Agentes de la Policía Autonómica en una operación contra la economía sumergida, en 2021. Foto: APALICANTE. Este domingo, tras dos años de pandemia, las manifestaciones del 1 de Mayo recorrerán de nuevo las calles para conmemorar el Día Internacional del Trabajo y reivindicar mejoras para los trabajadores. En Alicante, y pese a que en los últimos meses se han logrado victorias como la subida del SMI, la reforma laboral que pone coto a la temporalidad y la reforma de las pensiones, UGT y CCOO consideran que hay que reivindicar, más si cabe, que en otras provincias. Fundamentalmente, por lo que han denominado "la anomalía alicantina".
Los sindicatos alertan de que la economía sumergida, aquella que no se declara y que en ocasiones supone que el trabajador ni siquiera esté dado de alta (y por tanto asegurado), supera ampliamente en Alicante la media estatal. Una apreciación para la que se basan en los datos de los informes que periódicamente elabora el sindicato de inspectores de Hacienda, Gestha (y que cifran el fraude en la provincia en el 28% del PIB, más de tres puntos por encima de la media estatal), y en las averiguaciones que han ido realizando con su participación en el Observatorio contra el fraude.
No es que en Alicante la economía sumergida sea mayor que en el resto del país, es que según UGT y CCOO hay algunos sectores en los que llega a alcanzar el 30% de la economía oficial. Es decir, por cada tres euros que se mueven en 'A', hay uno más que circula en 'B': en facturas sin IVA, en talleres ilegales, en empleos no declarados o que declaran menos horas de las reales... Dos sectores son los que tienen las bolsas más grandes de economía irregular, la hostelería y la industria tradicional manufacturera, aunque el secretario general de CCOO-PV en l'Alacantí y les Marines, Paco García, pidió "no estigmatizar a ningún sector".
"Hemos visto que la mínima actividad programada" en cuanto a inspecciones "sí da resultado", indicó García, quien citó tres 'luces rojas' que deben alertar de la posible existencia de economía irregular: la temporalidad y la parcialidad en la contratación, así como que empresas presentes en muchas provincias declaren una actividad y facturación muy inferior en Alicante a la de otras zonas. "Llevamos muchos años reclamando que se ponga coto a la economía sumergida porque pone el foco en los más vulnerables, en los que no pueden rechazar un trabajo precario".
Algunas maneras de proceder en este tipo de economía son el descenso de las altas a la Seguridad Social, que se ha detectado en el citado Observatorio, y también que las jornadas de trabajo que se declaran no recogen todo el tiempo efectivo de trabajo (por ejemplo, contratos a media jornada que encubren jornadas completas). "Hay que exigir a las empresas que cumplan", señaló Yaissel Sánchez, secretaria general de UGT-PV en l'Alacantí y les Marines, porque "no solo afecta a los trabajadores, supone una competencia desleal con las empresas que lo hacen bien".
Un ejemplo, a juicio de los sindicatos, de que la economía sumergida es mucho más importante en Alicante que en otras provincias, es que ahora mismo el Fogasa tiene abiertos 1.300 expedientes, mientras que en València, con más población y más empresas, son solo 1.100. "El Observatorio contra el Fraude a la Seguridad Social se está volcando con estudios para identificar las causas de este problema endémico". Y para ponerle coto, UGT y CCOO piden "un plan de choque" de una Inspección "infradimensionada", para que durante dos años trate a Alicante de forma singularizada y aflore ese 30% de economía irregular.
