Operación policial contra un taller clandestino, en una imagen de archivoALICANTE. Por cada tres euros que cambian de manos en la economía 'oficial' de la provincia de Alicante, hay uno más que circula ajena a los canales que controla la Agencia Tributaria. Esa es la estimación que realiza el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, que celebró este jueves en Alicante su congreso nacional, y que cifra en el 28% del PIB provincial el volumen que supone la economía sumergida alicantina.
Es decir, dado que el PIB de Alicante en 2015 (el último dato publicado) asciende a 32.000 millones de euros, se puede concluir que hay otros casi 9.000 millones (concretamente, 8.960) que circulan sin control bien en talleres ilegales, bien en facturas sin IVA, o en empleos no declarados por toda la provincia. El dato relativo de Alicante en sensiblemente superior a la media estatal, según Gestha, que está estimada en el 24,6% del PIB español. Casi 3,5 décimas más.
Alicante es también la provincia de la Comunitat Valenciana donde más peso tiene la economía sumergida. La media autonómica se sitúa en el 26%, ya por encima de la nacional, pero dos puntos por debajo de la provincial. La economía sumergida en la provincia de Valencia equivale al 25% de su PIB, y la de Castellón es del 26,5%. La mayor presencia de esta práctica en la provincia se explica por su recurso habitual en los sectores de la manufactura tradicional, especialmente en el calzado, y por el gran peso del sector hostelero en la economía provincial.
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), más de 100.000 alicantinos reconocen que trabajan sin cotizar a la Seguridad Social; una práctica que históricamente se ha aceptado en la provincia de Alicante con mayor naturalidad que en el resto, y que aumentó con la crisis económica. Camareros, aparadoras de calzado, recolectores de fruta o trabajos manufactureros en casa o en pequeños talleres son algunos de los trabajos que predominan en la economía sumergida, según la EPA. Los sindicatos apuntan a la hostelería, la agricultura y el calzado como los principales focos del fraude.
La Inspección de Trabajo afloró el año pasado 11.000 empleos irregulares en toda la Comunitat Valenciana, según los datos de la Delegación del Gobierno, en el marco del Plan de Lucha contra el Fraude activado hace tres años. Gracias a estas inspecciones, la Seguridad Social 'recaudó' 37.853.041 euros en la provincia de cuotas impagadas, que entraron en las arcas públicas. Asimismo, se transformaron en indefinidos 2.112 contratos temporales, según la Delegación.
El Consell había puesto en marcha un plan de actuación para que los 500 efectivos de la Policía Autonómica puedan desarrollar actuaciones contra los talleres ilegales sin necesidad de ir acompañados de un inspector de Trabajo. Sin embargo, la negociación con el Gobierno central se quedó atascada a finales del año pasado, y los agentes del CNP adscritos a la Generalitat siguen teniendo limitadas sus facultades para actuar contra este tipo de prácticas.
El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, señaló este jueves que "la economía sumergida se ha utilizado incluso por la clase política, con la excusa de que a pesar de sus rasgos negativos es un 'colchón', que está ayudando a algunas familias que no tienen otros ingresos". Sin embargo, avisa de que "mantener este nivel de economía sumergida es un error, porque supone una competencia desleal para las empresas y autónomos que sí pagan sus impuestos, y un riesgo para las personas que no van a tener pensión en el futuro, ni las prestaciones sociales por su afiliación a la Seguridad Social". Sin contar la "falta ingresos públicos" por estas actividades no declaradas.
La Comunitat Valenciana, con un volumen de economía sumergida equivalente al 27% de su PIB (o lo que es lo mismo, unos 28.400 millones de euros), se sitúa tras Extremadura, Andalucía y Canarias como la cuarta región de toda España donde más extendida se encuentra esta práctica en términos relativos, según los datos de Gestha.
