ELCHE. La confluencia de Unidas por Elche presentó este fin de semana su "plan para el Trabajo Digno dirigido a recuperar los derechos laborales y reducir la precariedad laboral para la dignificación de la vida y la mejora económica de la población ilicitana". Se hizo en la Plaza de las Aparadoras donde intervinieron José Durá Vilella, más conocido como Vilella, "abogado laboralista ilicitano de reconocido prestigio", Isabel Matute presidenta de la Asociación de Aparadoras y Trabajadoras del Calzado de Elche, Paola Sánchez, trabajadora de Pimesa desde hace más de diecisiete años y Beatriu Cardona, portavoz de la Intersindical Valenciana y Jordi Martínez de CCOO.
Moisés García, señaló que es necesario que se establezcan controles para que no se den situaciones de vulneración de derechos laborales en los espacios que ocupa el Ayuntamiento, tanto en sus departamentos como en las empresas públicas, desde donde la candidatura ha recibido varias denuncias con respecto a este hecho.
Proponen la creación de la figura de control del trabajo digno, que sea rotativo e independiente como lo es un interventor. Su función sería solucionar en primera instancia los problemas que las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento, así como los de las empresas públicas que puedan señalar. "Además, siendo el Ayuntamiento responsable subsidiario de las denuncias que reciban las empresas subcontratadas, velará por el cumplimento en ellas de los derechos laborales y la reducción de la precariedad laboral".
Por último, proponen la introducción de una nueva cláusula para la contratación con el Ayuntamiento, que consistirá en no haber recibido sentencia judicial en contra derivadas de denuncias por vulneración de derechos laborales.
Dentro de este plan señalan que es necesario trabajar en estrecha colaboración tanto con la Agencia Tributaria como con la Inspección de Trabajo, y como modelo para la dignificación del trabajo es necesario establecer la "oficina de denuncia anónima municipal de modo que se den garantías para la ciudadanía ilicitana, así como la creación de una unidad de la policía local que detecte actividades donde se precarice el trabajo, dar charlas en institutos con la colaboración con asociaciones de defensa de los derechos laborales y sindicatos, de modo que se amplíe y conciencia sobre la capacidad real de la defensa de nuestros derechos y no se normalice la precarización en la vida diaria".
Por otra parte proponen la remunicipalización de los Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD), "pues la privatización de los SAD ha llevado a una precarización laboral de los empleados, a un sobrecoste para el ayuntamiento por el margen de beneficio de las empresas e impuestos añadidos y a una disminución en la calidad del servicio prestado".
"Trabajaremos por la gestión pública directa de residencias de ancianos, pues permite un mayor control y transparencia en la prestación de los servicios, garantizando que los cuidados y atenciones que se brinden a las personas mayores sean de calidad y adecuados a sus necesidades. Asimismo, esta gestión garantiza que las decisiones se tomen pensando en el interés general y no en el lucro empresarial. Es conocido de sobra los problemas derivados de la gestión privada de la residencia de Altabix y las denuncias realizadas por el Síndic de Greuges".
Por último señalan que implantarán la figura de la Persona Profesional de Asistencia Terapéutica Infantil (PATI) y la Persona Profesional de Asistencia Personal (PAP) en el ámbito municipal, pues es fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad. Y dentro del parque municipal como alternativa a la residencia institucional, viviendas de aprendizaje para una vida independiente para personas mayores y/o con discapacidad que necesiten apoyo para llevar una vida autónoma. Estos pisos, financiados por el ayuntamiento y gestionados por entidades sin ánimo de lucro, estarían diseñados para ofrecer un ambiente hogareño en el que los residentes puedan vivir de forma independiente, pero con acceso a los apoyos y recursos necesarios para llevar una vida plena.
Las viviendas estarían equipadas con tecnología de teleasistencia, y se proporciona asistencia personalizada, como ayuda en la gestión de medicamentos y en las tareas diarias. Además, se ofrecerían programas de formación y capacitación para fomentar habilidades de vida independiente, como la preparación de comidas, la limpieza y el mantenimiento del hogar, el manejo del dinero y la resolución de problemas cotidianos.