ALICANTE. La polémica arrecia frente a la prestación del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales de Alicante. No solo por la puesta en marcha de la comisión específica para la fiscalización y control del cumplimiento del contrato, en manos de la alianza de empresas compuesta por Clece y Fissa (UTE Limpal). También a partir del goteo de quejas formuladas desde los propios centros educativos.
Fuentes consultadas por Alicante Plaza precisaron que una de las últimas denuncias de las que se ha dado traslado a las concejalías de Infraestructuras y Educación -las dos que comparten algún tipo de responsabilidad sobre el servicio- procede del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Rabasa.
Se trata de una comunicación registrada por la Asociación de Madres y Padres (AMPA) el pasado 15 de enero en la que se pone de manifiesto que, desde el comienzo del actual curso escolar (2019-2020) no se estaría realizando el servicio de limpieza en los baños del centro entre las 11:00 y 12:00 horas que sí se prestaba con anterioridad y que, según el AMPA, queda reflejado en el pliego de condiciones del servicio.
De acuerdo con ese escrito, esa labor se estaría limitando a la limpieza que se presta al final de la jornada escolar, lo que, a juicio del AMPA, supone "jugar" con la salud de los alumnos y del personal docente por una "continua no realización" y una "evidente no revisión del cumplimiento de este servicio".
Según las mismas fuentes, la queja procedente del CEIP Rabasa es una más de las que se vienen registrando de manera periódica desde otros centros educativos. Además, los directores de 34 centros de Educación Primaria de Alicante también habrían registrado un escrito de apoyo a la inspectora municipal que se encargaba de supervisar la prestación del servicio en los colegios hasta el pasado mes de diciembre, cuando fue apartada de esa responsabilidad para pasar a ejercer otras funciones en la Concejalía de Fiestas, como informó este diario.
Se trata de un escrito firmado por María Luisa Nogueroles como representante de esos 34 centros en el Consejo Escolar Municipal en el que se destaca "el gran trabajo realizado" por la inspectora trasladada a otra concejalía y en el que se reconoce "el apoyo incondicional por su parte tanto a nosotros como a nuestros conserjes", así como por “las visitas que hemos realizado a todos nuestros centros todas las veces que la hemos llamado". En esta línea, el escrito expresa "nuestro más sincero agradecimiento a su labor durante estos años". Como también informó este diario, dicha trabajadora municipal ha acordado interponer un contencioso frente a la decisión de su traslado.
Entre tanto, el grupo municipal socialista, a través de su edil Llanos Cano, ha presentado ya la propuesta de plan de trabajo que todos los grupos políticos acordaron registrar durante la primera reunión de la comisión de control del cumplimiento del contrato, el pasado viernes. En esa primera propuesta, se plantea que la comisión se reúna cada 15 días y que sus trabajos se terminen antes del 30 de julio de este año, salvo que se acuerdo una ampliación de ese plazo por el tiempo que se considere necesario.
Además, reclama que, en la primera fase de esos trabajos, se facilite a todos los representantes de la comisión copia de la documentación "íntegra" que figura en el expediente por lo que respecta a las incidencias detectadas en la ejecución del contrato durante los años 2018 y 2019; las denuncias y reclamaciones presentadas por los trabajadores de la empresa concesionaria y por los centros escolares; todos los informes elaborados por los responsables del contrato; copia de las actas levantadas por los inspectores municipales; la relación del personal adscrito al servicio; copia del control presencial del personal de la contrata; copia de los controles de limpieza y calidad y, por último, copia de las certificaciones mensuales de pago.
Al mismo tiempo, plantea que se procure la comparecencia de los responsables del contrato, de los inspectores, del jefe de servicio de la UTE concesionaria; del gerente de la UTE, del encargado general de colegios de la UTE, así como la del encargado general de la UTE.
Según la propuesta del PSPV-PSOE, una vez finalizadas las comparecencias, los grupos políticos municipales dispondrán de un plazo de siete días para remitir su informe final de conclusiones que servirá para elaborar un documento de síntesis general a modo de informe final de la comisión. Dicho informe se elevará a pleno para su aprobación definitiva.
