ALICANTE. La Diputación de Alicante no dispone de ningún documento de contabilidad referida a los grupos políticos de antes de 2015 y no facilita ninguna información que afecte al periodo legislativo anterior a 2015. Con esta realidad se ha topado el grupo Compromís, que hace días que viene reclamando los datos de periodos anteriores con el objetivo de buscarle las cosquillas (políticas) al actual presidente, Carlos Mazón, que ejerció como vicepresidente de José Joaquín Ripoll.
Esa es la respuesta de Carlos Mazón a la petición hecha por Compromís para tener acceso a la contabilidad de los grupos políticos de la institución entre 2007 y 2015, que se ha producido con cuatro meses de retraso y, según la coalición, "extiende además sombras de duda sobre este periodo de la institución y el modo de financiación de los grandes partidos a través de las instituciones". "En el expediente no consta ni un solo movimiento contable de los grupos políticos, la Intervención de la institución tan solo incluye certificaciones que impiden cualquier fiscalización pormenorizada del gasto", ha denunciado este jueves el portavoz de Compromís, Gerard Fullana.
Según ha detallado, de la información entregada por la Intervención, que corresponde a la presidencia de Luisa Pastor, se desprende que el grupo político del PP recibió de la institución 257.145 euros entre 2012 y 2015, pero según recalca Fullana, "no consta ni una sola factura en el expediente que pueda comprobar en qué se gastó o si se desvío el dinero al partido infringiendo la regulación al respecto de la Diputación". Por ello, Compromís ha anunciado que pedirá el amparo del Síndic de Greuges para que la institución les abra los expedientes relativos a la legislatura 2007-2011.
“Hasta ahora habíamos denunciado que el Partido Popular desviaba dinero al partido sin cumplir las ordenanzas y sin detallar dónde acababa el gasto. Lo que hemos podido comprobar es más grave y que antes del 2015 no existía ni contabilidad alguna de ningún partido político de la Diputación. Estamos comprobando que había una auténtica barra libre del PP en los peores años de la crisis y lo que también es grave es que la oposición -entonces representada por el PSOE- no dijera ni hiciera nada al respecto”, ha apuntado el portavoz de Compromís, Gerard Fullana.
Con esta iniciativa, Compromís pretendía obtener más datos para adjuntar al proceso judicial abierto la documentación referente a la justificación de gastos de las anteriores legislaturas con el objeto de comprobar hasta cuándo se remonta la práctica de efectuar ingresos a las cuentas del partido sin acreditar los gastos como los producidos entre 2015 y 2018.
Desde que la coalición tiene representación en la institución, 2015, se ha
puesto en conocimiento público y judicial una práctica que niega el propio reglamento de la Diputación y que supuso, según ha denunciado Compromís, "el traspaso entre 2015 y 2018 de 485.000 euros sin justificación del Grupo Político Popular a las cuentas del PP, 124.000 de los mismos a una sucursal de Murcia de la que todavía no se ha acreditado la titularidad de la misma". El asunto está en estos momento denunciado al no existir un decisión en el seno de la institución que dé por aprobada la fiscalización de los gastos de los grupos de los últimos ejercicios.
