ALICANTE. Al Partido Popular de Alicante le ha surgido un problema, que va camino de convertirse en un culebrón: las cuentas de su grupo en la Diputación Provincial. Por todos es sabido que esa cuestión nunca se cerró de manera unánime y que de esta manera se haya evitado, primero, la polémica, y después la judicialización: al comenzar el mandato de César Sánchez, en 2015, el PP (y el PSPV, aunque luego se desmarcó) se multiplicó las ayudas a los grupos políticos en la institución provincial. Desde entonces, la cuestión de las cuentas de los grupos políticos siempre ha estado en candelero, aunque el partido más incisivo en este tema ha sido Compromís, que ha llevado el asunto a los juzgados en dos ocasiones. Es verdad que el sistema de justificación de las ayudas ha cambiado del anterior mandato al actual, pero las dudas de la contabilidad del PP siempre han estado presentes. ¿Por qué? Porque nunca se exhibió la justificación de sus gastos, y porque nunca se aprobaron en ninguna comisión.
Desde hace dos semanas, el asunto está judicializado porque Compromís decidió presentar una demanda contenciosa-administrativa. Mientras tanto, se ha conocido que parte del dinero ha acabado en las cuentas del partido en Génova, al revelarse que la propia gerente del PP de Alicante, Yolanda Murcia, así lo admitió ante el Tribunal de Cuentas. El PP siempre ha defendido que esa transferencia de fondos del grupo de la Diputación al partido es legal. Sin embargo, estas explicaciones no han logrado calmar ni convencer al denunciante, a Compromís, y han dejado al PSOE expectante viendo los acontecimientos. La polémica tiene visos de continuar. Estos son las cuestiones candentes de la polémica.
Para entender la polémica hay que conocer, previamente, cuál es el sistema de justificación de ayudas que existe en la Diputación de Alicante, aprobado en este mandato, y cuál es el anterior. En la etapa de César Sánchez; es decir, hasta 2019, los grupos no debían hacer una justificación exhaustiva de todos el dinero recibido: aportaban las facturas y el resto era un compromiso de que los fondos se habían destinado a la actividad de apoyo al grupo o actividades conjuntas entre el grupo y el partido. En el caso del PP, todas esas certificaciones están suscritas por Eduardo Dolón, presidente del partido. A partir de 2020, los partidos deberán presentar una memoria con todos los gastos y la relación de la facturas que soportan esos gastos.
El PP ha tenido que multiplicarse en esta polémica: debe salir muchas veces a desmentir o atajar los mensajes de Compromís. Con la denuncia fue el propio Eduardo Dolón, presidente del PP; este jueves ha sido el portavoz de grupo, Adrián Ballester, el que ha defendido este jueves que los 124.000 euros que el grupo provincial transfirió a una cuenta institucional del PP en Murcia del partido fueron por las subvenciones que reciben todos los partidos, y ha negado que se trate de una "desviación". Las informaciones están incomodando a la bancada popular, aunque se intenten echar balones fuera o se intente responsabilizar al portavoz de Compromís, Gerard Fullana, de todas las andanas en esta cuestión. Ahora bien, el problema no es la cuenta de Murcia, como ha quedado demostrado este jueves. Que el dinero se transfirió al partido es conocido. Aquí el papelón está en que la polémica durará mientras el propio PP no lo zanje políticamente. Y que alguien se tiene que tragar ese marrón. Y zanjarlo supone someterse a un streaptease contable. De lo contrario, deberá asumir que pueden surgir más informaciones incómodas. Después, los juzgados dirán. El PP dispara contra Compromís en la Diputación, como el PP dispara contra Ximo Puig y las ayudas a las empresas de su hermano. Es el juego de la política.
El socio del PP, Ciudadanos, podría haber aprovechado la ocasión para cuando menos pedir explicaciones políticas (y marcar algo de perfil propio). Compromís confiaba en que saliera a pedir claridad en este asunto. Pero no. Ciudadanos da por buenas las explicaciones de los populares y esperará a los tribunales. "Seremos los primeros en solicitar medidas" al PP si la justicia da la razón a Compromís en su contencioso-administrativo por la justificación de los 446.000 euros que el grupo 'popular' de la institución transfirió al partido en el anterior mandato", ha afirmado Gutiérrez, quien ha defendido el nuevo modelo aprobado en este mandato para justificar las ayudas. Ciudadanos tiene la competencia de Transparencia en la casa, pero a su titular, Julia Parra, no se le ha escuchado en esta polémica, algo que ha reclamado el portavoz de Compromís.
La coalición valencianista insiste en pedir explicaciones y en que el PP aporte los justificaciones de sus gastos. Este jueves lo ha repetido Gerard Fullana: "El caso podría transformarse, presuntamente, en una financiación irregular del PP de Pablo Casado". Al respecto, ha sostenido que las corporaciones municipales, y la Diputación "lo es", "solo pueden financiar cuestiones vinculadas a los grupos municipales". Y ha insistido en la tesis de la cuenta de Murcia, que el PP ha alegado que esa es la cuenta de Caixabank para instituciones, que antes estaba en una oficina de Alicante y ahora está en Murcia. "No solo estaríamos en la irregularidad por lo que supone en qué se ha gastado sino dónde se ha ingresado", ha sostenido Fullana.
Pero la cosa no queda ahí. La coalición insiste en que mientras no se justifiquen el destino de los fondos, las responsabilidades pueden ser más elevadas, en relación con algún funcionario o funcionaria, que haya dado por buenos unos gastos que no se corresponden con lo que justificado, o certificado, según Compromís.
Y así está el patio. Todo hace indicar que el culebrón seguirá.
