ELCHE. El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, interpuso una demanda en los juzgados de los social de Elche contra la Dirección General de la Policía por el incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, al no dotar a los policías nacionales de Alicante de los medios materiales de protección necesarios para acometer las funciones que tienen encomendadas.
La organización sindical, según ha explicado el secretario provincial de Jupol en Alicante, David García, basa su demanda en la propia normativa interna de la Dirección General de la Policía en la que se reconoce la necesidad de dotar de este tipo de material de protección a los agentes operativos de la Policía Nacional. "Una norma que sistemáticamente viene incumpliendo la DGP, llegando a dejar sin chaleco antibalas de dotación a un agente durante más de 20 años", denuncian.
Incumplimiento de normativa de Riesgos Laborales
Además, es una situación que aseveran se incumple de manera clara el RD 2/2006 de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, que en su artículo 3 sobre los Derechos a la protección frente a los riesgos laborales establece que:
1. Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
2. La Administración del Estado adoptará las medidas necesarias orientadas a garantizar la seguridad y salud de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en
todos los aspectos relacionados con el desarrollo de las actividades profesionales, dentro de las peculiaridades que comporta la función policial.
Asimismo, en su artículo 6 de los Equipos de trabajo dice que:
1. La Administración adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo sean adecuados para las tareas previstas y, a su vez, para que garanticen la seguridad y salud de los funcionarios y personal que los utiliza. Se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica y se tendrán en cuenta las recomendaciones técnico-científicas existentes en su caso para el manejo de dichos medios.
2. La Administración proporcionará a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velará por su uso efectivo y correcto de los mismos".
Durante la declaración de este miércoles, el que fuera jefe de la División Económica y Técnica de la Policía Nacional, Julio Casal, ha reconocido la ausencia de chalecos antibalas para los agentes de la Policía Nacional de Alicante y ha indicado que "la DGP les iba
entregando según iba disponiendo de ellos".
Unas declaraciones que aseguran "demuestran la veracidad de la denuncia realizada por el sindicato, en la que se demuestra que incluso a día de hoy hay cientos de agentes sin chaleco antibalas en la provincia de Alicante".
"Un policía, un chaleco"
Jupol en su demanda solicita que "el Juzgado obligue a la Dirección General de la Policía a facilitar los chalecos antibalas a los agentes y a su vez, que abone una indemnización de entre 20.000 y 40.000 euros a los agentes que han estado sufriendo un grave riesgo por no disponer de este material de protección tan necesario e imprescindible".
Por su parte, el secretario general de Jupol, Aarón Rivero ha indicado que "a día de hoy todavía hay 500 agentes de la Policía nacional en la provincia de Alicante que carecen de chaleco antibalas de dotación, y muchos más a lo largo de toda la geografía española, lo que supone un grave riesgo para su seguridad" y ha añadido que la demanda de del sindicato en este sentido es clara y justa "Un policía, un chaleco".
Rivero ha aseverado que "la seguridad y garantizar la integridad física de los policías es parte esencial del trabajo del Ministerio del Interior, por lo que el no disponer de los equipos básicos de seguridad o contar con equipos inadecuados, afectados por el deterioro o por el desgaste derivado del uso, repercuten de forma negativa en el servicio y la imagen corporativa y de seguridad de los agentes y en consecuencia en la seguridad de todos los ciudadanos".
Desde Jupol se ha calificado la actitud de la Dirección General de la Policía en relación a la dotación de chalecos antibalas como una vulneración de los derechos fundamentales en concurrencia con el incumplimiento de la normativa de prevención y riesgos laborales contraria a los principios de dignidad, seguridad, salud y protección laboral, vulnerando los derechos inviolables que le son inherentes al desarrollo de la actividad profesional.
"Medidas desesperadas"
Del mismo modo, el sindicato ha denunciado durante el juicio celebrado la actitud de la Dirección General de la Policía que hace unos días se apresuró a realizar un nuevo reparto de chalecos en Elche, únicamente a los agentes que han presentado esta demanda de la mano del sindicato, llegando incluso a entregar el chaleco a una agente de baja en su domicilio a 70 kilómetros de la Comisaría de Elche.
Una acción "claramente encaminada", según el secretario provincial de Jupol en Alicante, a "tratar de tergiversar la situación real de inseguridad por la falta de chalecos que sufren los agentes de la Policía Nacional en Alicante".
No obstante, pese a estos intentos de última hora por parte de la DGP, "a día de hoy hay cerca de 500 agentes en la provincia de Alicante que carecen de un chaleco antibalas de dotación, de los cuales unos 54 agentes ejercen funciones operativas en la localidad ilicitana", recuerdan en un comunicado.
Por estos motivos, desde el sindicato se ha solicitado en esta demanda la reparación de las consecuencias derivadas de la falta de dotación de chalecos antibalas, proporcionando inmediatamente la asignación del referido equipaje, así como de una indemnización por daños y perjuicios y daños morales.
Para el sindicato se observa de forma plausible que la Administración tiene la obligación de dotar a sus agentes de los medios necesarios para el desempeño de sus funciones, por tanto, no dotar de los equipos de trabajo y protección señalados en la Ficha de Puesto de Trabajo conlleva estar incumpliendo la ley de prevención de riesgos laborales y estar poniendo en grave peligro la vida de los agentes.
Una situación por la que desde Jupol se acude a la Justicia ante la reiterada negativa de la Dirección General de la Policía de solventar la situación de riesgo para los agentes y se reclama que se adopten las medidas necesarias para revertir esta situación y dotar de forma inmediata a los policías de los medios necesarios para el desarrollo de sus funciones, así como a la indemnización a los agentes por el riesgo que han venido sufriendo estos años.
