El SPPLB pide la investigación de cuatro funcionarios por el caso de los contratos en Benidorm

BENIDORM. El Sindicato de Policías y Bomberos de Benidorm sigue su lucha que mantiene con las contrataciones de la época del socialista Agustín Navarro como alcalde de Benidorm. Los demandantes han ampliado la denuncia y han pedido ahora la investigación de cuatro funcionarios del departamento de Recursos Humanos, tal y como ha podido comprobar este diario en la denuncia registrada hace una semana y a la que ha tenido acceso este diario. 

Se trata del mismo procedimiento que realizó el sindicato a finales del año pasado, cuando pidieron la imputación de la concejal de Hacienda en aquel momento, Natalia Guijarro. Y finalmente el juez terminó llamándola a declarar en calidad de imputada, declaración por otra parte que se pospuso.

En esta causa, el juzgado también investiga al exalcalde Agustín Navarro, el exconcejal de Recursos Humanos Juan Ramón Martínez, la exjefa de Personal y el excoordinador de Recursos Humanos, cuyo puesto denunciaron pero la justicia terminó avalando. El juez, nuevo en la causa después de numerosos cambios, investiga la comisión de posibles delitos continuados de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Como se decía, los hechos se remontan a 2010, y pone en el punto de mira 130 contratos temporales del Ayuntamiento de ese año, como así denunciaron en 2013 desde el sindicato. Al parecer, 43 de esos empleados tendría vinculación con el PSOE local. Hay que tener en cuenta que tenían prohibido incrementar el personal para reducir la deuda que asfixiaba a las arcas municipales. 

Pero eso no es todo, sino que también tienen el foco los pluses, ascensos y complementos que se otorgaron supuestamente a empleados públicos afines a los socialistas. Con todo, esto podría haber supuesto un desfase económico de 4,5 millones de euros en el capítulo de Personal y contó con los reparos del departamento de Intervención, que fueron levantados por el entonces alcalde.

Es más, los demandantes incluso tildan la práctica de contrataciones de que podría ser una organización "criminal al menos en varios de los investigados hasta la fecha, que de forma deliberada y premeditada se organizaron para que después de la moción de censura, conseguir trabajo e ingresos dentro del Ayuntamiento a amigos, familiares, afines al PSOE y Sindicatos como UGT y CCOO del Consistorio, junto con considerables aumentos en sus retribuciones a través de subidas en sus complementos específicos o siendo beneficiados con complementos de productividad desorbitados", reza el escrito de demanda. 

El sindicato sigue su razonamiento ya que entienden que "era imprescindible la colaboración de varios funcionarios del Ayuntamiento que cooperaran y colaboraran o bien con sus firmas, o bien con las coberturas de sus informes jurídicos y técnicos, o bien, simplemente con mirar a otro lado obviando los trámites esenciales necesarios ( NO se informaba, ni se denunciaba a pesar de estar viéndolo) e incluso participaron de forma activa, para que, en el periodo de crisis más importante de la reciente historia española, con restricciones a los presupuestos por ley, se malversaran varios millones de euros del erario público, con el fin de pagar favores y beneficiar a familiares, amigos, compañeros de partido y de sindicatos".

Además, piden "previo informe del Ministerio Fiscal, y en base a la denuncia inicial y posteriores ampliaciones de la acusación particular, la posibilidad de citación para investigación de todos aquellas personas que, a su juicio, pudieran ser responsables de los hechos denunciados".

Por último, solicitan una serie de informes y documentación que aún no les ha sido facilitada sobre las contrataciones que están bajo investigación judicial.