Los abogados José Luis Castedo y Javier Gutiérrez, en una comparecencia en el Palacio de Justicia de Benalúa, de archivo. Foto: EFE / MORELLALICANTE. El acuerdo de conformidad alcanzado por el promotor ilicitano Ramón Salvador en la pieza del caso Brugal sobre el supuesto amaño del Plan General de Alicante en favor del constructor Enrique Ortiz ha levantado ampollas entre el resto de los procesados. Cuando menos, la defensa de los titulares del bufete Salvetti Abogados, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa, Sonia Castedo), ha registrado un escrito de oposición ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia que juzgará los hechos en el que rechaza la validez de ese acuerdo, suscrito el pasado viernes 7 de febrero.
En ese escrito se alega que en ningún caso podría estimarse un acuerdo de conformidad parcial solo para uno de los nueve investigados. Es decir, que un acuerdo de conformidad solo sería posible si se negocia y se pacta con el conjunto de los acusados.
En concreto, en dicho acuerdo, el promotor ilicitano acepta tres meses de cárcel como autor de un delito de corrupción de autoridad o funcionario público al admitir que pagó 100.000 euros más IVA al despacho Salvetti Abogados para lograr la recalificación de unos terrenos de su propiedad, situados en el Pla de Xirau, al norte del término municipal de Alicante.
Según el acuerdo suscrito con la Fiscalía Anticorrupción y con las acusaciones ejercidas por el Ayuntamiento de Alicante y por Esquerra Unida (EU), el abono de esa cantidad posibilitó que Salvetti Abogados presentase una alegación frente a la propuesta de Plan General trazada por el arquitecto Jesús Quesada en la que los terrenos de Salvador quedaban desclasificados. Tras esa alegación, los terrenos volvieron a tener la consideración de suelo urbanizable.
El acuerdo, que podría quedar aceptado por el tribunal en breve, permitiría que Salvador cumpliese una condena de tres años de prisión a sustituir por el pago de una multa de 14.500 euros, más los intereses legales. Se da la circunstancia de que dicha pena (tres meses de privación de libertad) se ajusta a la solicitud planteada inicialmente por Anticorrupción para el promotor. No obstante, tanto el Ayuntamiento de Alicante como EU elevaban la petición de condena para Salvador hasta los 4 años de prisión.
En esta línea, el escrito de oposición formulado por la defensa de Gutiérrez y Castedo también abunda en el carácter anómalo del acuerdo de conformidad en relación a la pena establecida. No solo por el hecho de que Salvador acepte la comisión de un delito a cambio de la misma condena a la que se exponía de partida, sino también por la incoherencia en la acusación de la Fiscalía que se advierte en la diferencia de trato que se les concede a ellos (Gutiérrez y Castedo) por su supuesta implicación en los mismos hechos.
Las defensas de Alperi y Ortiz piden alterar el orden de las declaraciones en el juicio para que los acusados comparezcan después de los testigos y los peritos
Así, la representación legal de los titulares de Salvetti Abogados incide en que Anticorrupción les expone a penas muy diferentes al solicitar que se les condene a diez años de prisión como presuntos responsables de los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho por ser supuestos receptores de esos pagos por la tramitación de alegaciones al PGOU. Por su parte, el representante legal del Ayuntamiento de Alicante solicita para ambos penas de 4 años de prisión. Y EU, por último, eleva la petición a 8 años de privación de libertad.
Lo cierto es que la conformidad de Salvador compromete de manera directa a Gutiérrez y Castedo como receptores de esas supuestas dádivas a cambio de recalificaciones. No obstante, también afectaría a los políticos enjuiciados, los exalcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, a quienes los investigadores consideran parte del entramado para la tramitación y estimación de las alegaciones al nuevo planeamiento urbanístico.
Por lo pronto, al margen de la controversia sobre el acuerdo de conformidad de Salvador, la defensa del exalcalde Luis Díaz Alperi también ha planteado una solicitud distinta ante el tribunal, en la que pide un cambio en el calendario de declaraciones del procedimiento. Según fuentes consultadas, plantea que se posponga la declaración de los nueve acusados hasta que se produzcan las comparecencias de los los testigos y los peritos. A esa petición se habría adherido también la representación legal del constructor Enrique Ortiz. El tribunal todavía no se ha pronunciado al respecto.
