El alcalde, Gabriel Echávarri, junto a De Gea y Díez, a su llegada al Palacio de Justicia de Benalúa. Foto: RAFA MOLINAALICANTE (EFE/AP). La sección segunda de la Audiencia Provincial de Alicante rechaza las pretensiones de dos de los investigados en el llamado caso Comercio, el jefe de Gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, y el asesor de Comercio, Pedro de Gea, para que se volviese a llamar a declarar a dos técnicos de la concejalía. La titular del Juzgado de Instrucción número 9, a cargo de las diligencias, considera a ambos responsables de un delito de prevaricación y otro de usurpación de funciones, en relación al supuesto fraccionamiento de contratos que pudo cometerse mediante la adjudicación directa de 14 encargos de la concejalía por trabajos y servicios vinculados a campañas de promoción y a la organización de los Premios de Comercio de 2016, por un importe total de 144.160 euros. Junto a ellos, también está procesado el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri.
En un auto conocido este miércoles, la Audiencia considera que esas diligencias "no resultan necesarias en esta fase procesal". La sala desestima la solicitud de Díez y De Gea porque su finalidad es "poderles preguntar sobre actuaciones distintas de las que presuntamente podrán ser constitutivas de infracción penal". En concreto, sobre su participación profesional en las contrataciones de anteriores galas navideñas organizadas por la Concejalía de Comercio, cuando el ayuntamiento estaba gobernado por el PP.
La defensa de los asesores sostiene que esos funcionarios dieron, entonces, su visto bueno a procedimientos de contratación muy similares al investigado ahora, respecto al que sí aprecian supuestas irregularidades. Sin embargo, la Audiencia recuerda que la imputación contra los tres investigados "ya se ha formalizado" con el auto de pase a procedimiento abreviado, que recoge los hechos sobre los que versará el posible juicio. "Por ello, analizar las actuaciones que se pudieran haber ejecutado en el mismo ámbito en el año 2013, o sucesivos, no afectará al presunto carácter penal de los hechos imputados", señalan los magistrados en su auto. El tribunal admite que esas declaraciones pueden tener "relevancia para conocer las dinámicas de trabajo" en la concejalía y el ayuntamiento, pero ese es un "debate más propio del juicio oral, para el que podrán ser citados los testigos".
En realidad, las declaraciones solicitadas ya tuvieron lugar con carácter previo. Se trata de las comparecencias del exjefe de servicio de Comercio, Diego Agulló, y de otra funcionaria, que ya comparecieron en el juzgado antes de que la instructora diese por cerrada la investigación y diese paso a la transformación de las dilegencias en procedimiento abreviado en un auto que supone la antesala de al apertura de juicio.
Tanto el alcalde como Díez y De Gea han presentado los correspondientes recursos contra esa decisión. Esas apelaciones serán examinadas en las próximas semanas por la sección segunda de la Audiencia Provincial para determinar si concurren los indicios de delito que apreció la juez instructora para sentar a los tres investigados en el banquillo de los acusados.
La portavoz adjunta del PP, Mari Carmen de España, ha afirmado este miércoles, tras conocerse la desestimación del recurso presentado ante la Audiencia Provincial por el caso del presunto fraccionamiento de contratos de la Concejalía de Comercio, que "es algo que compromete aún más la situación política del alcalde, Gabriel Echávarri, investigado por el juzgado". "Lo que han intentado", ha explicado De España, "es pedir más diligencias en la instrucción para retrasar el auto de procesamiento, algo que no les ha salido bien, y ahora solo les queda el recurso al propio procesamiento, que será lo próximo que resuelva la Audiencia Provincial".
La portavoz adjunta popular ha señalado que "la celeridad en la tramitación de los procedimientos judiciales, que es algo que siempre hemos pedido, demuestra su importancia en casos como éste, donde el ciudadano recibe de los tribunales una respuesta inmediata". "Mientras tanto, Gabriel Echávarri ya tiene un pie levantado a punto de traspasar todas las líneas rojas en la política.
Esperamos que, de confirmarse su procesamiento, la respuesta de Ximo Puig, presidente del PSPV, sea inmediata exigiendo la dimisión del alcalde de Alicante, si este asumiendo sus propias palabras y su responsabilidad no lo hace antes", ha afirmado De España. "Nunca un alcalde de Alicante en el ejercicio de su cargo, ha sido procesado ejerciendo como tal y sería un triste punto y final para el señor Echávarri", ha concluido la edil.
El jefe de Gabinete de Alcaldía y portavoz de la ejecutiva local del PSOE, Lalo Díez, ha replicado que esto forma parte del proceso judicial y que "tocará a su fin". Con todo, ha insistido en que "aquí estamos hablando de un tema administrativo". "A día de hoy, ni el PP que presentó la denuncia, nadie ha sido capaz de decir una sola empresa a la que se haya podido beneficiar con este procedimiento, aquí no estamos hablando de que nadie haya metido la mano, o como ha hecho el PP, la mano y hasta la cabeza, en la caja", ha añadido.
En esta línea, ha señalado que, a su juicio, "lo que se dirime es si unos trabajos que, la jueza y los técnicos dicen que se han prestado a precio de mercado, se tenían que haber contratado por separado o en un lote". "No se puede comparar a alguien que ha atracado un banco, con alguien que ha aparcado en la zona azul sin poner el tiquet", ha concluido.
