ALICANTE. El PP ha intentado este jueves minimizar los efectos que pueda tener la demanda contenciosa-administrativa presentada por Compromís por las supuestas irregularidades en las ayudas recibidas por el grupo popular en la Diputación de Alicante, y que finalmente, según figura en la denuncia, han acabado en las arcas del partido, algo que los populares consideran legal, y que se da en otras instituciones, pero que según el portavoz de la formación valencianista, Gerard Fullana, "contraviene la ordenanza de la propia institución", pues a su juicio, suponen "una desviación de poder manifiesta", ya que el artículo 9 del reglamento de organización sobre dotaciones económicas asignadas a los grupos políticos sostiene que "ese dinero debe estar debidamente justificado y su finalidad es coadyuvar a las actividades y funcionamiento de los grupos políticos". Y Compromís considera existen unos 440.000 euros que ha recibido el grupo popular en el mandato entre 2015 y 2019 no estarían debidamente justificados y que de esa cantidad, unos 215.000 han ido a parar directamente a las arcas del PP; es decir, que no fueron para el funcionamiento del grupo.
Compromis se basa su denuncia en dos hitos: la primera, nunca se ha celebrado un órgano en la Diputación de Alicante que haya aprobado la justificación del dinero recibido por los partidos. "No convocan la comisión para que no podamos impugnar el acuerdo", ha dicho Fullana. El otro hito es que dos escritos probarían la contradicción del PP en esta cuestión. Por una parte, los diferentes escritos de la gerente del partido en la provincia de Alicante, Yolanda Murcia, que reconoce ante el Tribunal de Cuentas que parte de ese dinero -unos 215.000 euros- han ido a parar directamente a las arcas del partido, sin justificación alguna y, a juicio de Compromís, vulnerando la normativa de la Diputación, que establece que ese dinero debe ser para actividades del grupo popular. Posteriormente, existe otro escrito del portavoz del PP en la etapa del mandato de César Sánchez y ahora presidente del partido, Eduardo Dolón, en la que se desmiente esta versión.
Escrito de Yolanda Murcia en la que se reconoce que el dinero ha ido a parar a las cuentas del PP.
Escrito de Eduardo Dolón en la que se desmiente los escritos de Yolanda Murcia.Fullana ha explicado que la gerente del PP provincial "contradice el informe que realiza el secretario general, Eduardo Dolón", ya que dice que se financiaron gastos corrientes del partido y agrega que, ante ello, Dolón entregó "un documento posterior" para "desmentir la versión de su propia gerente" y que sí se cumplió la ordenanza, "aunque sin entregar las facturas". Para el diputado nacionalista, es un hecho "de especial gravedad" y por ello se solicita la declaración en sede judicial de Dolón y de la gerente. ”Es una prueba de que el número dos de Carlos Mazón, el vicepresidente primero ha falseado los informes", ha sostenido y ha recordado que la gerente ha certificado eso mismo ante el Tribunal de Cuentas. Asimismo, ha apuntado a que "la mayoría de ingresos" se producen el 30 y 31 de diciembre: "Es imposible que en unas horas el grupo pueda gastar ese dinero", ha advertido.
Finalmente, se ha referido a un acta del grupo 'popular' que "prueba la financiación irregular" del partido. El acta, de 31 de diciembre, viene firmada por César Sánchez, Eduardo Dolón, César Augusto Asencio, Alejandro Morant, Carlos Castillo, Adrián Ballester, Mercedes Alonso, Bernabé Cano, Juan José Castelló, Juan Molina, Jaime Lloret, Sebastián Cañadas, Manuel Sáez, Javier Sendra y Miguel Zaragoza. En esa acta, según Compromís, se certificaría que el grupo no ha podido gastarse el dinero del grupo y por eso lo transferían al partido. Es un claro ejemplo de cómo se usa el dinero público para financiar algunos partidos más allá de lo que marca el reglamento", según Fullana.
"También podemos comprobar la confusión que tiene el PP entre la actividad de los partidos y las instituciones públicas, puesto que, en este caso, no se defiende legalmente desde el partido, sino con los servicios jurídicos de la Diputación", ha considerado el diputado de Compromís. En su demanda, presentada contra el acuerdo plenario del pasado agosto de 2019, la coalición pide la nulidad de ese acuerdo y la devolución del dinero indebidamente justificado.
Sobre la fiscalización al resto de grupos, Gerard Fullana ha manifestado que desde Intervención la fiscalización ha sido "muy dura" y que a Compromís ha sido el "único grupo" que ha presentado el "100% de las facturas". "Tenemos un reparo sobre un bocadillo de calamares que se hizo un compañero diputado en Fitur; no es correcta la factura porque debería estar desglosada: entendemos que quiere el pan y los calamares", ha explicado Fullana que ha precisado que el coste fue de "seis u ocho euros, no lo sé". "Hace gracia que estás ingresando casi medio millón de euros sin una factura al PP y no hay un solo reparo de Intervención, y resulta que Compromís tiene que desglosar una factura de un bocadillo de calamares; es difícil no ver alguna connivencia en algunos aspectos", ha afirmado.
El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón (PP), por su parte, ha instado al Grupo Compromís en la institución a “avanzar en el acuerdo y en los puntos en común”, y no tanto a “acudir a los juzgados como cuestión ideológica o electoral”, porque esa actitud, en su opinión, "no ayuda demasiado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la provincia”. “Veo a Compromís con muchas ganas de acudir a los juzgados y los primeros pasos que ha llevado a cabo en este sentido no le han dado la razón, conforme a derecho, en lo que están planteando", ha manifestado el presidente de la Diputación de Alicante.
Según ha concretado el presidente de la corporación provincial alicantina, “Compromís tendrá que decidir si quiere ir por la vía judicial o si lo que prefiere es lo que estamos haciendo en esta legislatura con ellos, que es avanzar en el acuerdo, en los puntos en común y en transparencia”. “Nosotros lo que hemos hecho desde que hemos iniciado la legislatura es buscar acuerdos. Con Compromís hemos adquirido una responsabilidad presupuestaria y también para la financiación de los grupos políticos que creo que avanza y mejora en materia de transparencia, por tanto, no tiene motivo de queja alguno”, ha señalado.
"No sé si será una cuestión ideológica, una cuestión estratégica o una cuestión electoral. No sé cuál es el motivo que lleva a Compromís a plantear este asunto, pero creo que no ayuda demasiado en la mejora de las condiciones de vida de la gente y de nuestros municipios”, ha expuesto Mazón.
A este respecto, el presidente de la Diputación de Alicante ha añadido: “Todavía les estamos esperando con la contundencia debida en la reivindicación del agua que nos corresponde o en temas como la reclamación de la bajada de impuestos en estos momentos de zozobra económica que empieza ya a apuntar”. Por ello, Mazón ha insistido en que “esto es a lo que nos tenemos que dedicar, a que la provincia de Alicante sea cada vez más fuerte en la Comunitat Valenciana, porque la primera beneficiada será la propia Comunitat Valenciana”. “En otras cuestiones de carácter judicial, Compromís es muy dueño de llevar estos debates a donde quiera”, ha agregado
