ELCHE. Tal y como estaba previsto, la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha accedido a forzar jurídicamente la demolición del esqueleto de cemento y amianto que supone el hotel de Arenales del Sol. Algo que se buscaba desde el equipo de gobierno en esta reunión, como adelantó este medio. Tras el varapalo primero del Tribunal Supremo (TS) y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) después, al respaldar la sentencia de la Audiencia Nacional, que declaró ilegales las obras llevadas a cabo por la concesionaria Princesol, aumentando el volumen del inmueble —algo para lo que no tenía permiso—, ahora el bipartito ha conseguido lo que buscaba: que Costas acceda a actuar contra la mercantil.
Tras conocerse estas dos sentencias, que han sido claves para desatascar la maraña judicial sobre la que se cernía el decadente inmueble, el alcalde buscaba una reunión con la directora del servicio provincial de Costas para que le tomara el guante y poder obligar a la concesionaria a derribar la estructura. Y de momento parece que así lo ha logrado. Una vez más, el regidor instaba a la firma a que repusiera el vallado del hotel que la borrasca Gloria se llevó por delante, por el peligro para los viandantes. De no hacerlo, actuará el Consistorio subsidiariamente de forma inmediata por lo que consideran una situación "urgente". Tras esta actuación, que es la prioritaria en el corto plazo, este martes Carlos González volvía a pedir a la concesionaria que derribara el inmueble.
Si no lo hace, el Ayuntamiento ha acordado trazar una estrategia jurídica junto a Costas, propietaria del suelo, para obligar a Princesol y Regalado Arquitectos a tirar abajo el edificio. En ese sentido, la empresa, que rehusó realizar declaraciones, no puede desarrollar ya el proyecto diseñado en un principio, porque este suponía la rehabilitación de la estructura, lo cual es ya materialmente imposible ya que además de aumentar el volumen, demolió parte de la vieja estructura, alterando una parte de la obra suficiente como para no poder llevar a cabo la iniciativa por la que se le adjudicó la concesión.
Con este contexto, la pelota está sobre el tejado de la concesionaria, que tendrá que decidir si lo derriba voluntariamente o si busca posibles alternativas. Hasta entonces, de momento el equipo de gobierno se ha emplazado a otra reunión con Costas y su directora general en Alicante, Rosa de los Ríos. Habría que comprobar si tiene que renovar los permisos de demolición, que se podrían renovar rápidamente si han expirado, así como el especial para retirar el amianto. Así que esa es por el momento la hoja de ruta trazada por el Consistorio, la de impulsar el expediente de caducidad de la concesión y demoler el edificio. En opinión del alcalde "es el caso de mayor complejidad jurídica del Ayuntamiento en décadas", a lo que añadía que la concesionaria ya pidió la licencia de demolición por el mal estado del inmueble, por lo que le pide que sea consecuente y lo derribe "de motu propio".