito de Alicante persiste en respaldar la prestación del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales y sigue sin contemplar la posibilidad de aplicar penalizaciones o deducciones de pago pese a la propuesta de conclusiones pactada por los cuatro grupos de la oposición en la que se considera que la última empresa concesionaria (UTE Limpal, compuesta por Clece y Fissa) no prestó el servicio de la manera correcta.
PP y Cs se reafirman en la evaluación que ya emitieron en julio para insistir en que el servicio se ha prestado sin incumplimientos graves, que las carencias observadas de manera puntual se han subsanado cuando se ha requerido para que se tomasen medidas y que todos los técnicos que han estado al frente de la supervisión del contrato han acabado firmando las certificaciones mensuales y avalando los pagos sin apreciar incumplimientos susceptibles de sancionar.
En esta línea, fuentes del bipartito insistieron en subrayar este martes, a preguntas de Alicante Plaza, en que no se puede aplicar ninguna minoración o reducción en las certificaciones mensuales pendientes de liquidar sin que exista un informe o propuesta en ese sentido por parte de alguno de los técnicos a cargo de la supervisión del servicio. En ese caso, según aducen las mismas fuentes, se incurriría en el riesgo de que UTE Limpal pudiese emprender acciones legales contra los responsables de ordenar esa penalización sin la motivación requerida.
Dicho de otro modo: no se cuantificará ese hipotético incumplimiento del servicio que la oposición considera demostrado para aplicar posibles penalizaciones, ni para que la UTE compense en especie, con horas de ejecución del dispositivo especial de limpieza para prevenir frente al riesgo de contagio por coronavirus. De hecho, como ya ha informado este diario, en principio el edil de Infraestructuras, el popular José Ramón González, se limitó a apuntar que el coste que pueda llegar a tener ese refuerzo en el servicio con la implantación de un turno de limpieza adicional no se evaluará hasta que se conozca cuál será la duración de esos protocolos.
Así, la propuesta de conclusiones que el bipartito pretende volver a elevar a la última sesión de trabajo de la comisión de fiscalización del contrato, este viernes, insiste en exponer las deficiencias en el pliego de condiciones (redactado durante la última fase del tripartito y la etapa de gobierno del PSOE en solitario) como origen de los problemas para que cualquier empresa concesionaria pudiese cumplir de manera plenamente correcta la prestación y para que los técnicos municipales pudiesen supervisar su ejecución. En esta línea, PP y Cs abundan en el bajo precio establecido para que cualquier empresa pudiese cumplir con todas las exigencias del pliego y a falta de cláusulas específicas para mejorar la evaluación de la limpieza prestada.
PP y Cs también reiteran sus referencias a lo que consideran una correcta gestión política desarrollada durante la ejecución del contrato -ya bajo el gobierno en solitario del PP, primero, y del bipartito, después- y vuelven a subrayar el complicado ambiente de trabajo existente entre el personal de la concejalía como una de las causas que contribuyó a dificultar el control efectivo de la prestación del contrato.
PP y Cs sostienen que la reducción de 9.000 horas de servicio no supone un recorte en la limpieza y recuerdan que existen menos dependencias por limpiar
En todo caso, los dos socios al frente de la gestión municipal resuelven se siguen aferrando al informe emitido por el jefe del Servicio de Infraestructuras, el pasado julio, en el que se consideraba que los distintos responsables del contrato no habían detectado incumplimientos graves y que, por tanto, tampoco habían efectuado deducciones en las certificaciones ni se han aplicado penalidades o descuentos en la garantía depositada por la empresa.
¿Cuál será el resultado con el que se puede zanjar la disparidad de perspectivas entre equipo de Gobierno y oposición? Todo parece indicar que PSPV, Unides Podem, Compromís y Vox aprobarán su dictamen de conclusiones, sin que pueda tener más efectos que el de su exposición en el pleno. Es más, el bipartito también podría tratar de elevar su propio informe para que también se diese cuenta de él ante el pleno como prueba de la existencia de la división de opiniones.
En todo caso, fuentes del equipo de Gobierno también defendieron este martes la eficacia del nuevo pliego de condiciones del servicio en la licitación aprobada el pasado 12 de agosto. En esta línea, las mismas fuentes apuntaron que la reducción en cerca de 9.000 horas de prestación respecto al pliego anterior no supone un retroceso, ya que el interés municipal es que los centros estén limpios sin necesidad de que se dedique un mayor número de horas a su limpieza.
Además, incidieron en que el control de esa limpieza sigue correspondiendo a los inspectores municipales y que existe un menor número de centros y dependencias públicas que limpiar, puesto que se ha prescindido de locales arrendados para situar servicios municipales tras la ocupación de las nuevas plantas reformadas de la Casa de la Festa. El concurso permanece abierto para la presentación de interesados. La apertura de las ofertas se producirá a finales de septiembre.