ALICANTE. La Fiscalía da por cerradas las diligencias sobre el llamado 'caso micro': la investigación abierta a instancias de la denuncia presentada por el grupo municipal de Compromís a cuenta del hallazgo de un supuesto dispositivo de grabación en el despacho ocupado por la exedil de Urbanismo y actual portavoz municipal del PSPV-PSOE, Eva Montesinos.
La decisión se adopta a la vista del último informe de conclusiones entregado por la Brigada Provincial de Policía Judicial, este lunes, en el que se certifica que el artilugio en cuestión, localizado bajo un armario de las citadas dependencias municipales hace más de un año, únicamente podía funcionar para "captar audio", pero no tenía ninguna utilidad completa al no estar conectado a ningún dispositivo receptor o grabadora. Como mínimo, en la inspección ocular policial llevada a cabo en el lugar del hallazgo no se encontró ese supuesto aparato receptor.
Es más, como relata en su informe el fiscal sobre el que recayeron las diligencias, Gonzalo Pedreño, el informe policial añade que "las circunstancias en que fue hallado el dispositivo, en concreto, el hecho de que ambos elementos, carcasa con micrófono y batería, formara un circuito cerrado y protegido con cinta aislante, plantea dudas en realidad sobre la existencia de un receptor de la señal".
La consecuencia es lógica: al no existir ningún receptor ni transmisor de la señal que supuestamente se hubiese podido captar a partir de ese micro, no concurren los supuestos necesarios para que los hechos puedan encajar en los requisitos de un delito de descubrimiento o revelación de secretos.
Además, la resolución del acusador público, a la que tuvo acceso Alicante Plaza, concreta que tampoco existe forma de averiguar quién pudo haber colocado dicho artilugio en el lugar en el que fue encontrado. No existe forma de precisar quién lo hizo, según detalla, porque el aparato en cuestión pasó múltiples manos, antes de ser entregado a la policía. En concreto, señala que: "En cuanto a la autoría, la posibilidad de localizar al autor de la colocación o en su caso fabricación del dispositivo mediante el correspondiente estudio lofoscópico aparece vedada por la circunstancia de que aquel habría sido manipulado por un número indeterminado de personas sin las debidas garantías".
Es más, el fiscal apunta que "en base a ciertas contradicciones en las declaraciones de las personas que participaron" en el hallazgo del aparato o que se personaron en el despacho poco después, resulta imposible "determinar si el dispositivo realmente permanecía oculto bajo el referido mueble o fue puesto allí por alguna de las personas referidas". En esta línea, concluye que "no hay, en definitiva, base para sostener imputación alguna, por lo que procede, a mi juicio, estar al archivo de las diligencias".