Toni Pérez. Foto: PEPE OLIVARES.BENIDORM. El criminólogo de Benidorm sigue recibiendo varapalos de su propio ayuntamiento en el que tiene plaza. El pasado dos de marzo la Agencia Valenciana Antifraude acordaba aplicar a Justo López, funcionario en cuestión, el estatuto de persona denunciante. Con esto, lo que tratan es de "proteger" de alguna manera la labor del empleado en el Consistorio tras haber denunciado prácticas ilegales en el Ayuntamiento de Benidorm. No obstante, el alcalde Toni Pérez, vía decreto, ha pedido la nulidad de dicho acuerdo.
Es más, el primer edil ha puesto en conocimiento su solicitud a la Fiscalía de Benidorm, como así refleja el escrito al que ha tenido acceso este diario. Hay que tener en cuenta que por esta misma vía, suspendieron por tres años de empleo y sueldo al criminólogo después de haber abierto un expediente por diferentes motivos, en el que sólo sigue adelante el relativo a no haber acudido a una reunión. Algo que él mismo justificó alegando que tenía labores que atender en su departamento.
La intención es que el denunciante no sufra represalias por haber denunciado supuestas ilegalidades. De esta manera, algunos funcionarios podrían haberse beneficiado de la situación de vulnerabilidad de las personas que estaban dentro de los programas de trabajos a la comunidad, vinculados a instituciones penitenciarias. Supuestamente, algunos empleados públicos les habrían sobornado.
El criminólogo era responsable en ese momento del programa de penados, y tras aquella denuncia, decidió desvincularse de las dependencias en las que denunció estos supuestos abusos e irregularidades. Este caso sigue su procedimiento en los juzgados de Benidorm.
A efectos prácticos, la decisión de la Agencia Valenciana Antifraude significa que todos los actos referidos al trabajador y que puedan poner en peligro su labor diaria, tienen que ser comunicados a esta entidad.
La decisión de la Agencia Valenicana Antifraude no ha dejado satisfecho al Ayuntamiento. Así, en su escrito en el que pide la nulidad de dicho acuerdo, reclaman que dejen sin efecto dicho mandato hasta que se resuelva la solicitud para que se declare nula, para lo cual dan un plazo de un mes. Es decir, no acatan la decisión en la que amparan al propio empleado público.
Por último, piden que emitan otro "adaptado a la legislación vigente con la audiencia de esta corporación" en lo que aducen que tiene "autonomía para la gestión de sus intereses".
Justo López estuvo seis meses fuera de su puesto de trabajo y sin cobrar salario, es decir, desde el decreto de Alcaldía que dictaminó su suspensión hasta que el juez levantó la decisión hasta que se celebre el juicio.
