El constructor ilicitano Ramón Salvador.ALICANTE. El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial que juzgará la rama del caso Brugal sobre el supuesto amaño del Plan General de Alicante en favor de Enrique Ortiz acepta el pacto de conformidad alcanzado entre la Fiscalía y las acusaciones ejercidas por el Ayuntamiento de Alicante y Esquerra Unida con el promotor ilicitano Ramón Salvador, por el que el empresario asume una condena de tres meses de prisión como responsable de un delito de corrupción de autoridades o funcionarios públicos. Dicha pena quedará en suspenso durante un plazo de dos años tras el pago de una multa de 14.500 euros más intereses legales.
Eso sí, la aceptación de ese acuerdo se produce a través de una providencia, sin que se haya dictado una sentencia condenatoria solo para Salvador. El tribunal (compuesto por las magistradas Cristina Costa, Margarita Esquivá y Monserrat Navarro) ha abogado por descartar la posible formulación de una resolución parcial, de modo que difiere el dictado de la sentencia para Salvador hasta la conclusión del juicio, en el momento en el que se emita el fallo para el resto de los nueve procesados. Entre ellos, figuran los exalcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, al margen de Ortiz. A efectos prácticos, la decisión de aplazar la sentencia parcial implicaría que Salvador sí tendrá que comparecer ante la sala durante celebración del proceso, según fuentes jurídicas consultadas.
Como informó Alicante Plaza, el juicio arrancará el próximo 30 de junio con una primera sesión para el planteamiento de las cuestiones previas a la que le seguirá una segunda jornada, el día 7 de julio, para su previsible resolución. Después, el proceso se reanudará el 23 de septiembre hasta su finalización, prevista para el 12 de noviembre.
La decisión del tribunal supone, de facto, el rechazo del escrito de oposición presentado por la defensa de los titulares del bufete Salvetti Abogados, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa, Sonia Castedo), frente al pacto de conformidad suscrito por Salvador. En concreto, como informó este diario, en ese escrito se negaba la validez de un acuerdo parcial, sin que se hubiese negociado una posible conformidad con el conjunto de los procesados.
¿En qué consiste en concreto esa conformidad? En virtud del acuerdo, firmado el pasado viernes día 7, Salvador acepta que pagó 100.000 euros más IVA (116.000 euros en total) al despacho Salvetti Abogados, gestionado por Gutiérrez y Castedo, para que tramitasen una alegación a la propuesta de Plan General de Alicante presentada por el arquitecto Jesús Quesada en 2008 con el propósito de que unos terrenos de su propiedad, situados en el Pla de Xirau (al norte del término municipal), que habían quedado desclasificados en esa versión provisional del documento, volviesen a a considerarse como urbanizables.
Según se recoge en el pacto de conformidad, la alegación quedó estimada y los terrenos de Salvador volvieron a considerarse como suelo urbanizable, después de que, en 2009, el promotor efectuase dos ingresos de 58.000 euros cada uno (un total de 116.000) a Salvetti Abogados, a través de las sociedades Residencia Mira Llevant y Artunduaga Gestión Urbanística, de las que Salvador era administrador único.
En definitiva, con esa conformidad, Salvador habría confirmado que pagó para lograr la recalificación de sus terrenos en el futuro planeamiento, a través de las alegaciones presentadas por el despacho Salvetti Abogados, lo que ofrece a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones ejercidas por el Ayuntamiento de Alicante y por Esquerra Unida una baza fundamental ante la celebración del juicio a la hora de tratar de demostrar el presunto amaño del Plan General a cambio de dádivas.
