El alcalde, Gabriel Echávarri, conversa con el secretario general del PSPV, Ximo Puig. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El análisis que corrió como la pólvora en el Ayuntamiento de Alicante este viernes, después de que se conociese el auto de la Audiencia Provincial sobre el caso Comercio, fue la coincidencia en primera línea de la actualidad con el estallido de otro episodio polémico: el desencadenado a partir de la difusión del hallazgo de un dispositivo de grabación en las dependencias de la Concejalía de Urbanismo. Se trata del llamado caso micro sobre el que la Fiscalía ya practica averiguaciones previas a instancias de la denuncia presentada por Compromís.
Hasta el portavoz municipal de Guanyar y exconcejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, se refirió directamente a esa supuesta relación al valorar el alcance de la resolución judicial. El líder de la plataforma electoral mostró su extrañeza sobre el "circo mediático" que, a su juicio, se habría desencadenado en torno a esa detección "pocos días de que esta resolución judicial se haya conocido". En esta línea, señaló que esa circunstancia "nos lleva a sospechar que, a lo mejor, el revelar que todo este lío del supuesto dispositivo de grabación tiene que ver con desviar la atención de los asuntos judiciales del alcalde; ahora esa sospecha se reafirma".
¿Existió realmente una maniobra en esa dirección?, ¿se trató de generar una cortina de humo para que pudiese pasar inadvertido el auto de la Audiencia? Esa hipótesis supone dar por sentado que hubo una filtración interesada por parte del PSOE o del círculo de confianza del alcalde sobre la detección del citado artilugio. En principio, las fuentes socialistas consultadas insistieron este viernes en negar que se hubiese facilitado ninguna información al respecto para que fuese difundida. El argumento que se mantuvo es el mismo que se apuntó el lunes: que al PSOE no le convenía ninguna controversia más y que la noticia sólo hacía que dañar la imagen de Alicante. Por eso, se adujo, no se dio a conocer cuando, según el equipo de Gobierno, se produjo el controvertido hallazgo, hace dos meses. Con todo, este lunes también se explicó que eran muy pocas personas las que conocían el hallazgo y la mayoría de ellas, del entorno más directo del alcalde.
Según las mismas fuentes, la detección efectivamente se produjo. Es decir, no fue fruto de ningún montaje: el aparato estaba oculto y se encontró. Como mínimo, Alicante Plaza sí ha podido constatar que sí se acudió a la Comisaría de Policía Nacional para mostrar el dispositivo a dos altos cargos. Eso sí, por el momento no se ha facilitado a los grupos de la oposición la información que los cuatro partidos han solicitado. Desde este mismo lunes, PP, Guanyar, Compromís y Ciudadanos (lo hizo este viernes), han registrado peticiones para que se les entregue copia de toda la documentación relacionada con el caso: desde el informe que el equipo de Gobierno sostiene que emitió el jefe de Seguridad de Alcaldía, hasta la contratación de la empresa de seguridad que, supuestamente, realizó el barrido del despacho de Urbanismo. Hasta ahora no se ha dado a conocer el nombre de esa empresa ni se ha aportado ningún dato sobre ese informe. Es más, en las informaciones iniciales, difundidas el domingo, no se daba por descartada la posibilidad de que el dispositivo no pudiese transmitir señal al exterior (lo que sí habría propiciado un supuesto espionaje), como sí se hizo a partir del lunes.
Sea como fuere, la hipótesis de la cortina de humo conlleva presuponer que el PSOE o el entorno de Alcaldía controlaba cuál era el momento en el que iba a conocerse el auto de la Audiencia. Y eso, según las fuentes jurídicas consultadas, no era posible conocerlo al menos de modo exacto, con precisión matemática. Según las mismas fuentes, la defensa de Echávarri y de sus dos asesores también procesados sí conocía desde principios de febrero la fecha fijada para el que el tribunal de la sección segunda de la Audiencia deliberase sobre sus recursos contra el auto del juzgado de instrucción número 9 de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado (lo que se conoce comunmente como auto de procesamiento).
La edil de Urbanismo, Eva Montesinos, muestra el dispositivo. Foto: EFEEsa fecha era el 19 de febrero: justo el mismo día en el que se había acordado la deliberación sobre el recurso presentado por los dos cargos de confianza de Echávarri, Lalo Díez y Pedro de Gea, contra la negativa de la jueza instructora a que volviesen a testificar dos técnicos de la Concejalía de Comercio que ya habían declarado.
De hecho, todo parece apuntar que las defensas de los tres procesados eran las únicas conocedoras de esa fecha. Como mínimo, al PP -que ejerce la acusación- no se le había notificado. A partir de ahí, podía especularse con un posible cálculo aproximado de entre una y dos semanas sobre el tiempo que podía retrasarse la emisión del auto. Pero nunca podría haberse sabido el día exacto de su comunicación. De acuerdo con su encabezado, el auto está fechado el pasado 27 de febrero: es decir, el martes de la semana pasada. Ahora bien, según las fuentes consultadas, hasta este miércoles día 7 todavía estaba en la mesa del ponente. Es decir, que no se había notificado a ninguna de las partes. La comunicación se produjo finalmente este viernes.
