Así pues, ahora que ya ha finalizado el Vía crucis judicial de recursos y denuncias, se abren varias hipótesis que ni mucho menos acercan al final de la situación. Por una parte, ahora el Servicio Provincial de Costas, que ya ha visto blindada su decisión de declarar ilegal las obras realizadas en 2017, puede retomar la caducidad de concesión del expediente que había iniciado y que suspendió por los continuos litigios con los concesionarios. Estos tenían una concesión de 75 años de uso de esos 7.000 m2 de superficie marítima y terrestre. Dado que Costas es la propietaria del suelo, ahora puede decidir qué hacer en el caso de que tampoco actúen los propietarios de dicha concesión.
Ahora los Princesol y Regalado Arquitectos podrían demoler ya si quieren el esqueleto del inmueble, dado que tienen la licencia. No obstante, ahora habrá que ver cuál es su intención, ya que materialmente no se puede volver al inicio del proyecto, que era de rehabilitación, porque demolieron parte del inmueble. De ahí la ilegalidad que declaró Costas en 2017. En cualquier caso, Costas, que es la propietaria del suelo, podría forzar ese derribo u otras fórmulas, ya que el Ayuntamiento no puede al no ser el propietario de ese suelo. Es una línea que el bipartito puede explorar cuando se reúnan con el organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Eso sí, habrá que esperar a que haya nuevo gobierno para que finalice la interinidad de los actuales cargos.
Segunda sentencia en una semana
Aunque se hizo público el jueves, fue a principios de diciembre cuando el tribunal rechaza en firme el recurso de Princesol contra las condiciones para derribar el edificio del antiguo hotel de Arenales del Sol. El Ayuntamiento de Elche defendió en el proceso que la resolución dictada por el organismo del ministerio de Agricultura y Medio Ambiente era conforme a derecho y ahora la sala primera de lo Contencioso-Administrativo considera razonable la exigencia de retirar los residuos para no contaminar la playa y la cláusula de responsabilidad por daños y perjuicios.
El TSJCV declara firme la sentencia dictada el pasado mes de octubre en la que considera que las condiciones impuestas para la demolición “no constituyen un fraude de ley ni son contrarias a los principios de confianza legítima y seguridad judicial”. Un decreto emitido a principios de diciembre que se ha hecho público una semana después de que el TS avalara la suspensión de las obras decretada por Costas al inadmitir un recurso de casación de la constructora contra el fallo de la Audiencia Nacional que ratificaba la decisión del organismo del Estado.
Princesol interpuso un recurso contencioso y formalizó un escrito de demanda ante a las condiciones impuestas por la dirección provincial de Costas, entre las que figura que “las obras realizadas no generarán indemnización en concepto de expropiación o rescate ante cualquier tipo de reclamación o procedimiento que pueda resultar en un futuro”. Asimismo, se añade que “la demolición de todos los restos del edificio debe ir acompañada de la inmediata retirada de los residuos resultantes, los cuales no podrán ser utilizados como rellenos ni en nivelaciones, ya que constituyen residuos y contaminan la playa”. Y en una tercera condición Costas expresa que el titular será responsable de los daños y perjuicios que puedan ocasionar las obras y actividades al dominio público y al privado.
La empresa concesionaria planteaba que se dejaran sin efecto estas condiciones, pero la sección primera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV declara que los argumentos expuestos por la empresa no guardan relación con la impugnación de dichas condiciones y considera razonable la retirada de los residuos para evitar la contaminación de la playa así como la cláusula de responsabilidad por daños y perjuicios a los dominios público y privado. Y en cuanto a la condición de que las obras no generen indemnización por expropiación y rescate, la sala precisa que se refiere exclusivamente a la demolición del edificio del antiguo hotel y no al conjunto de la obra.
Princesol tiene licencia de demolición
Así pues, la situación del esqueleto del inmueble, que lleva así décadas, empieza a aclararse. En cualquier caso, el primer edil, Carlos González, ya se afana a recordar que Princesol tiene la licencia de demolición concedida por el Ayuntamiento y "ya no hay ningún obstáculo para que Princesol pueda llevar a cabo el derribo que solicitó meses atrás por razones de seguridad y que nosotros consideramos que es muy necesario para restablecer la normalidad en Arenales”, ha precisado el alcalde. Además, la Conselleria de Trabajo también le concedió el permiso especial porque hay amianto, cancerígeno.
En retrospectiva, la firma obtuvo la concesión administrativa del hotel en 2007 por una sentencia firme de la Audiencia Nacional de 2006. Una orden ministerial de 2012 le concedió la autorización para la rehabilitación del hotel y otra de 2015 dio la conformidad al proyecto de rehabilitación. Sin embargo, como consecuencia de varias denuncias presentadas ante el servicio provincial de Costas por no ajustarse las obras al proyecto, entre otras, y previo expediente, los trabajos fueron paralizadas en 2016. Estos expedientes concluyeron con una resolución sancionadora y un procedimiento de rescate de la concesión, pues la Audiencia Nacional estimó que la concesionaria quería realizar obras de reconstrucción integral de un edificio ruinoso para un nuevo hotel, lo cual resulta contrario a lo previsto en la Ley 22/1988. Princesol además había solicitado una indemnización en 2017 viendo las trabas a las que se está enfrentando constantemente la compañía para intentar sacar adelante su proyecto.
Esqueleto del hotel / FOTOS: PEPE OLIVARES
