ALICANTE. Si uno presta atención a la actualidad de la Diputación de Alicante tendrá fácil concluir que hay bastante normalidad. Sólo las sesiones plenarias, una vez al mes, y algunas polémicas que han acabado en los juzgados han trascendido su día a día: la polémica de las ayudas a dedo; el caso Fitur de la Diputación, que ha sido archivado o las salidas de tono del diputado de Hacienda, Alejandro Morant, en las redes sociales han generado más ruido que en su actividad convencional.
Esta semana que ahora acaba, también podría concluirse que ha sido una semana normal. De puertas hacia dentro, el equipo de gobierno del PP ha ido generando su actividad diaria con normalidad; pero de puertas hacia dentro, la improvisación y el nerviosismo ha vuelto a cundir. ¿La razón? ¿las perspectivas electorales no cumplen los objetivos? ¿Lo que pueda pasar el domingo en Andalucía? ¿la marcha de los últimos valores del PP? Pero la cuestión es que el Gobierno provincial ha querido adoptar medidas para rentabilizarlas políticamente, con modos y formas a la antigua usanza, y el objetivo no se ha cumplido. Los tres asuntos han pasado de puntillas por la actualidad: la aprobación de las cuentas de los grupos políticos de la institución; el presupuestos de los organismos autónomos y la comisión provincial del Agua. Las tres decisiones perseguían ensalzar la gestión; marcar discurso propio y evidenciar a la oposición.
Este miércoles se celebró la comisión de las cuentas de los grupos políticos. El objetivo de la misma era evidenciar que el PP estaba al día, con la justificación de los 195.000 euros recibidos en ayudas, y que Compromís y Esquerra Unida no habían cumplido y que serían denunciados en la Fiscalía. Y ese que fue el mensaje que se distribuyó desde el PP, obviando que en esa misma misma comisión, tanto el PP como el diputado no adscrito, Fernando Sepulcre, habían vetado que los populares aportaran los justificantes de esos 195.000 euros. Pero en ningún caso se aprobaron las cuentas de cada partido: se dieron más plazo, hasta el 15 de enero. Pero la negativa del PP -en este caso, del vicepresidente Eduardo Dolón- de aportar los justificantes de los 195.000 euros se le puede volver en su contra porque la normativa interna de la Diputación de Alicante no impide traspasar el dinero a Génova, como hizo el PP, pero sí aportar los justificantes, algo que la oposición puede exigir por vía judicial.
Compromís pide al PP de la Diputación que justifique el gasto de 195.000 euros para su grupo político
La idea del equipo de gobierno era aprobar los presupuestos de la Diputación de Alicante el próximo 13 de diciembre. Para ello, se deben aprobar antes las cuentas de los organismos autónomos: Patronato de Turismo, Alicante Natura, Fundación Marq, ADDA, Gil-Albert, etc... Con ese motivo, el diputado de Economía, Carlos Castillo, ha presentado este viernes las cuentas de 2019 en rueda de prensa. Pero el primer paso para ello, aprobar las cuentas de los organismo autónomos, ha encallado. El PP ha convocado con la improvisación y con tan poco tiempo la reunión que las cuentas de Turismo no han podido ver la luz verde este viernes, como estaba previsto. La interventora ha advertido de las anomalías de la convocatoria. Como es normal, PSPV y Compromís han arremetido contra las prisas del PP.
El objetivo era hacer patente la protesta contra la aprobación del último trasvase Tajo-Segura, de 7 hectómetros cúbicos. Y así se ha hecho. La Comisión Provincial del Agua de Alicante, organismo impulsado por la Diputación y con representación de agricultores, ha aprobado una declaración en defensa del trasvase en la que se rechaza la orden del Gobierno de no trasvasar este mes agua del Tajo a los regantes del sureste.
También ha cursado una carta a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que se pide una reunión con la Comisión Técnica del Agua para tratar, entre otros temas, sobre la eliminación de las tasas que pagan los regantes del Tajo-Segura y la conexión de las desaladoras alicantinas con las zonas de regadío, especialmente la de Torrevieja con el pantano de Crevillent.
Pero, ¿ha habido unanimidad? Pues no. La razón es que el grupo político Compromís ha solicitado que en esa declaración institucional se hiciera patente, asimismo, el rechazo contra el tasazo; es decir, la tasa que se les cobra a los agricultores por el agua del trasvase. Y ahí es donde ha venido la división: el PP no lo ha secundado, ni muchos de los regantes tampoco, que se han dividido en este asunto. Compromís y PSPV, por su parte, se han abstenido en la declaración institucional. Compromís ha lamentado que el PP y esa parte de los regantes que los respalda sin fisuras no sea permeable a otras reivindicaciones, como la de eliminar el tasazo que pagan todos los agricultores que reciben el agua del trasvase. Es decir, que si el objetivo era poner los focos hacia el Gobierno de España por su última decisión hídrica; internamente, se ha vuelto a evidenciar la división de la Comisión Provincial del Agua respecto a determinados asuntos y sensibilidades. Los reproches entre los miembros de la comisión han sido más que evidentes. Es decir, normalidad hacia el exterior; división, en este caso, en el interior.
La conclusión es que en el seno del Partido Popular hay urgencia por lograr logros políticos ante los adversarios: ridiculizar a la izquierda, sacarle lo colores en determinados asuntos, pero en el interior de la institución esas prisas le están generando demasiado estrés al PP, que no acaba de rentabilizar esas medidas.
La Diputación de Alicante también prevé un presupuesto expansivo y con superávit en año electoral
