La defensa de Parodi en el 'caso Abde' pide al juzgado que la RFEF certifique que el Hércules habría descendido por impagos a futbolistas

ALICANTE. El Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante ya tiene el escrito de defensa de todos los acusados en el 'caso Abde', que gira alrededor de la ilicitud penal o no de los hechos que siguieron a la salida del futbolista Ez Abde del Hércules en 2021. La última defensa en dar traslado del mismo ha sido la de su presidente Carlos Parodi, quien como las del propio club y la Fundación como personas jurídicas y las de Valentín Botella, José León y José María Caruana también pide para su patrocinado "la libre absolución con todos los pronunciamientos favorables".

El escrito (de 12 páginas, fechado el 17 de enero y al que ha tenido acceso Alicante Plaza) incide en la existencia de un acuerdo del club con la Fundación (un contrato de depósito de garantía firmado por las partes en agosto de 2021 y vinculado al convenio de colaboración suscrito también entre ellas en 2014, cuestiones ya avanzadas por este medio en su momento) con base al que el ingreso que correspondía por la venta de los derechos del futbolista Ez Abde se debía destinar al pago de obligaciones económicas del primero. Razón por la que primero se endosó a la Fundación el cheque bancario de 2.000.000 euros del Barça en favor del Hércules y luego, con cargo a la cuenta de la primera, se libraron los famosos 34 cheques bancarios con el club como beneficiario (33 de 60.000 euros de importe y un trigésimo cuarto de 15.772,33) y gracias a los que este fue realizando pagos para eludir bajar la persiana. 

La defensa de Parodi apunta por un lado que tanto el endoso del primer cheque como librar los 34 posteriores "no se puede considerar un acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación sino, pura y simplemente, un acto de disposición en cumplimiento del pacto suscrito entre el club y la Fundación en junio de 2014 [...] y del contrato de depósito de agosto de 2021".

Al tiempo, destaca que entre los pagos a proveedores, nóminas y obligaciones fiscales y de Seguridad Social que se realizaron gracias a esos 34 cheques bancarios (a los 2.000.000 euros ingresados por la salida de Abde) se encuentra el abono el 15 de diciembre de 2021 de 480.000 euros a la Agencia Tributaria (AEAT), una suma que se corresponde con el 15% de la deuda histórica que mantenía la entidad del Rico Pérez con ella en otoño de 2021 (3.200.000 euros más intereses) y que también es la cantidad que el fisco ponía sobre la mesa para poder alcanzar un nuevo acuerdo de aplazamiento, algo que el club había tratado en numerosas ocasiones de conseguir desde 2014 (tal y como se detalla minuciosamente en el escrito de defensa al que ha tenido acceso Alicante Plaza), con el propio Parodi representando al Hércules en la negociación ante los representantes de la Delegación Especial de València como la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. 

El escrito de defensa también resalta que se produjo el pago de impuestos corrientes y de las nóminas de los trabajadores, empezando por la de los futbolistas. Precisamente, entre las diferentes pruebas que se proponen para el juicio (por ejemplo, la testifical del inspector de la Agencia Tributaria que redacta el informe que se remite por esta a la Fiscalía o la de Miguel Campoy, presidente de la Fundación cuando esta firmó con el club su primer convenio de colaboración), se pide que se libere oficio a la Real Federación Española de Fútbol para que informe de las consecuencias que hubiese tenido el no pagar a los futbolistas, es decir, certifique que el equipo hubiese sido descendido en los despachos. 

Con todo lo anterior la defensa de Parodi, siguiendo la línea de la del resto de acusados, trata de poner de manifiesto que no había ánimo de entorpecer la ejecución de los embargos por parte de Hacienda y sí asegurar la subsistencia del club. De hecho, en el escrito de defensa se apunta expresamente que esa prueba documental "se solicita con el fin de acreditar que el pago de las nóminas era de obligado cumplimiento para la subsistencia del club en aquel momento y que constituía una necesidad vital para el club y para su permanencia".

Entre los otros pagos que se detallan en el escrito de defensa correspondientes a los meses que siguieron a la salida de Ez Abde (a la compra por parte de este de su libertad ante LaLiga gracias a un 'préstamo' del Barça), tenemos en octubre de 2021 el del IVA del tercer trimestre por importe de 51.931,25 euros, así como el pago del IRPF del tercer trimestre por importe de 86.171,19 euros (modelo 303 y 111 respectivamente), Tesorería General de la Seguridad Social por 39.187,45, Seguros Sociales por 54.728,65  e IAE  por 6.952,50. En noviembre de 2021, el de los Seguros Sociales por 47.096,47 euros y otros 38.550,13 por crédito ordinario de la AEAT. En diciembre de 2021, además del anteriormente mencionado pago al fisco de 480.000 euros a cuenta de la deuda histórica, se realizan otros dos a la Seguridad Social por 8.393,30 y 38.720,55 euros. En enero de 2022, se atendió el pago a la AEAT del modelo 111 correspondiente al cuarto trimestre por un importe de 92.906,76 euros, así como otro pago a la Tesorería General de la Seguridad Social por 1.355,54 y los Seguros Sociales por importe de 50.690,16 euros, además del IVA del cuarto trimestre de 2021 por 21.139,22. En febrero de 2022, se atendieron las nóminas por importe de 121.000 euros y los Seguros Sociales por importe de 50.655,54.  En marzo de 2022, además de las nóminas se pagaron a la Tesorería General de la Seguridad Social  51.499,13 euros. Y en abril, por medio de una remesa de cheques por 82.272,33 euros y un ingreso de efectivo de 119.928,34, el pago de parte de las nóminas de la plantilla.

La defensa de Parodi insiste en su escrito, como ya ha mantenido durante toda la instrucción, que en su defendido ha habido siempre voluntad de solucionar el tema de la deuda histórica con la Agencia Tributaria, al tiempo que pone de manifiesto el abono por él y el resto de investigados a aquella de 1.520.000 euros más los intereses desde la salida de Ez Abde del Hércules: concretamente se pagaron 1.580.435,62 euros (intereses incluidos), suma que  como los lectores de Alicante Plaza conocen se corresponde con la diferencia entre los 2.000.000 que ingresó la Fundación por el pago de la cláusula de rescisión del futbolista y los mencionados 480.000 que abonó a Hacienda el Hércules en diciembre de 2021:

"1.229.301,45 euros pagados por la Fundación lo que es extensible a sus patronos, mediante pago de carta de pago emitida en su día por la AEAT a la Fundación en el expediente de derivación. 351.134,17 € pagados por el Hércules lo que es extensible a su presidente, mi representado. De ese importe 60.435,62 euros se corresponden a intereses calculados desde la fecha del endoso hasta la fecha de pago, y los restantes 290.698,55 se corresponden con el resto de principal hasta cubrir el millón quinientos veinte mil euros. Todo ello hace un total recibido por la AEAT de 1.580.435,62 euros a 22 de septiembre de 2022. Dado que con ese pago total se cubrió de forma completa la responsabilidad civil asociada a esta investigación judicial (incluso los intereses) es necesario remarcar y hacer constar que este pago" amplía el escrito de defensa,  explicando que con el mismo se cubre "la responsabilidad civil asociada a esta investigación judicial", pero puntualizando que "en ningún caso ha de ser interpretado como un reconocimiento de responsabilidad penal sino como una muestra más de que ninguno de los investigados ha pretendido o pretende eludir pagos a los acreedores del HCF, tampoco a la AEAT".

Escritos de acusación y posibilidad de una sentencia de conformidad

El pasado mes de septiembre, María Luis Carrascosa, la magistrada encargada de la instrucción del bautizado como 'caso Abde' dio por concluida la misma con el correspondiente auto de apertura de juicio oral. Lo anterior conlleva que el Hércules, su Fundación, Carlos Parodi, Valentín Botella, José León y José María Caruana se sentarán en el banquillo para ser juzgados por un delito de frustración en la ejecución-alzamiento de bienes (artículos 258 y 257 del Código Penal). 

Antes había emplazado a las acusaciones (el Ministerio Fiscal como acusación pública, la Agencia Tributaria como acusación particular y la Asociación Herculanos como popular en su momento) a que dieran traslado de sus correspondientes escritos de acusación: Fiscalía y Hacienda consideran a los procesados culpables de un delito de alzamiento de bienes agravado (al tratarse de deudas de derecho público y cuantía elevada) con la concurrencia de atenuante de reparación del daño, reclamando para Carlos Parodi una pena de tres años de prisión y multa; para Valentín Botella y José León dos años y medio de prisión y multa; y para las personas jurídicas, el Hércules y su Fundación, sendas multas. La Asociación Herculanos, por su parte, también califica los hechos como frustración en la ejecución, pero no considera que concurra la atenuante de reparación del daño. Además, no hace distingos respecto a la pena a imponer a Parodi, Botella y León por la presunta comisión del citado delito, solicitando cuatro años de prisión para cada uno de ellos. Respecto al patrono José María Caruana, Fiscalía y acusación popular solicitan el sobreseimiento, pero no así la Agencia Tributaria, de ahí que finamente tendrá que acompañarlos en el banquillo.

El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Alicante (esta ya desestimó los recursos de las defensas contra el auto de apertura de procedimiento abreviado y también de la acusación popular que pedía que se enjuiciara también la práctica de los 'autocheques'). Para el señalamiento del mismo tendremos aún que esperar varios meses y más todavía para la celebración.

Al poder ser las penas inferiores a dos años y suspendibles si los condenados carecen de antecedentes penales, se abre la puerta a un acuerdo de conformidad: a una sentencia (condenatoria) de conformidad, que permitiría a los condenados (a las personas físicas) evitar el ingreso en prisión (asumiendo la obligación de pagar las responsabilidades civiles como condición de la suspensión) junto a la más que presumible aplicación de la mencionada atenuante de reparación del daño, merced al citado pago 1.580.435,62 euros.